Hoy es un día feliz

La política fiscal en España es un drama injusto y cruel porque los ciudadanos, al no confiar en sus gobernantes, entregan su dinero forzados, bajo coacción y sin esperanza de que sean empleados para beneficio de todos. Si la clase dirigente es corrupta y arbitraria, como ha quedado mas que demostrado por los hechos, entonces entregarles nuestro dinero es un acto forzado que esclaviza y no dignifica.

Los impuestos en España son claramente injustos y desproporcionados, no solo porque sean de los mas elevados de Europa, sino porque su destino no está claro y, dado el alto nivel de corrupción en las altas instancias del Estado, es lógico pensar que los impuestos puedan a ser utilizados sin decencia ni justicia.

En Andalucía, donde los impuestos son un drama porque son abusivos y porque los escándalos corruptos de la Junta indignan a gran parte de la ciudadanía, decenas de miles de familias renuncian a sus herencias porque el impuesto de sucesiones es confiscatorio y brutal. Miles de viviendas pasan a engrosar el patrimonio de la Junta de Andalucía porque los herederos no pueden pagar los impuestos que el gobierno socialista les exige, toda una deleznable injusticia propia de sátrapas antidemocráticos.

El impuesto de sucesiones, como el del Patrimonio, son auténticos robos confiscatorios, ya que tanto uno como el otro gravan bienes y propiedades que han sido adquiridas después de haber pagado los impuestos correspondientes. No son consecuencia de la justicia distributiva, sino frutos de la avaricia y la codicia de los políticos.

Si los impuestos sirvieran para realizar las políticas que los ciudadanos desean y anhelan, entonces bienvenido sea el pago, pero los gobernantes se niegan siempre a cumplir los grandes deseos mayoritarios de la ciudadanía: que los partidos políticos se financien con las cuotas de sus afiliados, no con el dinero de los impuestos; que los ladrones y delincuentes no abandonen la cárcel hasta que devuelvan lo robado; que los miles de políticos que son incapaces de justificar sus abultados patrimonios lo expliquen o sean juzgados por enriquecimiento ilícito; que la Justicia deje de estar controlada por los partidos y que aplique la ley con equidad, que los partidos políticos sean responsables de los robos y delitos que cometen sus altos cargos y militantes, que han sido nombrados por ellos o colocados en las listas electorales; que la duración de los cargos políticos esté limitada a un máximo de dos legislaturas; que el ciudadano recupere el protagonismo que le corresponde en democracia; que se reforme la ley electoral para que cada voto tenga el mismo valor; que se supriman las autonomías, el Senado y los cientos de instituciones y chiringuitos superfluos, creados por los políticos para favorecer a sus familiares, amigos y compañeros de filas; que el Estado adelgace con urgencia y los gobernantes dejen de despilfarrar y de eneudarse como locos, poniendo en peligro el futuro de la nación... y un largo etcétera de demandas y peticiones que el poder, con espíritu antidemocrático y sátrapa, ignora siempre, sin tener en cuenta que el ciudadano es soberano en democracia y que sus deseos deben ser órdenes, siempre que sean baneficiosos para la nación.

La confianza es imprescindible en democracia y España, al padecer una desconfianza grave de los ciudadanos en sus dirigentes políticos, no puede ser considerado un país democrático. Los impuestos que cobra un gobierno que carece de esa legitimidad democrática, aunque haya sido legalmente elegido, son siempre abusivos y ética y democráticamente cuestionables.

Pero yo mañana celebraré con mi familia el fin anual de mi esclavitud fiscal y me sentiré mas ciudadano y libre, al menos en la parte que resta del año fiscal porque, por fin, trabajaré para mi y para mi familia.

Rechazo y abomino de mi condición de esclavo fiscal y reclamo gobiernos justos y democráticos a los que pagar impuestos constituya, como debería ser, un honor ciudadano y un orgullo democrático.

Mañana sentiré el aire fresco de la libertad y la satisfacción del que acaba de salir de un "secuestro" fiscal que dura casi siete meses cada año.