El sucio asunto de las tarjetas negras de Caja Madrid demuestra que los peores delitos y abusos de poder son legales en España y que las peores barbaridades y delitos están tolerados y dentro de la ley.
En sus declaraciones recientes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el exdirector general, Ildefonso Sánchez Barcoj, consideró las tarjetas como “Gastos de representación”, mientras que para Blesa era un “complemento retributivo” y “parte del salario” para Rodrigo Rato. Todos consideraban que esas tarjetas eran algo legal porque eran una tradición y porque tanto Hacienda como el Banco de España y el mismo gobierno conocían su existencia.
Ni el juez Fernando Andreu ni la Fiscalía Anticorrupción consiguieron entender por qué no consta en ninguna declaración ante Hacienda si todo era legal. Nadie entiende tampoco como un instrumento tan sucio y abusivo como esas tarjetas opacas, cuyos gastos eran borrados por la contabilidad de la Caja como pérdidas, podían formar parte de la "costumbre" de una caja de ahorro.
Los expresidentes, a los que el juez ha castigado con fianzas multimillonarias de 16 millones para Miguel Blesa y de 3 para Rodrigo Rato, declararon que desconocían el engranaje legal de las tarjetas black. Entendían que era legal porque nunca fueron alertados de lo contrario. Además, estaba basado en los usos y costumbres de la entidad desde los años 80 (justo cuando los políticos y sindicalistas entraron en las cajas para controlarlas). Al llegar a la presidencia, ninguno se cuestionó los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era una costumbre y se aceptaba como tal. El Banco de España debía saberlo; los auditores debían saberlo. ¿Quién se lo comunicó? Nadie lo sabe, porque su trabajo no era ese.
Es mas que evidente que España necesita decencia, democracia y Justicia, tres valores sin los cuales el país solo es una inmensa cloaca.
En sus declaraciones recientes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el exdirector general, Ildefonso Sánchez Barcoj, consideró las tarjetas como “Gastos de representación”, mientras que para Blesa era un “complemento retributivo” y “parte del salario” para Rodrigo Rato. Todos consideraban que esas tarjetas eran algo legal porque eran una tradición y porque tanto Hacienda como el Banco de España y el mismo gobierno conocían su existencia.
Ni el juez Fernando Andreu ni la Fiscalía Anticorrupción consiguieron entender por qué no consta en ninguna declaración ante Hacienda si todo era legal. Nadie entiende tampoco como un instrumento tan sucio y abusivo como esas tarjetas opacas, cuyos gastos eran borrados por la contabilidad de la Caja como pérdidas, podían formar parte de la "costumbre" de una caja de ahorro.
Los expresidentes, a los que el juez ha castigado con fianzas multimillonarias de 16 millones para Miguel Blesa y de 3 para Rodrigo Rato, declararon que desconocían el engranaje legal de las tarjetas black. Entendían que era legal porque nunca fueron alertados de lo contrario. Además, estaba basado en los usos y costumbres de la entidad desde los años 80 (justo cuando los políticos y sindicalistas entraron en las cajas para controlarlas). Al llegar a la presidencia, ninguno se cuestionó los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era una costumbre y se aceptaba como tal. El Banco de España debía saberlo; los auditores debían saberlo. ¿Quién se lo comunicó? Nadie lo sabe, porque su trabajo no era ese.
Es mas que evidente que España necesita decencia, democracia y Justicia, tres valores sin los cuales el país solo es una inmensa cloaca.
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