Lo que han hecho al unísono Jordi Pujol y Artur Mas no es un "lio" ni un "error", sino puro delito. Promover el odio, romper la convivencia, fracturar España, amparar la corrupción y convertir a Cataluña en un potencial campo de batalla no es nada liviano sino el mayor ataque a la soberanía y a la convivencia perpetrado por políticos españoles en los tiempos modernos.
Pujol ha sido arrogante y descarado ante el Parlamento de Cataluña, compareciendo ante los diputados sin arrepentimiento por sus delitos fiscales, ocultando la verdad sobre la procedencia de los cientos de millones de euros que su familia ha amasado a la sombre del poder, asegurando con cinismo que él no es un corrupto y amenazando a los que se atrevan a romper el silencio cómplice y violen la "omertá", que es la suprema ley de la Mafia.
Por su parte, el presidente Artur Mas ha convocado a sabiendas un referéndum ilegal y ha perpetrado el mayor desafío a la soberanía nacional española en la historia moderna, dividiendo, destruyendo la convivencia y propagando la falsedad de que España roba a Cataluña, cuando en realidad eran los políticos nacionalistas los que cobraban comisiones y acumulaban dinero aprovechándose de su poder y del miedo que lograban imponer en la sociedad catalana.
El tercer protagonista lamentable y dañino para España es el gobierno de Rajoy, cuya torpeza al tratar la disidencia catalana ha servido para alimentar la fractura y convertir el nacionalismo en secesión abierta.
La situación la resume perfectamente el periodista Pablo Sebastian: "no es acertado ni pertinente, ni tampoco lo que esperan oír los españoles, que Mariano Rajoy califique de ‘un lío’ la convocatoria por Artur Mas de un referéndum ilegal para la independencia de Cataluña y que lo haga desde la presidencia de la Generalitat que representa al Estado en esa Comunidad autónoma. Como no es acertado que Soraya Sáenz de Santamaría valore semejante decisión como un ‘error’, por más que añada que la consulta no se va a celebrar".
La única calificación pertinente de lo que hacen Pujol Mas y toda la cúpula nacionalista que sigue sus pasos es la de "Una rebelión delictiva" o, si se prefiere, "Una traición a España".
Muchos españoles piensan que la reciente declaración de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña, cargada de desfachatez, desvergüenza y desafío a la legalidad vigente, unida a la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, firmada por Artur Más el sábado 27 de septiembre, constituyen un desafío tan brutal a la legalidad vigente, a la constitución y a la seguridad de España que reclama medidas urgentes y drásticas, entre ellas que ambos sean juzgados por delitos relacionados con la corrupción, el desacato y la traición.
Don Jordi se comporto como lo que ha sido desde hace décadas: el principal capo de la banda nacionalista-secesionista-comisionista, que ha utilizado su poder para medrar, enriquecerse e imponer a Cataluña un sistema basado en el cobro de comisiones, el tráfico de influencias y la venta de contratos públicos, información de valor y concesiones, mientras que Más, asustado porque sólo puede ya salvarse si se envuelve en la bandera y se convierte en un prócer o en un mártir del catalanismo, se ha lanzado de manera temeraria y suicida a la piscina de la ilegalidad y de la rebelión anticonstitucional.
Las reglas vigentes pueden ser injustas, pero el máximo representante del Estado en Cataluña y los demás altos cargos de la autonomía están obligados a respetar y hacer cumplir la ley, como juran o prometen al asumir sus obligaciones públicas. Al incumplirlas, caen en en una ilegalidad tan flagrante y notoria que merecen ser juzgados.
Es cierto que el gobierno de Rajoy ha dicho que tumbará la consulta y perseguirá a los que la promuevan, pero también es cierto que los ciudadanos están ya cansados de palabras huecas y de impunidades de políticos y quieren ver a los que violan la ley sentados en el banquillo de los acusados, sobre todo si son cargos públicos, miembros de la odiada "casta".
Pujol ha sido arrogante y descarado ante el Parlamento de Cataluña, compareciendo ante los diputados sin arrepentimiento por sus delitos fiscales, ocultando la verdad sobre la procedencia de los cientos de millones de euros que su familia ha amasado a la sombre del poder, asegurando con cinismo que él no es un corrupto y amenazando a los que se atrevan a romper el silencio cómplice y violen la "omertá", que es la suprema ley de la Mafia.
Por su parte, el presidente Artur Mas ha convocado a sabiendas un referéndum ilegal y ha perpetrado el mayor desafío a la soberanía nacional española en la historia moderna, dividiendo, destruyendo la convivencia y propagando la falsedad de que España roba a Cataluña, cuando en realidad eran los políticos nacionalistas los que cobraban comisiones y acumulaban dinero aprovechándose de su poder y del miedo que lograban imponer en la sociedad catalana.
El tercer protagonista lamentable y dañino para España es el gobierno de Rajoy, cuya torpeza al tratar la disidencia catalana ha servido para alimentar la fractura y convertir el nacionalismo en secesión abierta.
La situación la resume perfectamente el periodista Pablo Sebastian: "no es acertado ni pertinente, ni tampoco lo que esperan oír los españoles, que Mariano Rajoy califique de ‘un lío’ la convocatoria por Artur Mas de un referéndum ilegal para la independencia de Cataluña y que lo haga desde la presidencia de la Generalitat que representa al Estado en esa Comunidad autónoma. Como no es acertado que Soraya Sáenz de Santamaría valore semejante decisión como un ‘error’, por más que añada que la consulta no se va a celebrar".
La única calificación pertinente de lo que hacen Pujol Mas y toda la cúpula nacionalista que sigue sus pasos es la de "Una rebelión delictiva" o, si se prefiere, "Una traición a España".
Muchos españoles piensan que la reciente declaración de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña, cargada de desfachatez, desvergüenza y desafío a la legalidad vigente, unida a la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, firmada por Artur Más el sábado 27 de septiembre, constituyen un desafío tan brutal a la legalidad vigente, a la constitución y a la seguridad de España que reclama medidas urgentes y drásticas, entre ellas que ambos sean juzgados por delitos relacionados con la corrupción, el desacato y la traición.
Don Jordi se comporto como lo que ha sido desde hace décadas: el principal capo de la banda nacionalista-secesionista-comisionista, que ha utilizado su poder para medrar, enriquecerse e imponer a Cataluña un sistema basado en el cobro de comisiones, el tráfico de influencias y la venta de contratos públicos, información de valor y concesiones, mientras que Más, asustado porque sólo puede ya salvarse si se envuelve en la bandera y se convierte en un prócer o en un mártir del catalanismo, se ha lanzado de manera temeraria y suicida a la piscina de la ilegalidad y de la rebelión anticonstitucional.
Las reglas vigentes pueden ser injustas, pero el máximo representante del Estado en Cataluña y los demás altos cargos de la autonomía están obligados a respetar y hacer cumplir la ley, como juran o prometen al asumir sus obligaciones públicas. Al incumplirlas, caen en en una ilegalidad tan flagrante y notoria que merecen ser juzgados.
Es cierto que el gobierno de Rajoy ha dicho que tumbará la consulta y perseguirá a los que la promuevan, pero también es cierto que los ciudadanos están ya cansados de palabras huecas y de impunidades de políticos y quieren ver a los que violan la ley sentados en el banquillo de los acusados, sobre todo si son cargos públicos, miembros de la odiada "casta".
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