De todos los dramas que está obligado a sufrir el ciudadano español por culpa de la baja calidad de su clase política, quizás el más insoportable e indecente sea tener que financiar un Estado ineficiente, injusto y corrupto. La realidad hiriente de España está logrando que cada día resulte más penoso pagarle impuestos a un Estado que carece de credibilidad y en el que muchos ciudadanos no confían. El miedo y la indignación ante la sospecha de que el dinero de nuestros impuestos sea gastado con criterios ajenos al bien común o, incluso, a que sea robado por politicastros desalmados no para de crecer.
La Cámara de Cuentas de Andalucía informa que las empresas públicas de Andalucía pierden mucho dinero. En 2009, a pesar de la crisis, fueron de 107 millones, un 21% menos que en el ejercicio anterior, pero recibiendo subvenciones por 1.416 millones, aunque las cuentas son tan opacas que es posible que la cantidad real de pérdidas sea cercana a la que señala el PP, superior a 1.200 millones de euros.
Las pérdidas cuantiosas de las empresas públicas andaluzas son toda una sorpresa para los expertos porque esa empresas suelen ser monopolios camuflados que sirven a mercados cautivos, proporcionados por la misma Administración, una ventaja envidiable que debería asegurarles pingües beneficios.
Son datos sorprendentes y decepcionantes que confirman la sentencia de que el Estado, aunque cuente con todas las ventajas a su favor, es tan ineficiente e ineficaz que todo lo que toca lo estropea y cuando gestiona lo hace mal y con un coste muy superior al de la iniciativa privada.
La clave de las pérdidas está en que esas empresas públicas, que en teoría deberían ser magníficos negocios porque tienen asegurada la demanda, sirven también para hacer favores a los amigos del partidos y de los políticos: contrataciones innecesarias de personal, contratos a dedo y sin justificar, gastos innecesarios y otras muchas indecencias, entre las que destaca pagar facturas de terceros, debidamente camufladas.
La gestión pública es pésima en Andalucía. Una cama en un hospital público andaluz cuesta casi tres veces la de un hospital privado y una plaza escolar pública cuesta el doble que una privada. En el resto de España, la situación es perecida, lo que evidencia que el Estado español es un desastre.
Esos datos, además de demostrar que las administraciones públicas gestionan peor que la iniciativa privada, deberían convencer a los poderes públicos de que subcontratando servicios privados ahorrarían muchos miles de millones a las arcas públicas.
Sin embargo, la tendencia es justo la contraria, al menos en aquellos gobiernos en manos socialistas, cuyo afan de poder y de control les lleva a crear empresas propias antes que a subcontratar servicios que la iniciativa privada prestaría con mayor eficacia y menor coste.
En Andalucía, donde los socialistas mandan ininterrumpidamente, desde hace tres décadas, el sector público no ha parado de crecer y lo ha hecho incluso en tiempo de crisis, hasta el punto de que la Junta de Andalucía no sólo es la primera empresa de la región sino también la que más empleados tiene y la que más dinero gasta. Ahora es también la que peor paga, causando estragos entre muchas empresas pequeñas, algunas de las cuales han tenido que cerrar por falta de fondos.
El sector público andaluz es un monstruo que crece sin parar, hasta conseguir que la presencia de lo público en la sociedad andaluza es agobiante. Para enontrar una sociedad parecida, habría que remontarse al pasado y llegar hasta alguna de las antiguas repúblicas soviéticas o de sus países satélites del Este de Europa, en tiempos de Leónidas Breznev.
La crisis, aunque parezca un sarcasmo, ha traído cierta cordura a Andalucía, donde la Junta, al carecer de dinero, ha tenido que frenar su ritmo de crecimiento alocado y de minado de la economía. El hecho de que los políticos andaluces tengan poco dinero les impide seguir engordando el Estado, al mismo tiempo que ha disminuido el nivel de corrupción.
Hablando claro: en Andalucía, gracias a la crisis, se roba menos desde las administraciones públicas.
La Cámara de Cuentas de Andalucía informa que las empresas públicas de Andalucía pierden mucho dinero. En 2009, a pesar de la crisis, fueron de 107 millones, un 21% menos que en el ejercicio anterior, pero recibiendo subvenciones por 1.416 millones, aunque las cuentas son tan opacas que es posible que la cantidad real de pérdidas sea cercana a la que señala el PP, superior a 1.200 millones de euros.
Las pérdidas cuantiosas de las empresas públicas andaluzas son toda una sorpresa para los expertos porque esa empresas suelen ser monopolios camuflados que sirven a mercados cautivos, proporcionados por la misma Administración, una ventaja envidiable que debería asegurarles pingües beneficios.
Son datos sorprendentes y decepcionantes que confirman la sentencia de que el Estado, aunque cuente con todas las ventajas a su favor, es tan ineficiente e ineficaz que todo lo que toca lo estropea y cuando gestiona lo hace mal y con un coste muy superior al de la iniciativa privada.
La clave de las pérdidas está en que esas empresas públicas, que en teoría deberían ser magníficos negocios porque tienen asegurada la demanda, sirven también para hacer favores a los amigos del partidos y de los políticos: contrataciones innecesarias de personal, contratos a dedo y sin justificar, gastos innecesarios y otras muchas indecencias, entre las que destaca pagar facturas de terceros, debidamente camufladas.
La gestión pública es pésima en Andalucía. Una cama en un hospital público andaluz cuesta casi tres veces la de un hospital privado y una plaza escolar pública cuesta el doble que una privada. En el resto de España, la situación es perecida, lo que evidencia que el Estado español es un desastre.
Esos datos, además de demostrar que las administraciones públicas gestionan peor que la iniciativa privada, deberían convencer a los poderes públicos de que subcontratando servicios privados ahorrarían muchos miles de millones a las arcas públicas.
Sin embargo, la tendencia es justo la contraria, al menos en aquellos gobiernos en manos socialistas, cuyo afan de poder y de control les lleva a crear empresas propias antes que a subcontratar servicios que la iniciativa privada prestaría con mayor eficacia y menor coste.
En Andalucía, donde los socialistas mandan ininterrumpidamente, desde hace tres décadas, el sector público no ha parado de crecer y lo ha hecho incluso en tiempo de crisis, hasta el punto de que la Junta de Andalucía no sólo es la primera empresa de la región sino también la que más empleados tiene y la que más dinero gasta. Ahora es también la que peor paga, causando estragos entre muchas empresas pequeñas, algunas de las cuales han tenido que cerrar por falta de fondos.
El sector público andaluz es un monstruo que crece sin parar, hasta conseguir que la presencia de lo público en la sociedad andaluza es agobiante. Para enontrar una sociedad parecida, habría que remontarse al pasado y llegar hasta alguna de las antiguas repúblicas soviéticas o de sus países satélites del Este de Europa, en tiempos de Leónidas Breznev.
La crisis, aunque parezca un sarcasmo, ha traído cierta cordura a Andalucía, donde la Junta, al carecer de dinero, ha tenido que frenar su ritmo de crecimiento alocado y de minado de la economía. El hecho de que los políticos andaluces tengan poco dinero les impide seguir engordando el Estado, al mismo tiempo que ha disminuido el nivel de corrupción.
Hablando claro: en Andalucía, gracias a la crisis, se roba menos desde las administraciones públicas.
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