La gente concentrada frente al Congreso de los Diputados, con motivo del acto conmemorativo de la Constitución, recibió a Rodríguez Zapatero, con pitos, abucheos y gritos de «fuera, fuera»; ya se viene acostumbrando a que grupos de ciudadanos le muestren su descontento en los actos públicos a los que acude; recuérdese la sonora pitada que recibió el pasado 12 de octubre, en el desfile militar celebrado en Madrid el Día de las Fuerzas Armadas; también los ministros de Fomento, José Blanco, y de Exteriores, Trinidad Jiménez, recibieron su dosis de abucheos y gritos de «¡Fuera, fuera»! al llegar al palacio de la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, Mariano Rajoy fue aplaudido y le gritaron «presidente, presidente».
La principal preocupación que ocupó comentarios en el aniversario de la Constitución fue el caos aéreo provocado por la mala gestión del Gobierno en relación con los controladores y la de estos al abandonar sus puestos de trabajo sin haber convocado antes una huelga legal; en opinión de entendidos en asuntos jurídicos, sobresale la impericia de este Gobierno, no parece muy correcto el aplicar la legislación militar y decretar el Estado de Alarma a este problema. Es cierto que el artículo 8º de la Constitución Española afirma que las Fuerzas Armadas garantizan la estabilidad nacional dentro del propio ordenamiento constitucional, pero un Gobierno tiene otros modos de solucionar conflictos, como este, sin recurrir a instrumentos propios de catástrofes naturales. El Gobierno a través de su ministro de Fomento ha dispuesto de más de un año para haber solventado y regulado el funcionamiento de los aeropuerto y los deberes de los controladores, pero, en su lugar, se ha dedicado a enfrentamientos y diatribas con el estamento de esos trabajadores; en España, como en todo Estado de Derecho con garantías y oportunidades, todo trabajador tiene establecidos sus derechos y obligaciones; no es justo, pues, por resentimiento social que tan vivo se percibe y propagan los socialistas, negarles en función exclusiva de su salario, a unos los derechos que se les reconocen a otros; el ministro de Fomento ha debido fomentar el ordenamiento y reglamento legal y salarial de este colectivo, en lugar de criminalizarlo por lo que cobra. Oiga, ¿por qué no han denigrado y militarizado a los violentos piquetes, mal llamados “informativos” y peor consentidos, allá, en la huelga general y en la del Metro de Madrid?
El mundo moderno con su amplia legislación laboral, no necesita los sindicatos, vestigios del pasado periclitado, ni la huelga tiene ya sentido, porque los trabajadores están amparados por los convenios colectivos y las garantías legales que los protegen; no existe la supremacía de unos derechos que permita pisotear los de los demás, nadie puede saltarse su deberes en pro de unas reivindicaciones que cree y califica de justas, pero perjudican siempre a una gran parte de la población inocente e indefensa. Así pues, debemos decir que la huelga encubierta y no declarada de estos días no se puede admitir por su patente amoralidad, al presentar certificados falsos y por el enorme perjuicio inferido al renombre de la Nación, a su economía y a sus viajeros, que han sido los más lacerados en este nefasto parón aéreo. Es la sociedad la que sufre en su convivencia los vaivenes de la alteración del orden, como siempre; hoy, los avances técnicos, la premura y la propaganda han conseguido la aceptación general del recurso al avión con detrimento del tren tanto tiempo olvidado y desechado.
La democracia no puede consentir el ataque libertino al derecho y a la libertad ciudadanos; ha de prevenir y cortar los excesos y pruritos de unos contra la libre movilidad de otros atrapados en aeropuertos, estaciones o carreteras; ha de defenderse del engaño, del chantaje, del chulesco egoísmo y del violento ataque que impiden por la fuerza el ejercicio de la libertad social.
C. Mudarra
La principal preocupación que ocupó comentarios en el aniversario de la Constitución fue el caos aéreo provocado por la mala gestión del Gobierno en relación con los controladores y la de estos al abandonar sus puestos de trabajo sin haber convocado antes una huelga legal; en opinión de entendidos en asuntos jurídicos, sobresale la impericia de este Gobierno, no parece muy correcto el aplicar la legislación militar y decretar el Estado de Alarma a este problema. Es cierto que el artículo 8º de la Constitución Española afirma que las Fuerzas Armadas garantizan la estabilidad nacional dentro del propio ordenamiento constitucional, pero un Gobierno tiene otros modos de solucionar conflictos, como este, sin recurrir a instrumentos propios de catástrofes naturales. El Gobierno a través de su ministro de Fomento ha dispuesto de más de un año para haber solventado y regulado el funcionamiento de los aeropuerto y los deberes de los controladores, pero, en su lugar, se ha dedicado a enfrentamientos y diatribas con el estamento de esos trabajadores; en España, como en todo Estado de Derecho con garantías y oportunidades, todo trabajador tiene establecidos sus derechos y obligaciones; no es justo, pues, por resentimiento social que tan vivo se percibe y propagan los socialistas, negarles en función exclusiva de su salario, a unos los derechos que se les reconocen a otros; el ministro de Fomento ha debido fomentar el ordenamiento y reglamento legal y salarial de este colectivo, en lugar de criminalizarlo por lo que cobra. Oiga, ¿por qué no han denigrado y militarizado a los violentos piquetes, mal llamados “informativos” y peor consentidos, allá, en la huelga general y en la del Metro de Madrid?
El mundo moderno con su amplia legislación laboral, no necesita los sindicatos, vestigios del pasado periclitado, ni la huelga tiene ya sentido, porque los trabajadores están amparados por los convenios colectivos y las garantías legales que los protegen; no existe la supremacía de unos derechos que permita pisotear los de los demás, nadie puede saltarse su deberes en pro de unas reivindicaciones que cree y califica de justas, pero perjudican siempre a una gran parte de la población inocente e indefensa. Así pues, debemos decir que la huelga encubierta y no declarada de estos días no se puede admitir por su patente amoralidad, al presentar certificados falsos y por el enorme perjuicio inferido al renombre de la Nación, a su economía y a sus viajeros, que han sido los más lacerados en este nefasto parón aéreo. Es la sociedad la que sufre en su convivencia los vaivenes de la alteración del orden, como siempre; hoy, los avances técnicos, la premura y la propaganda han conseguido la aceptación general del recurso al avión con detrimento del tren tanto tiempo olvidado y desechado.
La democracia no puede consentir el ataque libertino al derecho y a la libertad ciudadanos; ha de prevenir y cortar los excesos y pruritos de unos contra la libre movilidad de otros atrapados en aeropuertos, estaciones o carreteras; ha de defenderse del engaño, del chantaje, del chulesco egoísmo y del violento ataque que impiden por la fuerza el ejercicio de la libertad social.
C. Mudarra
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