Las consecuencias negativas de un nuevo mandato socialista serán muchas muchas, como el avance del independentismo y de los privilegios de los nacionalismos, la fuerte apuesta por una España dividida en dos bandos enfrentados, el de las derechas y el de las izquierdas, el incremento de la inmigración sin control, todavía más poder para las autonomías, mas dinero para los partidos políticos, más divorcio entre políticos y ciudadanos y una intensa aceleración del deterioro de la democracia.
Pero centremos el análisis en el "Infierno Fiscal", todo un atentado contra la justicia, la igualdad y los derechos humanos que el socialismo, con el empuje de la inmisericorde y fría ministra María Jesús Montero, está preparando para cuando asuman el poder.
Los infiernos fiscales son máquinas de exprimir a los ciudadanos y a las empresas que los gobiernos, generalmente socialistas, imponen bajo la excusa de que sólo ordeñan a los ricos, pero con la constancia histórica de que los ricos suelen librarse del castigo, que recae con toda su crueldad e indecencia sobre las clases medias, los autónomos, los pequeños emprendedores y los trabajadores con nómina. Así ha ocurrido siempre allí donde el socialismo ha clavado sus garras fiscales.
Si sólo se tratara de subir impuestos legales y justos, quizás podría soportarse el martirio; si el el dinero recaudado se empleara en mejorar los servicios básicos y ayudar a los más débiles, también podría perdonarse el saqueo al ciudadano, pero no ocurre nada de eso. Los dineros recaudados sirven, sobre todo, para incrementar el poder de los partidos que gobiernan, apuntalando su sistema clientelar para obtener más votos, para repartir el dinero entre sus miembros y amigos y para comprar voluntades y medios de comunicación. Si al menos nos pudiéramos fiar de los recaudadores, quizás sería soportable el martirio de los impuestos abusivos, pero los españoles no pueden fiarse de los recaudadores porque miles de ellos ya se han enriquecido sin saber justificar sus patrimonios y porque los juzgados están atiborrados de denuncias y juicios pendientes a políticos corruptos, ladrones y desalmados.
Ante este panorama, es justo y lícito pensar que el dinero de nuestros impuestos podría terminar en el bolsillo de los políticos corruptos.
Pero lo del infierno fiscal español es mucho más salvaje y malvado porque los impuestos que se pretenden hinchar y potenciar son ilícitos, mafiosos, inconvenientes, confiscatorios y anticonstitucionales.
Una organización de tanto prestigio y solvencia como el Instituto Español de Economía (IEE) acaba de afirmar que el Impuesto de Patrimonio "no tiene sentido" y que los de Sucesiones y Donaciones son "confiscatorios", Se trata de los dos impuestos favoritos de los socialistas, los que piensan imponer y potenciar, a pesar de su carácter delictivo y que concitan el rechazo masivo de los ciudadanos, los cuales, según las encuestas, se oponen en más de un 63 por ciento de porcentaje al impuesto de Sucesiones, el que cobra por las herencias y termina confiscando los bienes a muchos herederos.
El IEE considera que con estos impuestos y otras propuestas de la misma índole "se estaría negando la propiedad privada y socavando el Estado de derecho, destinado a salvaguardar a las personas y la propiedad".
Infiernos fiscales como el español, fruto de la codicia de los políticos, de su obsesión por el poder y del desprecio al ciudadano y a sus derechos, son los que provocan que en el mundo surjan los "paraísos fiscales", que no son otra cosa que espacios de libertad que permiten refugiarse a los ricos que temen que el Estado les robe y los esquilme.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha convertido hoy en un tributo maldito, rechazado por la ciudadanía, que a pesar de que está abolido o casi eliminado en numerosos países democráticos, los obtusos y avarientos socialistas españoles quieren restituir e imponer en todo el territorio, a pesar de que la presión popular ha logrado que sea bonificado al máximo en varias regiones, como Madrid, Canarias, Andalucía y otras.
La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS) acaba de entregar nada menos que un millón de firmas de ciudadanos que protestan contra el robo de herencias, recogidas en Andalucía, Asturias y Aragón, a Pablo Casado. FENCIS, que ha dejado de recoger firmas contra ese tributo bestial, cree que podría conseguir otro millón más, si se lo propusiera, dado el enorme desprestigio y rechazo ciudadano a ese impuesto confiscador.
Votar al PSOE, en este momento de la Historia de España, significa votar por el infierno fiscal y por la voladura de derechos humanos fundamentales amparados por el Estado de Derecho, sin entrar en otros desastres que podrían llegar con ese voto, como el el crecimiento de la rebelión golpista catalana, el chantaje de los vascos, el acoso a la monarquía, el desprestigio internacional, el retroceso económico y todo un empujón de poder a los que han hecho de España un vertedero de abusos y corrupciones.
Francisco Rubiales
Pero centremos el análisis en el "Infierno Fiscal", todo un atentado contra la justicia, la igualdad y los derechos humanos que el socialismo, con el empuje de la inmisericorde y fría ministra María Jesús Montero, está preparando para cuando asuman el poder.
Los infiernos fiscales son máquinas de exprimir a los ciudadanos y a las empresas que los gobiernos, generalmente socialistas, imponen bajo la excusa de que sólo ordeñan a los ricos, pero con la constancia histórica de que los ricos suelen librarse del castigo, que recae con toda su crueldad e indecencia sobre las clases medias, los autónomos, los pequeños emprendedores y los trabajadores con nómina. Así ha ocurrido siempre allí donde el socialismo ha clavado sus garras fiscales.
Si sólo se tratara de subir impuestos legales y justos, quizás podría soportarse el martirio; si el el dinero recaudado se empleara en mejorar los servicios básicos y ayudar a los más débiles, también podría perdonarse el saqueo al ciudadano, pero no ocurre nada de eso. Los dineros recaudados sirven, sobre todo, para incrementar el poder de los partidos que gobiernan, apuntalando su sistema clientelar para obtener más votos, para repartir el dinero entre sus miembros y amigos y para comprar voluntades y medios de comunicación. Si al menos nos pudiéramos fiar de los recaudadores, quizás sería soportable el martirio de los impuestos abusivos, pero los españoles no pueden fiarse de los recaudadores porque miles de ellos ya se han enriquecido sin saber justificar sus patrimonios y porque los juzgados están atiborrados de denuncias y juicios pendientes a políticos corruptos, ladrones y desalmados.
Ante este panorama, es justo y lícito pensar que el dinero de nuestros impuestos podría terminar en el bolsillo de los políticos corruptos.
Pero lo del infierno fiscal español es mucho más salvaje y malvado porque los impuestos que se pretenden hinchar y potenciar son ilícitos, mafiosos, inconvenientes, confiscatorios y anticonstitucionales.
Una organización de tanto prestigio y solvencia como el Instituto Español de Economía (IEE) acaba de afirmar que el Impuesto de Patrimonio "no tiene sentido" y que los de Sucesiones y Donaciones son "confiscatorios", Se trata de los dos impuestos favoritos de los socialistas, los que piensan imponer y potenciar, a pesar de su carácter delictivo y que concitan el rechazo masivo de los ciudadanos, los cuales, según las encuestas, se oponen en más de un 63 por ciento de porcentaje al impuesto de Sucesiones, el que cobra por las herencias y termina confiscando los bienes a muchos herederos.
El IEE considera que con estos impuestos y otras propuestas de la misma índole "se estaría negando la propiedad privada y socavando el Estado de derecho, destinado a salvaguardar a las personas y la propiedad".
Infiernos fiscales como el español, fruto de la codicia de los políticos, de su obsesión por el poder y del desprecio al ciudadano y a sus derechos, son los que provocan que en el mundo surjan los "paraísos fiscales", que no son otra cosa que espacios de libertad que permiten refugiarse a los ricos que temen que el Estado les robe y los esquilme.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha convertido hoy en un tributo maldito, rechazado por la ciudadanía, que a pesar de que está abolido o casi eliminado en numerosos países democráticos, los obtusos y avarientos socialistas españoles quieren restituir e imponer en todo el territorio, a pesar de que la presión popular ha logrado que sea bonificado al máximo en varias regiones, como Madrid, Canarias, Andalucía y otras.
La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS) acaba de entregar nada menos que un millón de firmas de ciudadanos que protestan contra el robo de herencias, recogidas en Andalucía, Asturias y Aragón, a Pablo Casado. FENCIS, que ha dejado de recoger firmas contra ese tributo bestial, cree que podría conseguir otro millón más, si se lo propusiera, dado el enorme desprestigio y rechazo ciudadano a ese impuesto confiscador.
Votar al PSOE, en este momento de la Historia de España, significa votar por el infierno fiscal y por la voladura de derechos humanos fundamentales amparados por el Estado de Derecho, sin entrar en otros desastres que podrían llegar con ese voto, como el el crecimiento de la rebelión golpista catalana, el chantaje de los vascos, el acoso a la monarquía, el desprestigio internacional, el retroceso económico y todo un empujón de poder a los que han hecho de España un vertedero de abusos y corrupciones.
Francisco Rubiales