Es probable que Zapatero tenga razón cuando afirma que todo lo que ha hecho el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, incluso conceder más de diez millones de euros en subvenciones a una empresa representada por su hija Paula, "es legal". Lo que no se atreve a decir el presidente es que un país donde el nepotismo y el abuso del poder son legales es una verdadera cochinera política.
Algunos medios están recibiendo una lluvia de filtraciones y dossieres que anticipan oleadas de escándalos en torno a la figura y al largo "reinado" de Manuel Chaves en las atrasadas y sometidas tierras de Andalucía. Se acercan por el horizonte nuevos sapos para que los demócratas españoles se los traguen cada mañana, entre arcadas y frustraciones. Los asombrados receptores de esas filtraciones caústicas sospechan que proceden de las mismas filas socialistas. Sin embargo, la tormenta de excremento que amenaza con descargar sobre España, aunque triste y vergonzosa, quizás tenga su lado bueno y consiga que muchos ciudadanos ignorantes se convenzan por fin de que la democracia española es de una baja calidad humillante y que, en algunos casos, llega a ser cochambrosa.
Ojalá que la inevitable inmundicia que se aproxima sirva al menos para convencer a los ciudadanos de que, cuando la arbitrariedad, el abuso y el nepotismo son legales en un país, ese país está gravemente infectado de corrupción y de podredumbre.
Nuestro mayor drama político tal vez sea que los grandes vicios de la son legales en España y prácticamente impunes, incluyendo abusos y muchas injusticias perpetradas desde el poder: subvenciones públicas para los amigos y correligionarios, listas negras de empresarios y profesionales que, por ser críticos con el poder político, no reciben ayudas, ni pueden ganar contratos y adjudicaciones, manipulación en los contratos públicos; oposiciones públicas amañadas, concesiones públicas a los amigos del poder, recalificaciones a dedo... y un larguísimo etcétera, todo un océano de inmundicias donde la frontera entre lo legal, lo corrupto y lo delictivo es confusa y difusa.
En España se aplica el infausto principio de que lo que no está prohibido es legal. Nadie se acuerda de la obligación de ejemplaridad que conlleva el ejercicio del poder público, ni aquel principio que obligaba a la mujer de César no sólo a ser virtuosa, sino también a parecerlo. No existe para el poder la obligación de la limpieza y el decoro. Basta con cumplir la ley, aunque al cumplirla se prostituya la democracia, se expanda la injusticia y se realcen la arrogancia y el abuso.
¿Son legales las actividades de las decenas de recaudadores de los partidos políticos que recorren el territorio pidiendo dinero a los empresarios que aspiran a subvenciones o a contratos? Seguramente sí, pero esa legalidad de la extorsión es la que convierte a España en una despreciable oligarquía corrupta que ni siquiera merece respeto.
No existe en España código de conducta alguno que obligue a los representantes y administradores públicos, como tampoco existe exigencia alguna para los que acceden a cargos políticos. Una secretaria de dirección, para ejercer su trabajo en España, necesita exhibir su título y demostrar sus conocimientos profesionales, incluyendo idiomas, pero los presidentes de gobierno, ministros, alcaldes y concejales sólo necesitan ser amigos de los que mandan, que los "colocan" en las listas electorales que abren las puertas del poder, el estrellato y la riqueza.
La aplicación en la España política del nefasto principio de que lo que no está prohibido es legal está llevando al país hacia su fracaso histórico, pasando por el endeudamiento, la ineficacia, el desempleo masivo, la injusticia, la desigualdad, la inseguridad, la pobreza y el desencanto creciente de una ciudadanía que se siente estafada.
Algunos medios están recibiendo una lluvia de filtraciones y dossieres que anticipan oleadas de escándalos en torno a la figura y al largo "reinado" de Manuel Chaves en las atrasadas y sometidas tierras de Andalucía. Se acercan por el horizonte nuevos sapos para que los demócratas españoles se los traguen cada mañana, entre arcadas y frustraciones. Los asombrados receptores de esas filtraciones caústicas sospechan que proceden de las mismas filas socialistas. Sin embargo, la tormenta de excremento que amenaza con descargar sobre España, aunque triste y vergonzosa, quizás tenga su lado bueno y consiga que muchos ciudadanos ignorantes se convenzan por fin de que la democracia española es de una baja calidad humillante y que, en algunos casos, llega a ser cochambrosa.
Ojalá que la inevitable inmundicia que se aproxima sirva al menos para convencer a los ciudadanos de que, cuando la arbitrariedad, el abuso y el nepotismo son legales en un país, ese país está gravemente infectado de corrupción y de podredumbre.
Nuestro mayor drama político tal vez sea que los grandes vicios de la son legales en España y prácticamente impunes, incluyendo abusos y muchas injusticias perpetradas desde el poder: subvenciones públicas para los amigos y correligionarios, listas negras de empresarios y profesionales que, por ser críticos con el poder político, no reciben ayudas, ni pueden ganar contratos y adjudicaciones, manipulación en los contratos públicos; oposiciones públicas amañadas, concesiones públicas a los amigos del poder, recalificaciones a dedo... y un larguísimo etcétera, todo un océano de inmundicias donde la frontera entre lo legal, lo corrupto y lo delictivo es confusa y difusa.
En España se aplica el infausto principio de que lo que no está prohibido es legal. Nadie se acuerda de la obligación de ejemplaridad que conlleva el ejercicio del poder público, ni aquel principio que obligaba a la mujer de César no sólo a ser virtuosa, sino también a parecerlo. No existe para el poder la obligación de la limpieza y el decoro. Basta con cumplir la ley, aunque al cumplirla se prostituya la democracia, se expanda la injusticia y se realcen la arrogancia y el abuso.
¿Son legales las actividades de las decenas de recaudadores de los partidos políticos que recorren el territorio pidiendo dinero a los empresarios que aspiran a subvenciones o a contratos? Seguramente sí, pero esa legalidad de la extorsión es la que convierte a España en una despreciable oligarquía corrupta que ni siquiera merece respeto.
No existe en España código de conducta alguno que obligue a los representantes y administradores públicos, como tampoco existe exigencia alguna para los que acceden a cargos políticos. Una secretaria de dirección, para ejercer su trabajo en España, necesita exhibir su título y demostrar sus conocimientos profesionales, incluyendo idiomas, pero los presidentes de gobierno, ministros, alcaldes y concejales sólo necesitan ser amigos de los que mandan, que los "colocan" en las listas electorales que abren las puertas del poder, el estrellato y la riqueza.
La aplicación en la España política del nefasto principio de que lo que no está prohibido es legal está llevando al país hacia su fracaso histórico, pasando por el endeudamiento, la ineficacia, el desempleo masivo, la injusticia, la desigualdad, la inseguridad, la pobreza y el desencanto creciente de una ciudadanía que se siente estafada.