El gobierno socialista español que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a sorprender a sus ciudadanos y a la comunidad internacional al anunciar que se dispone a crear un Consejo Audiovisual Estatal, un organismo político que vigilará y sancionara a las emisoras de radio y televisión que, en opinión del gobierno, no digan la verdad o incumplan los preceptos constitucionales, una tarea que la ortodoxia democrática otorga éxclusivamente al poder judicial.
La libertad de expresión, entendida como "el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones", así como de "comunicar y recibir libremente información”, era consagrado por vez primera en España por la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa "Pepa". Estuvo vigente, con más o menos intensidad, hasta que Franco estableció la censura. En 1966, con la Ley de Prensa de Fraga, la censura previa quedaba suprimida, aunque persistían las amenzas sancionadoras. La Constitución de 1978 garantizó de nuevo las libertades de "la Pepa", pero el gobierno de Zapatero, que pasa por ser democrático, sorprendentemente, se dispone a limitar de nuevo esa libertad de expresión, considerada unánimemente como fundamental en democracia por filósofos y politólogos de prestigio.
Lo que está haciendo ZP, a juzgar por las primeras opiniones indignadas, surgidas del poder judicial español y de instituciones defensoras de las libertades, es un anacronismo incomprensible, como si quisiera divorciarse de La Pepa y de sus libertades, precisamente cuando el mundo democrático las valora cada día más y atraviesa un periodo histórico en el que los gobernantes ceden protagonismo a los ciudadanos y levantan sus campamentos intervencionistas para dejar más espacio a la sociedad, limitándose a regular los grandes conflictos y a actuar como árbitro.
El intento de Zapatero de restablecer una policía para las ideas y criterios rompe con 193 años de tradición en los que los españoles, salvo en periódos dictatoriales, gozaron del derecho a expresar ideas, a recibirlas y a criticar.
Muchos de los mas conocidos periodistas españoles ya han saltado a la escena con declaraciones que condenan el intento policial del gobierno, mientras que un portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha advertido que ese órgano que el gobierno pretende crear sería inconstitucional, ya que la labor que se le encomienda sólo pueden desempeñarla, en democracia, los jueces.
Mientras tanto, la ciudad de Cádiz, donde se gestó y aprobó La Pepa, en plena invasión de España por Napoleón, se dispone a conmemorar el 200 aniversario de aquella Constitución, la primera que consagra en España un régimen de derechos y libeetades ciudadanas. El objetivo de Cádiz es aprovechar la Conmemoración para abrir un gran debate sobre la democracia y el protagonismo de los ciudadanos en la política del siglo XXI.
Lo que no habían previsto los gaditanos es que ZP podría aguarles la fiesta con un inesperado, inexplicable e intolerable retroceso democrático.
La libertad de expresión, entendida como "el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones", así como de "comunicar y recibir libremente información”, era consagrado por vez primera en España por la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa "Pepa". Estuvo vigente, con más o menos intensidad, hasta que Franco estableció la censura. En 1966, con la Ley de Prensa de Fraga, la censura previa quedaba suprimida, aunque persistían las amenzas sancionadoras. La Constitución de 1978 garantizó de nuevo las libertades de "la Pepa", pero el gobierno de Zapatero, que pasa por ser democrático, sorprendentemente, se dispone a limitar de nuevo esa libertad de expresión, considerada unánimemente como fundamental en democracia por filósofos y politólogos de prestigio.
Lo que está haciendo ZP, a juzgar por las primeras opiniones indignadas, surgidas del poder judicial español y de instituciones defensoras de las libertades, es un anacronismo incomprensible, como si quisiera divorciarse de La Pepa y de sus libertades, precisamente cuando el mundo democrático las valora cada día más y atraviesa un periodo histórico en el que los gobernantes ceden protagonismo a los ciudadanos y levantan sus campamentos intervencionistas para dejar más espacio a la sociedad, limitándose a regular los grandes conflictos y a actuar como árbitro.
El intento de Zapatero de restablecer una policía para las ideas y criterios rompe con 193 años de tradición en los que los españoles, salvo en periódos dictatoriales, gozaron del derecho a expresar ideas, a recibirlas y a criticar.
Muchos de los mas conocidos periodistas españoles ya han saltado a la escena con declaraciones que condenan el intento policial del gobierno, mientras que un portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha advertido que ese órgano que el gobierno pretende crear sería inconstitucional, ya que la labor que se le encomienda sólo pueden desempeñarla, en democracia, los jueces.
Mientras tanto, la ciudad de Cádiz, donde se gestó y aprobó La Pepa, en plena invasión de España por Napoleón, se dispone a conmemorar el 200 aniversario de aquella Constitución, la primera que consagra en España un régimen de derechos y libeetades ciudadanas. El objetivo de Cádiz es aprovechar la Conmemoración para abrir un gran debate sobre la democracia y el protagonismo de los ciudadanos en la política del siglo XXI.
Lo que no habían previsto los gaditanos es que ZP podría aguarles la fiesta con un inesperado, inexplicable e intolerable retroceso democrático.