“ El día que el género humano conozca que su verdadera gloria consiste en la virtud mirará con tedio a los que tanto le pasman ahora ”.
José Cadalso
Batasuna (y cualquiera de sus máscaras variopintas o diversas caretas -así llamamos algunos a las distintas y/u otras denominaciones que así mismo ha adoptado a lo largo de su historia la susodicha formación abertzale-) es ilegal, según el espíritu y la letra de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de 2002, que pasó todos los filtros preceptivos y alguno más: Parlamento, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional.
Entonces, durante todo el proceso legislativo que siguió la mentada (y no lamentable) ley, al actual presidente del Gobierno de la Nación (aunque ahora, sí, también, discrepe de su noción) no se le ocurrió decir ni mu, pero, en estos momentos, ante la convocatoria hecha por Batasuna de un congreso, asamblea general o lo que sea (o se llame) del citado partido ilegal para dentro de una semana cabal, el próximo sábado, 21 de enero de 2006, en Baracaldo (Vizcaya), el mandamás (y, en este caso, otrosí, mandamal) del Gabinete ha salido por peteneras (no urdo en este paréntesis, además, por no te enteras, porque aún confío en la buena fe del presidente) al invocar el derecho o la libertad de reunión y aducir que la Ley de Partidos es “muy restrictiva” y “de aplicación delicada”. Dos muestras o despropósitos mayúsculos de un mismo principio jurídico (“dura lex, sed lex”), sí, pero sólo dos (quizás porque no siguió declarando más cosas al respecto; porque, de haberlo hecho, tal vez podría haber soltado por su mui, cada día más demagógica, otro rosario de razones más turbias o, incluso, más oscuras todavía), que agregar a su luenga colección en tan escueto currículo.
Lo que debe hacer, usted, don José Luis, con las leyes (ponga suma atención a cuanto ha dicho, dice y dirá, en relación con el caso, muy a propósito, su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar) es cumplirlas y hacerlas cumplir (que a eso se comprometió cuando prometió su cargo de jefe del Ejecutivo). Si ahora, por los motivos que sean, la ley tal no le gusta ni convence, lo que debe hacer es promover su aboliación y la asunción de otra que venga a corregir los supuestos excesos de la actual, vigente, pero lo que no puede hacer, en modo alguno, es conculcarla. Y menos, muchísimo menos, usando para ello trampantojos, subterfugios, sofismas, en definitiva, argumentos para lelos (sí, pues no sé si dan cuenta, ustedes, los políticos, de que, a veces, nos tratatn a los ciudadanos de a pie de retrasados mentales, perdón, de discapacitados racionales), insultos a la inteligencia, integridad y dignidad de los hijos de vecino que nos resistimos a formar parte de cualesquiera hatajos de borregos y que no nos casamos con nada ni con nadie, ni siquiera con aquellas gentes que dicen coincidir ciento por cien con nuestros propios credo y criterio.
Hágale caso, don José Luis, a don Gregorio (cuando las barbas de Peces vea mojar, ponga las suyas a remojar) y recuérdele a don Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, que el cumplimiento y respeto de la legalidad es la atribución principal del Ministerio Fiscal.
Ángel Sáez García
José Cadalso
Batasuna (y cualquiera de sus máscaras variopintas o diversas caretas -así llamamos algunos a las distintas y/u otras denominaciones que así mismo ha adoptado a lo largo de su historia la susodicha formación abertzale-) es ilegal, según el espíritu y la letra de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de 2002, que pasó todos los filtros preceptivos y alguno más: Parlamento, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional.
Entonces, durante todo el proceso legislativo que siguió la mentada (y no lamentable) ley, al actual presidente del Gobierno de la Nación (aunque ahora, sí, también, discrepe de su noción) no se le ocurrió decir ni mu, pero, en estos momentos, ante la convocatoria hecha por Batasuna de un congreso, asamblea general o lo que sea (o se llame) del citado partido ilegal para dentro de una semana cabal, el próximo sábado, 21 de enero de 2006, en Baracaldo (Vizcaya), el mandamás (y, en este caso, otrosí, mandamal) del Gabinete ha salido por peteneras (no urdo en este paréntesis, además, por no te enteras, porque aún confío en la buena fe del presidente) al invocar el derecho o la libertad de reunión y aducir que la Ley de Partidos es “muy restrictiva” y “de aplicación delicada”. Dos muestras o despropósitos mayúsculos de un mismo principio jurídico (“dura lex, sed lex”), sí, pero sólo dos (quizás porque no siguió declarando más cosas al respecto; porque, de haberlo hecho, tal vez podría haber soltado por su mui, cada día más demagógica, otro rosario de razones más turbias o, incluso, más oscuras todavía), que agregar a su luenga colección en tan escueto currículo.
Lo que debe hacer, usted, don José Luis, con las leyes (ponga suma atención a cuanto ha dicho, dice y dirá, en relación con el caso, muy a propósito, su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar) es cumplirlas y hacerlas cumplir (que a eso se comprometió cuando prometió su cargo de jefe del Ejecutivo). Si ahora, por los motivos que sean, la ley tal no le gusta ni convence, lo que debe hacer es promover su aboliación y la asunción de otra que venga a corregir los supuestos excesos de la actual, vigente, pero lo que no puede hacer, en modo alguno, es conculcarla. Y menos, muchísimo menos, usando para ello trampantojos, subterfugios, sofismas, en definitiva, argumentos para lelos (sí, pues no sé si dan cuenta, ustedes, los políticos, de que, a veces, nos tratatn a los ciudadanos de a pie de retrasados mentales, perdón, de discapacitados racionales), insultos a la inteligencia, integridad y dignidad de los hijos de vecino que nos resistimos a formar parte de cualesquiera hatajos de borregos y que no nos casamos con nada ni con nadie, ni siquiera con aquellas gentes que dicen coincidir ciento por cien con nuestros propios credo y criterio.
Hágale caso, don José Luis, a don Gregorio (cuando las barbas de Peces vea mojar, ponga las suyas a remojar) y recuérdele a don Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, que el cumplimiento y respeto de la legalidad es la atribución principal del Ministerio Fiscal.
Ángel Sáez García