Únicamente los confundidos, los de cerebro castrado, los antidemócratas y los sometidos y a sueldo del poder pueden felicitarse hoy, como hacen casi la totalidad de los medios de comunicación ante el acuerdo alcanzado entre Zapatero y Rajoy para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, una auténtica desgracia para la democracia, ya que la Justicia, para que sea libre y democrática, debe mantenerse independiente y al margen de su adversario natural, que es el poder político.
La celebración generalizada ante ese acuerdo para renovar la Justicia, ante el que los demócratas deberían guardar luto, constituye el más claro signo de que la democracia española está enferma, de que demasiados ciudadanos están confundidos y de que lo poco que quedaba de democracia en España fue asesinada hace tiempo y sustituida por una oligocracia de partidos, que hoy se refuerza todavía más con ese pacto.
La sociedad española está tan contaminada por los partidos políticos y por la partitocracia que ni siquiera es capaz de saber que la Justicia española no necesita renovarse sino limpiarse, ganar la batalla de la independencia y ser verdaderamente democrática.
Por si existiera alguna duda sobre el estado de la Justicia española, ahí está la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo según la cual el juicio contra el magistrado Gómez Liaño, que tuvo la osadía de creer en la Justicia española e investigar las presuntas irregularidades y delitos del poderoso grupo PRISA, no fue "imparcial".
La sentencia de la Corte de Estrasburgo llena de bochorno a la Justicia española en general y, especialmente a los dos grandes tribunales, el Constitucional y el Supremo, cuyo control se disputan los dos grandes partidos políticos españoles ante toda la ciudadanía, sin experimentar rubor ni vergüenza ante tamaño atentado contra la decencia y la democracia.
Acribillada por los escándalos, la Justicia española está en pleno declive, sobre todo después de otro acontecimiento reciente que ha llenado de indignación a la sociedad: la libertad sin cargos de los Albertos, multimillonarios que estafaron miles de millones, a los que se les señala como amigos personales del rey Juan Carlos.
La Justicia en general y, especialmente, los dos grandes tribunales españoles, el Supremo y el Constitucional, están tan contaminados por la política que muchas veces, en lugar de administrar Justicia, gestionan la intimidación, la venganza y la represión por encargo del poder político y de sus grandes aliados.
La celebración generalizada ante ese acuerdo para renovar la Justicia, ante el que los demócratas deberían guardar luto, constituye el más claro signo de que la democracia española está enferma, de que demasiados ciudadanos están confundidos y de que lo poco que quedaba de democracia en España fue asesinada hace tiempo y sustituida por una oligocracia de partidos, que hoy se refuerza todavía más con ese pacto.
La sociedad española está tan contaminada por los partidos políticos y por la partitocracia que ni siquiera es capaz de saber que la Justicia española no necesita renovarse sino limpiarse, ganar la batalla de la independencia y ser verdaderamente democrática.
Por si existiera alguna duda sobre el estado de la Justicia española, ahí está la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo según la cual el juicio contra el magistrado Gómez Liaño, que tuvo la osadía de creer en la Justicia española e investigar las presuntas irregularidades y delitos del poderoso grupo PRISA, no fue "imparcial".
La sentencia de la Corte de Estrasburgo llena de bochorno a la Justicia española en general y, especialmente a los dos grandes tribunales, el Constitucional y el Supremo, cuyo control se disputan los dos grandes partidos políticos españoles ante toda la ciudadanía, sin experimentar rubor ni vergüenza ante tamaño atentado contra la decencia y la democracia.
Acribillada por los escándalos, la Justicia española está en pleno declive, sobre todo después de otro acontecimiento reciente que ha llenado de indignación a la sociedad: la libertad sin cargos de los Albertos, multimillonarios que estafaron miles de millones, a los que se les señala como amigos personales del rey Juan Carlos.
La Justicia en general y, especialmente, los dos grandes tribunales españoles, el Supremo y el Constitucional, están tan contaminados por la política que muchas veces, en lugar de administrar Justicia, gestionan la intimidación, la venganza y la represión por encargo del poder político y de sus grandes aliados.