El sanchismo en el poder y, más concretamente, la gestión de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior están repletos de episodios que justifican esta desconfianza profunda en la policía.
El caso más humillante es la fuga repetida de Carles Puigdemont, que ha burlado a los servicios policiales con una facilidad sospechosa.
Igualmente bochornoso fue el aterrizaje y permanencia de Delcy Rodríguez en Barajas, donde se ignoraron alertas y órdenes judiciales por razones políticas.
A esto se suma el escándalo del exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, detenido por presuntamente colaborar con una red de narcotráfico y escondiendo 20 millones de euros emparedados literalmente en las paredes de su casa y en su despacho oficial. Un alto mando de la unidad contra la delincuencia económica y fiscal convertido en protector de narcos y multimillonario oculto.
Estos no son fallos aislados, sino síntomas de una policía cuya independencia operativa se ha visto gravemente erosionada.
Permitir que las tribus corruptas del sanchismo anulen y castiguen a un juez decente y valiente como Peinado es disparar balas contra la democracia, la decencia y la Constitución y beneficiar a la comunidad de sinvergüenzas que destruyen cada día más este país.
Peinado actúa con responsabilidad al retirar el pasaporte y poner el foco en la vulnerabilidad estructural: en un ministerio donde se han producido presiones a la UCO, destituciones de mandos incómodos y favores a los poderosos, la escolta de la esposa del presidente no puede asumirse automáticamente como un muro imparcial.
Los agentes son en su mayoría profesionales honestos, pero operan bajo una jerarquía que ha demostrado priorizar la lealtad al “líder” sobre la lealtad a la ley.
La indignación orquestada desde Moncloa solo confirma que el juez ha tocado un punto neurálgico: la posibilidad de que el aparato del Estado se ponga al servicio de la impunidad de la familia presidencial.
La participación del PP en el linchamiento del juez Peinado y de los sindicatos policiales sólo demuestra ignorancia, cobardía o, lo que es peor, desconocimiento del profundo grado de podredumbre que convierte al gobierno y a sus agentes sometidos en basura antidemocrática.
España no puede tolerar que la Policía se convierta en una guardia pretoriana del sanchismo.
El juez Peinado demuestra valentía al exponer esta realidad podrida.
Mientras Marlaska permanezca en el cargo y los escándalos de corrupción policial se acumulen sin consecuencias reales, la desconfianza no solo es razonable, sino obligatoria para cualquier juez que aún crea en la igualdad ante la ley.
La reacción furibunda del Gobierno no desmiente al magistrado sino que confirma la podredumbre del sistema y de sus principales miembros.
Francisco Rubiales
El caso más humillante es la fuga repetida de Carles Puigdemont, que ha burlado a los servicios policiales con una facilidad sospechosa.
Igualmente bochornoso fue el aterrizaje y permanencia de Delcy Rodríguez en Barajas, donde se ignoraron alertas y órdenes judiciales por razones políticas.
A esto se suma el escándalo del exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, detenido por presuntamente colaborar con una red de narcotráfico y escondiendo 20 millones de euros emparedados literalmente en las paredes de su casa y en su despacho oficial. Un alto mando de la unidad contra la delincuencia económica y fiscal convertido en protector de narcos y multimillonario oculto.
Estos no son fallos aislados, sino síntomas de una policía cuya independencia operativa se ha visto gravemente erosionada.
Permitir que las tribus corruptas del sanchismo anulen y castiguen a un juez decente y valiente como Peinado es disparar balas contra la democracia, la decencia y la Constitución y beneficiar a la comunidad de sinvergüenzas que destruyen cada día más este país.
Peinado actúa con responsabilidad al retirar el pasaporte y poner el foco en la vulnerabilidad estructural: en un ministerio donde se han producido presiones a la UCO, destituciones de mandos incómodos y favores a los poderosos, la escolta de la esposa del presidente no puede asumirse automáticamente como un muro imparcial.
Los agentes son en su mayoría profesionales honestos, pero operan bajo una jerarquía que ha demostrado priorizar la lealtad al “líder” sobre la lealtad a la ley.
La indignación orquestada desde Moncloa solo confirma que el juez ha tocado un punto neurálgico: la posibilidad de que el aparato del Estado se ponga al servicio de la impunidad de la familia presidencial.
La participación del PP en el linchamiento del juez Peinado y de los sindicatos policiales sólo demuestra ignorancia, cobardía o, lo que es peor, desconocimiento del profundo grado de podredumbre que convierte al gobierno y a sus agentes sometidos en basura antidemocrática.
España no puede tolerar que la Policía se convierta en una guardia pretoriana del sanchismo.
El juez Peinado demuestra valentía al exponer esta realidad podrida.
Mientras Marlaska permanezca en el cargo y los escándalos de corrupción policial se acumulen sin consecuencias reales, la desconfianza no solo es razonable, sino obligatoria para cualquier juez que aún crea en la igualdad ante la ley.
La reacción furibunda del Gobierno no desmiente al magistrado sino que confirma la podredumbre del sistema y de sus principales miembros.
Francisco Rubiales