En los últimos años muchas cosas relativas al movimiento abertzale, los nacionalistas vascos (y de otros lares) se han ido poniendo claras, diáfanas, para quien conserva la sensatez y no se deja impresionar por mensajes que fomentan la debilidad, la falta de principios y de fe en la Democracia, ni alberga dudas sobre la condición nacional de España.
El Estado que, según Weber, ostenta el monopolio de la violencia legítima y que, siendo democrático, tiene por tanto la única legitimidad válida e incontestable, no tiene ninguna necesidad de negociar con terceros la aplicación de sus leyes y la defensa de sus intereses (y menos aun con los propios interesados).
Si las fuerzas del orden, bajo supervisión judicial, consideran que en la persecución del delito conviene llevar a cabo alguna transacción para alcanzar un fín mayor con delincuentes individuales, hágase. En varios ordenamientos jurídicos ésto es admisible. Pero el Gobierno de la Nación no tiene esa necesidad ni debería tener tampoco la potestad. Y menos a la luz de la experiencia del éxito que, hasta recientemente, había alcanzado la última política antiterrorista seguida en España, que había conseguido arrinconar a ETA y debilitar en grado sumo a sus apoyos.
Si a todo ésto añadimos la profunda inmoralidad de olvidar a las víctimas del terrorismo y a sus intereses, así como otros muchos elementos de la actualidad, tenemos un cuadro de entreguismo, apaciguamiento, negociaciones inconfesables, pactos misteriosos con contraprestaciones difícilmente justificables y altas probabilidades de conducir al país a una gran crisis política, moral, insitucional, económica, de reputación internacional y de seguridad pública.
Spanish Diplomat
El Estado que, según Weber, ostenta el monopolio de la violencia legítima y que, siendo democrático, tiene por tanto la única legitimidad válida e incontestable, no tiene ninguna necesidad de negociar con terceros la aplicación de sus leyes y la defensa de sus intereses (y menos aun con los propios interesados).
Si las fuerzas del orden, bajo supervisión judicial, consideran que en la persecución del delito conviene llevar a cabo alguna transacción para alcanzar un fín mayor con delincuentes individuales, hágase. En varios ordenamientos jurídicos ésto es admisible. Pero el Gobierno de la Nación no tiene esa necesidad ni debería tener tampoco la potestad. Y menos a la luz de la experiencia del éxito que, hasta recientemente, había alcanzado la última política antiterrorista seguida en España, que había conseguido arrinconar a ETA y debilitar en grado sumo a sus apoyos.
Si a todo ésto añadimos la profunda inmoralidad de olvidar a las víctimas del terrorismo y a sus intereses, así como otros muchos elementos de la actualidad, tenemos un cuadro de entreguismo, apaciguamiento, negociaciones inconfesables, pactos misteriosos con contraprestaciones difícilmente justificables y altas probabilidades de conducir al país a una gran crisis política, moral, insitucional, económica, de reputación internacional y de seguridad pública.
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