Imagen cedida por La Kodorniz
Penúltimo destello surrealista de la política andaluza:
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, quiere que el Estatuto Andaluz, aprobado recientemente por el Parlamento de Andalucía por mayoría simple, con la oposición de dos de los cuatro partidos presentes en el Parlamento, el Popular y el Andalucista, sólo pueda cambiarse en el futuro si se consiguen mayorías muy cualificadas (dos tercios de los votos parlamentarios), como es preceptivo en una democracia cuando se trata de aprobar leyes importantes que afectan la convivencia y las costumbres. Sin embargo (y aquí entra en escena el surrealismo andaluz) cuando la oposición le pregunta por qué no aplica el mismo principio de la mayoría cualificada para aprobar el estatuto actual, el presidente y su partido callan.
Último destello del surrealismo político andaluz:
El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero ha advertido a los promotores inmobiliarios y, concretamente, a la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencia que "tan corruptos son los que cobran por emitir una licencia ilegal como los que pagan por ella". Romero, surrealista él, olvida que la responsabilidad del político o funcionario es infinitamente mayor que la de un empresario privado, entre otras muchas razones porque políticos y funcionarios, depositarios de la confianza democrática de los ciudadanos, tienen obligación de ser impecables y ejemplares al gestionar, en nombre de la comunidad, los asuntos públicos y cuidar los dineros públicos, mientras que el empresario juega con su propio dinero.
Romero olvida también que un empresario, por definición, sólo paga comisiones cuando es obligado a ello, ya que su objetivo es conseguir el mayor beneficio, y oculta igualmente lo que casi todos los andaluces saben: que muchos de esos empresarios pagan la corrupción que se les exige, más o menos sutilmente, desde el poder político.
La imagen ha sido cedida por La Kodorniz
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, quiere que el Estatuto Andaluz, aprobado recientemente por el Parlamento de Andalucía por mayoría simple, con la oposición de dos de los cuatro partidos presentes en el Parlamento, el Popular y el Andalucista, sólo pueda cambiarse en el futuro si se consiguen mayorías muy cualificadas (dos tercios de los votos parlamentarios), como es preceptivo en una democracia cuando se trata de aprobar leyes importantes que afectan la convivencia y las costumbres. Sin embargo (y aquí entra en escena el surrealismo andaluz) cuando la oposición le pregunta por qué no aplica el mismo principio de la mayoría cualificada para aprobar el estatuto actual, el presidente y su partido callan.
Último destello del surrealismo político andaluz:
El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero ha advertido a los promotores inmobiliarios y, concretamente, a la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencia que "tan corruptos son los que cobran por emitir una licencia ilegal como los que pagan por ella". Romero, surrealista él, olvida que la responsabilidad del político o funcionario es infinitamente mayor que la de un empresario privado, entre otras muchas razones porque políticos y funcionarios, depositarios de la confianza democrática de los ciudadanos, tienen obligación de ser impecables y ejemplares al gestionar, en nombre de la comunidad, los asuntos públicos y cuidar los dineros públicos, mientras que el empresario juega con su propio dinero.
Romero olvida también que un empresario, por definición, sólo paga comisiones cuando es obligado a ello, ya que su objetivo es conseguir el mayor beneficio, y oculta igualmente lo que casi todos los andaluces saben: que muchos de esos empresarios pagan la corrupción que se les exige, más o menos sutilmente, desde el poder político.
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