El Banco de España, a través de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, cree que es urgente reformar el sistema de pensiones para que las finanzas publicas sean sostenibles, y ha vaticinado que, sin esas reformas, el gobierno podría tener pronto dificultades para abonar las pensiones. Coincidiendo con esa advertencia, desde algunos ámbitos del poder se lanzan globos sonda que plantean "dificultades" para pagar las pensiones en el futuro.
La advertencia del gobernador y la incapacidad del actual gobierno para afrontar la demoledora crisis económica que atenaza a España hace retornar a los españoles, sin misericordia y sin paracaídas, a los tristes y vergonzosos años ochenta y principios de los noventa, cuando la política económica ruinosa de Felipe González, también con Pedro Solbes al frente de las cuentas públicas, trajo consigo la amenaza constante de la ruina de las arcas del Estado y el miedo a que el gobierno dejara de pagar las pensiones, una época que todos creían lejana y superada.
Si el actual gobierno, por imprevisión e ineficiencia, pusiera en peligro el sistema de pensiones y los ancianos y viudas dejaran de cobrar, nadie duda que los españoles se lanzarían de cabeza a la rebeldía cívica, incapaces de asumir una dosis tan elevada de mal gobierno y sin entender cómo se ha vivido del despilfarro público y del abuso de privilegios sin nutrir y blindar suficientemente las arcas de la Seguridad Social.
Si se hiciera una encuesta, los políticos descubrirían que los españoles exigen una austeridad de hierro al poder público en las presentes circunstancias. Los ciudadanos creen que es justo que quien ha abusado de las arcas den ahora ejemplo de austeridad. En esa encuesta, que nunca se hará porque no conviene al poder, los dirigentes políticos españoles descubrirían que los españoles creen que los cargos públicos y los enchufados son en España una auténtica plaga y que las administraciones públicas podrían funcionar igual que ahora con tres veces menos personal.
Las palabras del gobernador, unidas al espectáculo decepcionante de la pasividad de Zapatero y su gobierno ante el drama económico de la nación, han caído como un jarro de agua fría sobre la sociedad española, que no entiende cómo el gobierno que preside Zapatero, ante las muchas advertencias de que la crisis llegaba, no ha hecho otra cosa que mantener su política de despilfarro, de negar la existencia de la crisis y de incapacidad manifiesta para gestionar con seriedad la economía española.
Zapatero no ha parado de incrementar el gasto público y el déficit exterior, ya en estado alarmante, es incapaz de practicar la política de austeridad que prometió cuando llegó al poder y ni siquiera sabe qué medidas tomar para hacer frente a una crisis que ya es galopante, que golpea el bolsillo del ciudadano (aunque no el del político) y que él se niega a reconocer.
La gente, simplemente, no entiende que, ante el riesgo extremo de que no puedan pagarse las pensiones, el poder político continúe haciendo exhibición de frivolidad e ineficiencia y que en lugar de tomar medidas urgentes de austeridad y ahorro, siga prometiendo y repartiendo dinero por el mundo, como los 500 millones de euros recién prometidos a la FAO, mientras que ha incrementado el ya nutrido Gabinete Ministerial con un nuevo e innecesario Ministerio (el de Igualdad) y engrosado todavía las legiones de asesores, enchufados y especialistas al servicio del poder, a muchos de los cuales se les ha subido también de categoría y sueldo.
La gente empieza a ponerse nerviosa y se rebela ante las numerosas autosubidas de sueldos de los políticos españoles, especialmente hirientes en tiempos de crisis, hechas casi siempre sin publicidad, sin explicación ni justificación, como la reciente de la alcaldesa socialista de Jaén, que ha subido el sueldo de sus cargos de confianza nada menos que en un 40 por ciento. El caso de Sevilla es especialmente vergonzante: el Ayuntamiento anuncia congelación de sueldos de los altos cargos, pero los sube un cuatro por ciento, un punto menos que la inflación.
Los ciudadanos españoles, ante la gravedad de una crisis que ya golpea sus bolsillos y que amenaza la prosperidad ganada con esfuerzo por toda la sociedad durante las últimas décadas, están escandalizados ante el comportamiento arrogante y provocativo de los políticos, que no han sido capaces de renunciar a ninguno de sus múltiples privilegios y ventajas en tiempos de crisis: ni renuncia a renovar las cada día más nutridas flotas de coches oficiales, ni austeridad en la contratación de nuevos cargos públicos y sueldos, ni renuncia a esos inexplicados repartos de dinero por países de África y América, sustitutos horteras de una diplomacia cada día más ineficaz.
Pulse aquí para apreciar toda la insensatez del gobierno ante la crisis.
La advertencia del gobernador y la incapacidad del actual gobierno para afrontar la demoledora crisis económica que atenaza a España hace retornar a los españoles, sin misericordia y sin paracaídas, a los tristes y vergonzosos años ochenta y principios de los noventa, cuando la política económica ruinosa de Felipe González, también con Pedro Solbes al frente de las cuentas públicas, trajo consigo la amenaza constante de la ruina de las arcas del Estado y el miedo a que el gobierno dejara de pagar las pensiones, una época que todos creían lejana y superada.
Si el actual gobierno, por imprevisión e ineficiencia, pusiera en peligro el sistema de pensiones y los ancianos y viudas dejaran de cobrar, nadie duda que los españoles se lanzarían de cabeza a la rebeldía cívica, incapaces de asumir una dosis tan elevada de mal gobierno y sin entender cómo se ha vivido del despilfarro público y del abuso de privilegios sin nutrir y blindar suficientemente las arcas de la Seguridad Social.
Si se hiciera una encuesta, los políticos descubrirían que los españoles exigen una austeridad de hierro al poder público en las presentes circunstancias. Los ciudadanos creen que es justo que quien ha abusado de las arcas den ahora ejemplo de austeridad. En esa encuesta, que nunca se hará porque no conviene al poder, los dirigentes políticos españoles descubrirían que los españoles creen que los cargos públicos y los enchufados son en España una auténtica plaga y que las administraciones públicas podrían funcionar igual que ahora con tres veces menos personal.
Las palabras del gobernador, unidas al espectáculo decepcionante de la pasividad de Zapatero y su gobierno ante el drama económico de la nación, han caído como un jarro de agua fría sobre la sociedad española, que no entiende cómo el gobierno que preside Zapatero, ante las muchas advertencias de que la crisis llegaba, no ha hecho otra cosa que mantener su política de despilfarro, de negar la existencia de la crisis y de incapacidad manifiesta para gestionar con seriedad la economía española.
Zapatero no ha parado de incrementar el gasto público y el déficit exterior, ya en estado alarmante, es incapaz de practicar la política de austeridad que prometió cuando llegó al poder y ni siquiera sabe qué medidas tomar para hacer frente a una crisis que ya es galopante, que golpea el bolsillo del ciudadano (aunque no el del político) y que él se niega a reconocer.
La gente, simplemente, no entiende que, ante el riesgo extremo de que no puedan pagarse las pensiones, el poder político continúe haciendo exhibición de frivolidad e ineficiencia y que en lugar de tomar medidas urgentes de austeridad y ahorro, siga prometiendo y repartiendo dinero por el mundo, como los 500 millones de euros recién prometidos a la FAO, mientras que ha incrementado el ya nutrido Gabinete Ministerial con un nuevo e innecesario Ministerio (el de Igualdad) y engrosado todavía las legiones de asesores, enchufados y especialistas al servicio del poder, a muchos de los cuales se les ha subido también de categoría y sueldo.
La gente empieza a ponerse nerviosa y se rebela ante las numerosas autosubidas de sueldos de los políticos españoles, especialmente hirientes en tiempos de crisis, hechas casi siempre sin publicidad, sin explicación ni justificación, como la reciente de la alcaldesa socialista de Jaén, que ha subido el sueldo de sus cargos de confianza nada menos que en un 40 por ciento. El caso de Sevilla es especialmente vergonzante: el Ayuntamiento anuncia congelación de sueldos de los altos cargos, pero los sube un cuatro por ciento, un punto menos que la inflación.
Los ciudadanos españoles, ante la gravedad de una crisis que ya golpea sus bolsillos y que amenaza la prosperidad ganada con esfuerzo por toda la sociedad durante las últimas décadas, están escandalizados ante el comportamiento arrogante y provocativo de los políticos, que no han sido capaces de renunciar a ninguno de sus múltiples privilegios y ventajas en tiempos de crisis: ni renuncia a renovar las cada día más nutridas flotas de coches oficiales, ni austeridad en la contratación de nuevos cargos públicos y sueldos, ni renuncia a esos inexplicados repartos de dinero por países de África y América, sustitutos horteras de una diplomacia cada día más ineficaz.
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