La degradada democracia española ha protagonizado en los últimos años "burradas" de todo tipo, algunas de ellas memorables, pero ninguna superaría como desatino y barbaridad política a lo que pretende hacer ahora el Congreso de los Diputados: reprobar al Papa por sus opiniones sobre el preservativo y el SIDA, cuando guarda un silencio vergonzoso en otros asuntos mucho más graves y lesivos para la democracia, la moral y los derechos ciudadanos.
Por fortuna, la metedura de pata es tan inmensa que a la gente le produce risa. Sin embargo, tomada en serio, la aceptación a trámite de la reprobación del Pontífice Romano por parte de la Mesa del Congreso, con el sorprendente voto a favor de Celia Villalobos y Ana Pastor, ambas del Partido Popular, es para echarse a temblar y para concluir que la democracia española no sólo está degradada y corrompida, sino también enloquecida y necesitada de tratamientos drásticos de electroshocks y sedación intensa.
Diversas encuestas realizadas demuestran que el 80 por ciento de los españoles rechazan que el Congreso juzgue al Papa. El rechazo es parecido entre los votantes de izquierda y los de derecha, lo que convierte en todavía más absurdo el proyecto de juicio parlamentario al Papa.
Algunos comentaristas hablan de "opresión", tras recordar que oprimir es imponer a los ciudadanos, desde el poder, opciones arbitrarias y no deseadas.
De lo que sí es reflejo es del divorcio existente entre los políticos españoles y los ciudadanos, uno de los síntomas más claros del deterioro de la democracia en cualquier país del mundo.
Desde la muerte de Franco, la llamada "democracia" española ha protagonizado varias meteduras de pata y barbaridades que han alcanzado el nivel de internacionalmente memorables, entre las que destacan la creación de los GAL en tiempos de Felipe González, para practicar el "terrorismo de Estado"; la nacionalización de RUMASA, realizada sin fundamentos jurídicos; la implicación de España en la guerra de Irak, realizada por el gobierno de Aznar contra la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos; las mentiras reiteradas a la ciudadanía del gobierno de Zapatero; el trato favorable y parcial de Zapatero y su gobierno al terrorismo de ETA para favorecer la negociación de paz; la declaración por parte del ministro de Justicia Bermejo de que la ley debe aplicarse "según convenga a la jugada"; y el apoyo del gobierno a un estatuto catalán que, además de violar los principios de igualdad y solidaridad, atenta contra la Constitución.
Algunas de las barbaridades citadas son gravísimas, pero quizás ninguna de ellas sea tan esperpéntica y demencial como el que un Congreso cobarde, que guarda silencio ante centenares de carencias de la democracia española y ante injusticias internas e internacionales, enjuicie al Papa por sus opiniones.
Aceptamos el derecho del Parlamento español a opinar sobre cualquier asunto de interés para los ciudadanos, siempre que renuncien también al silencio sobarde que mantienen en relación con dramas de España como el deterioro de la democracia, la marginación de los ciudadanos, la corrupción generalizada del sistema y la estafa del Estado a los ciudadanos, a los que no proporciona la seguridad que necesitan, ni la justicia que merecen, ni la eficacia y limpieza de las instituciones, a la que tienen derecho. No es menos lamentable el vergonzoso y cobarde silencio de nuestro Parlamento ante los crímenes de otras religiones, como la musulmana, que persigue, encarcela y hasta mata a los católicos en algunos de sus países, solo por practicar la propia religión, además de violar los derechos humanos fundamentales y predicar la violencia y el exterminio de los infieles como "camino" para ganar el Paraiso en la otra vida.
Por fortuna, la metedura de pata es tan inmensa que a la gente le produce risa. Sin embargo, tomada en serio, la aceptación a trámite de la reprobación del Pontífice Romano por parte de la Mesa del Congreso, con el sorprendente voto a favor de Celia Villalobos y Ana Pastor, ambas del Partido Popular, es para echarse a temblar y para concluir que la democracia española no sólo está degradada y corrompida, sino también enloquecida y necesitada de tratamientos drásticos de electroshocks y sedación intensa.
Diversas encuestas realizadas demuestran que el 80 por ciento de los españoles rechazan que el Congreso juzgue al Papa. El rechazo es parecido entre los votantes de izquierda y los de derecha, lo que convierte en todavía más absurdo el proyecto de juicio parlamentario al Papa.
Algunos comentaristas hablan de "opresión", tras recordar que oprimir es imponer a los ciudadanos, desde el poder, opciones arbitrarias y no deseadas.
De lo que sí es reflejo es del divorcio existente entre los políticos españoles y los ciudadanos, uno de los síntomas más claros del deterioro de la democracia en cualquier país del mundo.
Desde la muerte de Franco, la llamada "democracia" española ha protagonizado varias meteduras de pata y barbaridades que han alcanzado el nivel de internacionalmente memorables, entre las que destacan la creación de los GAL en tiempos de Felipe González, para practicar el "terrorismo de Estado"; la nacionalización de RUMASA, realizada sin fundamentos jurídicos; la implicación de España en la guerra de Irak, realizada por el gobierno de Aznar contra la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos; las mentiras reiteradas a la ciudadanía del gobierno de Zapatero; el trato favorable y parcial de Zapatero y su gobierno al terrorismo de ETA para favorecer la negociación de paz; la declaración por parte del ministro de Justicia Bermejo de que la ley debe aplicarse "según convenga a la jugada"; y el apoyo del gobierno a un estatuto catalán que, además de violar los principios de igualdad y solidaridad, atenta contra la Constitución.
Algunas de las barbaridades citadas son gravísimas, pero quizás ninguna de ellas sea tan esperpéntica y demencial como el que un Congreso cobarde, que guarda silencio ante centenares de carencias de la democracia española y ante injusticias internas e internacionales, enjuicie al Papa por sus opiniones.
Aceptamos el derecho del Parlamento español a opinar sobre cualquier asunto de interés para los ciudadanos, siempre que renuncien también al silencio sobarde que mantienen en relación con dramas de España como el deterioro de la democracia, la marginación de los ciudadanos, la corrupción generalizada del sistema y la estafa del Estado a los ciudadanos, a los que no proporciona la seguridad que necesitan, ni la justicia que merecen, ni la eficacia y limpieza de las instituciones, a la que tienen derecho. No es menos lamentable el vergonzoso y cobarde silencio de nuestro Parlamento ante los crímenes de otras religiones, como la musulmana, que persigue, encarcela y hasta mata a los católicos en algunos de sus países, solo por practicar la propia religión, además de violar los derechos humanos fundamentales y predicar la violencia y el exterminio de los infieles como "camino" para ganar el Paraiso en la otra vida.