La izquierda española está rabiosa porque el Partido Popular parece dispuesto a rebajar drásticamente el número de representantes políticos en los parlamentos y suprimir los sueldos de los diputados que no tengan dedicación exclusiva. Con aparente indignación, dicen que no pagar a los diputados supone "dejar la política en manos de los ricos". Esa negativa a adelgazar el obeso y monstruoso aparato político que padece España deslegitima a la izquierda y la coloca en una posición de debilidad ética frente a la derecha.
El argumento es débil, triste, reaccionario y, sobre todo, antidemocrático, porque rechaza la importancia de dar ejemplo de austeridad y contención en la política, en estos tiempos de crisis, y niega el carácter altruista y amateur de la política auténticamente democrática y aboga por situarla en manos de profesionales bien pagados. Además, impide lo que para España es, probablemente, su mayor prioridad: adelgazar el injusto Estado, sobrecargado de privilegios, desmesurado en su tamaño e hipertrofiado en todas sus facetas por una casta política insaciable y entregada al abuso.
Los que defendemos una dimensión altruista, generosa y amateur de la política entendemos que cualquier ciudadano, sea rico o pobre, puede dedicar horas al servicio a los demás, sin tener que abandonar sus respectivos trabajos, cobrando únicamente dietas por su dedicación a la defensa del bien común.
Nadie ha saltado con más rapidez y fuerza que Izquierda Unida protestando ante la propuesta de la presidenta de Castilla la Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, de retirar los sueldos a los diputados. Los antiguos comunistas, hoy travestidos de demócratas, afirman que quitar sueldos a los políticos limita el acceso del pueblo a la política. Pero la gente de Izquierda Unida ha alcanzado niveles sorprendentes en su divorcio con la ciudadanía, pues mientras existe un clamor en España por la reducción de diputados y los distintos parlamentos, los comunistas andaluces, integrados en el gobierno con el PSOE de Griñán, han propuesto elevar el número de diputados en el Parlamento andaluz.
En las mismas filas de la izquierda ha surgido la polémica y algunos dirigentes, como Rodríguez Ibarra, se han manifestado de acuerdo con la supresión de los sueldos. «No es ninguna innovación. En mi región eso ha ocurrido. Luego llegó Guillermo Fernández Vara y puso sueldo para todos, pero yo creo que se puede hacer política en las comunidades autónomas con la liberación solo de la dirección de los grupos parlamentarios y no del resto de diputados que tienen poca actividad, poco trabajo", ha afirmado el ex presidente socialista de Extremadura.
Es evidente que también en las filas del PP la propuesta de retirar el sueldo fijo a los diputados innecesarios ha sentado mal, especialmente en aquellos muchos que se han acercado a la política para hacer carrera y solucionar sus vidas. Ellos apelan que "el trabajo debe ser pagado", pero es fácil desmontar ese argumento porque el de los diputados se trata de un trabajo superfluo que puede realizarse con la misma eficacia reduciendo al mínimo el número de representantes con dedicación plena y exclusiva, los cuales sí deben cobrar por un trabajo que es bueno para el conjunto de la sociedad.
La Historia demuestra que la política era altruista y amateur en la Grecia clásica que inventó la democracia, hasta que llegó Pericles y adjudicó sueldos a los cargos públicos. Muchos filósofos opinan que aquella remuneración de los cargos fue el principio de la corrupción y del fin de la democracia auténtica.
En otros momentos lúcidos y brillantes de la democracia, como en la etapa del nacimiento de los Estados Unidos, los aspectos amateurs y altruistas de la política siempre prevalecieron sobre la bajeza de criterio de los que quieren profesionalizarla y reservarla a élites encuadradas en partidos bien estructurados y monolíticos.Pero lo más importante es que la medida propuesta por Cospedal tiene en la España actual un amplio respaldo popular, como lo demuestran las encuestas. Los ciudadanos quieren que se reduzcan de manera drástica los privilegios y ventajas de la clase política y que el Estado adelgace y prescinda de muchos de sus lujos e instituciones en estos tiempos de crisis y austeridad forzada. Es más, las encuestas revelan que la mayoría de los españoles cree que antes de subir los impuestos, sobre todo el IVA, el PP debería haber suprimido muchos privilegios de la "casta", que siguen intactos.
Aunque a la izquierda española eso no le importe, la opinión de los ciudadanos tiene (o debería tener) un peso decisivo en democracia.
Muchos pensadores políticos, entre ellos Aristóteles, creen que los cargos políticos no deberían remunerarse y que deberían durar poco para evitar la corrupción. Aristóteles admitía sólo la larga duración (por un año) de tres cargos de la antigua democracia griega: los argontes o grandes jueces, los estrategos y los comandantes supremos de la flota, porque requieren alta especialización. El resto de los cargos deberían durar poco (días o, como mucho, semanas) y otorgarse por sorteo entre los ciudadanos dispuestos y preparados. Los partidos políticos, obviamente, estaban prohibidos en la democracia clásica porque resultaba evidente que eran organizaciones contrarias a los intereses de la mayoría que antepondrían los intereses propios al bien común y al interés general, como, de hecho, ha ocurrido en la Historia de la Humanidad desde que la democracia, en el siglo XIX, cayó en manos de los partidos y de los políticos profesionales.
El argumento es débil, triste, reaccionario y, sobre todo, antidemocrático, porque rechaza la importancia de dar ejemplo de austeridad y contención en la política, en estos tiempos de crisis, y niega el carácter altruista y amateur de la política auténticamente democrática y aboga por situarla en manos de profesionales bien pagados. Además, impide lo que para España es, probablemente, su mayor prioridad: adelgazar el injusto Estado, sobrecargado de privilegios, desmesurado en su tamaño e hipertrofiado en todas sus facetas por una casta política insaciable y entregada al abuso.
Los que defendemos una dimensión altruista, generosa y amateur de la política entendemos que cualquier ciudadano, sea rico o pobre, puede dedicar horas al servicio a los demás, sin tener que abandonar sus respectivos trabajos, cobrando únicamente dietas por su dedicación a la defensa del bien común.
Nadie ha saltado con más rapidez y fuerza que Izquierda Unida protestando ante la propuesta de la presidenta de Castilla la Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, de retirar los sueldos a los diputados. Los antiguos comunistas, hoy travestidos de demócratas, afirman que quitar sueldos a los políticos limita el acceso del pueblo a la política. Pero la gente de Izquierda Unida ha alcanzado niveles sorprendentes en su divorcio con la ciudadanía, pues mientras existe un clamor en España por la reducción de diputados y los distintos parlamentos, los comunistas andaluces, integrados en el gobierno con el PSOE de Griñán, han propuesto elevar el número de diputados en el Parlamento andaluz.
En las mismas filas de la izquierda ha surgido la polémica y algunos dirigentes, como Rodríguez Ibarra, se han manifestado de acuerdo con la supresión de los sueldos. «No es ninguna innovación. En mi región eso ha ocurrido. Luego llegó Guillermo Fernández Vara y puso sueldo para todos, pero yo creo que se puede hacer política en las comunidades autónomas con la liberación solo de la dirección de los grupos parlamentarios y no del resto de diputados que tienen poca actividad, poco trabajo", ha afirmado el ex presidente socialista de Extremadura.
Es evidente que también en las filas del PP la propuesta de retirar el sueldo fijo a los diputados innecesarios ha sentado mal, especialmente en aquellos muchos que se han acercado a la política para hacer carrera y solucionar sus vidas. Ellos apelan que "el trabajo debe ser pagado", pero es fácil desmontar ese argumento porque el de los diputados se trata de un trabajo superfluo que puede realizarse con la misma eficacia reduciendo al mínimo el número de representantes con dedicación plena y exclusiva, los cuales sí deben cobrar por un trabajo que es bueno para el conjunto de la sociedad.
La Historia demuestra que la política era altruista y amateur en la Grecia clásica que inventó la democracia, hasta que llegó Pericles y adjudicó sueldos a los cargos públicos. Muchos filósofos opinan que aquella remuneración de los cargos fue el principio de la corrupción y del fin de la democracia auténtica.
En otros momentos lúcidos y brillantes de la democracia, como en la etapa del nacimiento de los Estados Unidos, los aspectos amateurs y altruistas de la política siempre prevalecieron sobre la bajeza de criterio de los que quieren profesionalizarla y reservarla a élites encuadradas en partidos bien estructurados y monolíticos.Pero lo más importante es que la medida propuesta por Cospedal tiene en la España actual un amplio respaldo popular, como lo demuestran las encuestas. Los ciudadanos quieren que se reduzcan de manera drástica los privilegios y ventajas de la clase política y que el Estado adelgace y prescinda de muchos de sus lujos e instituciones en estos tiempos de crisis y austeridad forzada. Es más, las encuestas revelan que la mayoría de los españoles cree que antes de subir los impuestos, sobre todo el IVA, el PP debería haber suprimido muchos privilegios de la "casta", que siguen intactos.
Aunque a la izquierda española eso no le importe, la opinión de los ciudadanos tiene (o debería tener) un peso decisivo en democracia.
Muchos pensadores políticos, entre ellos Aristóteles, creen que los cargos políticos no deberían remunerarse y que deberían durar poco para evitar la corrupción. Aristóteles admitía sólo la larga duración (por un año) de tres cargos de la antigua democracia griega: los argontes o grandes jueces, los estrategos y los comandantes supremos de la flota, porque requieren alta especialización. El resto de los cargos deberían durar poco (días o, como mucho, semanas) y otorgarse por sorteo entre los ciudadanos dispuestos y preparados. Los partidos políticos, obviamente, estaban prohibidos en la democracia clásica porque resultaba evidente que eran organizaciones contrarias a los intereses de la mayoría que antepondrían los intereses propios al bien común y al interés general, como, de hecho, ha ocurrido en la Historia de la Humanidad desde que la democracia, en el siglo XIX, cayó en manos de los partidos y de los políticos profesionales.