imagen cedida por www.lakodorniz.com
La extensión de la nueva ley de Protección por Desempleo a la clase política municipal es el último privilegio de los políticos españoles, aprobado por unanimidad por esos mismos partidos que son incapaces de dialogar o de alcanzar acuerdos en materias tan importantes como la lucha contra el terrorismo o las grandes líneas de la política exterior.
La ley entró en vigor el pasado puente de la Constitución, con el mayor sigilo, para evitar precisamente el escándalo que provocaría en la ciudadanía, que sin duda sintirá indignación al comprobar que, a pesar de la enorme crispación reinante, los partidos y los políticos se han puesto de acuerdo, unánimemente, para conceder el paro a los concejales y a los escalones más bajos de la política, a los que se considerará, a partir de ahora, asimilados a los trabajadores por cuenta ajena, a pesar de que nada tienen de eso porque se trata de personas elegidas por sus partidos y presentadas en listas cerradas.
Posiblemente, la causa del nuevo privilegio sea el hecho de que miles de concejales itendrán que dejar sus cargos en las próximas elecciones municipales, porque deberán ceder sus puestos a las mujeres, que llegan amparadas por las cuotas de igualdad.
La nueva Ley incrementa todavía más los privilegios de la clase política española, que se ha autodotado de sueldos muy elevados, indemnizaciones, cesantías y pensiones vitalicias, incluso por encima de los máximos permitidas por el sistema público de pensiones. Son auténticos privilegios de clase que rara vez tienen difusión, precisamente para evitar el rechazo que los esos privilegios suelen generar en la población.
No hace mucho, los diputados se han autootorgado el derecho a disfrutar de pensiones máximas con sólo ocho años de actividad, mientras que los demás ciudadanos, para alcanzar el mismo derecho, tienen que cotizar 35 años y los 15 últimos por la base más elevada), todo un privilegio inexplicable que revela el elitismo y el desprecio a la igualdad vigente en la clase política.
Los expertos laboralistas creen que la nueva ley que otorga los beneficios del paro a los concejales no tiene justificación, ya que el sistema de desempleo no se pensó para estos casos, sino para compensar a trabajadores por cuenta ajena. Es como si se admitiera ya sin tapujos que la política es una profesión como las demás, un trabajo como otra cualquierra, más que un servicio a la comunidad desempeñado temporalmente por ciudadanos elegidos, como establece la democracia.
Detrás de estos privilegios se encuentra también el interés de los partidos políticos, que así pueden realizar una mejor oferta a sus candidatos y confeccionar sus listas con más flexibilidad.
La ley entró en vigor el pasado puente de la Constitución, con el mayor sigilo, para evitar precisamente el escándalo que provocaría en la ciudadanía, que sin duda sintirá indignación al comprobar que, a pesar de la enorme crispación reinante, los partidos y los políticos se han puesto de acuerdo, unánimemente, para conceder el paro a los concejales y a los escalones más bajos de la política, a los que se considerará, a partir de ahora, asimilados a los trabajadores por cuenta ajena, a pesar de que nada tienen de eso porque se trata de personas elegidas por sus partidos y presentadas en listas cerradas.
Posiblemente, la causa del nuevo privilegio sea el hecho de que miles de concejales itendrán que dejar sus cargos en las próximas elecciones municipales, porque deberán ceder sus puestos a las mujeres, que llegan amparadas por las cuotas de igualdad.
La nueva Ley incrementa todavía más los privilegios de la clase política española, que se ha autodotado de sueldos muy elevados, indemnizaciones, cesantías y pensiones vitalicias, incluso por encima de los máximos permitidas por el sistema público de pensiones. Son auténticos privilegios de clase que rara vez tienen difusión, precisamente para evitar el rechazo que los esos privilegios suelen generar en la población.
No hace mucho, los diputados se han autootorgado el derecho a disfrutar de pensiones máximas con sólo ocho años de actividad, mientras que los demás ciudadanos, para alcanzar el mismo derecho, tienen que cotizar 35 años y los 15 últimos por la base más elevada), todo un privilegio inexplicable que revela el elitismo y el desprecio a la igualdad vigente en la clase política.
Los expertos laboralistas creen que la nueva ley que otorga los beneficios del paro a los concejales no tiene justificación, ya que el sistema de desempleo no se pensó para estos casos, sino para compensar a trabajadores por cuenta ajena. Es como si se admitiera ya sin tapujos que la política es una profesión como las demás, un trabajo como otra cualquierra, más que un servicio a la comunidad desempeñado temporalmente por ciudadanos elegidos, como establece la democracia.
Detrás de estos privilegios se encuentra también el interés de los partidos políticos, que así pueden realizar una mejor oferta a sus candidatos y confeccionar sus listas con más flexibilidad.