El espectáculo de la torpeza gubernamental al gestionar el secuestro del pesquero Alakrana es inquietante. Mientras tanto, la prensa informa que mafias bulgaras y marroquies roban en España 100.000 coches de lujo al año, que salen con destino a África y el Este de Europa, y que otras bandas internacionales se apropian de decenas de kilos de oro y de millones de euros en los indefensos hogares que asaltan.
A juzgar por los datos de recuperación y de detención de esos ladrones, el gobierno español es lamentablemente ineficiente y no consigue evitar el expolio. Lo mismo ocurre con la violencia en general, con los robos en los hogares, los asaltos y otros tipos de violencias protagonizadas por mafias extranjeras que viajan a España, una especie de paraiso inerme donde es fácil delinquir con impunidad.
Mientras tanto, los ciudadanos españoles, que son rehenes de la inseguridad y víctimas de esas mafias, no pueden hacer nada para acabar con la desesperante ineficiencia del gobierno. Los políticos, a los que pagamos el sueldo con nuestros impuestos, son, en teoría, nuestros empleados, pero ni siquiera podemos expulsarlos por ineptos. Han conseguido blindarse y ni siquiera admiten que les exijamos que cumplan con su deber.
En la España del presente los padres no se sienten tranquilos cuandos sus hijos juegan libremente en las calles. Tienen que ser vigilados para que no les ocurra como a la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta al que la Justicia dejó en libertad sin informar al vecindario de que un asesino nauseabundo andaba suelto.
Los hogares de los españoles permanecían abiertos en tiempos del dictador Franco, pero ahora hay que cerrarlos a cal y canto. Los hogares de la "democracia" son hoy como cárceles donde se encierran y se refugian ciudadanos asustados. Las verdaderas cárceles españolas están repletas y el número de reclusos se ha multiplicado por ocho desde la muerte del dictador. Ahora, después de que la Italia de Berlusconi ha decidido cerrar el país a los delincuentes y canallas, nos tememos que la escoria que rechazan Italia y otros países se instale entre nosotros.
Nuestros políticos son insensibles ante el drama de la inseguridad ciudadana, tal vez porque lo desconocen al sentirse a salvo en sus coches con escolta y en sus residencias vigiladas. Miles de policías son sacados de las calles y obligados a cuidar a los políticos y a sus propiedades. Ellos tienen escoltas personales, viajan en coches blindados, con chofer, y sólo conocen la miseria si algún día ven el telediario. Son una lujosa y superflua "casta" de nuevos amos, inútiles e ineptos.
Los dirigentes políticos españoles, a juzgar por los frutos y resultados de su gestión, merecen ser expulsados de sus puestos de trabajo por quienes les pagamos el sueldo. Cada vez que se enfrentan a un problema, son incapaces de resolverlo y, a veces, con su torpeza, hasta obstaculizan la solución, como está ocurriendo con el caso del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes.
Si trabajaran en una empresa privada, ya habrían sido despedidos de manera procedente, sin gratificación, pero en el Estado han conseguido blindar sus privilegios y han logrado que su ineptitud sea recompensada con subidas salariales, pensiones de lujo, exenciones fiscales y otras distinciones tan inmerecidas como injustas..
A juzgar por los datos de recuperación y de detención de esos ladrones, el gobierno español es lamentablemente ineficiente y no consigue evitar el expolio. Lo mismo ocurre con la violencia en general, con los robos en los hogares, los asaltos y otros tipos de violencias protagonizadas por mafias extranjeras que viajan a España, una especie de paraiso inerme donde es fácil delinquir con impunidad.
Mientras tanto, los ciudadanos españoles, que son rehenes de la inseguridad y víctimas de esas mafias, no pueden hacer nada para acabar con la desesperante ineficiencia del gobierno. Los políticos, a los que pagamos el sueldo con nuestros impuestos, son, en teoría, nuestros empleados, pero ni siquiera podemos expulsarlos por ineptos. Han conseguido blindarse y ni siquiera admiten que les exijamos que cumplan con su deber.
En la España del presente los padres no se sienten tranquilos cuandos sus hijos juegan libremente en las calles. Tienen que ser vigilados para que no les ocurra como a la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta al que la Justicia dejó en libertad sin informar al vecindario de que un asesino nauseabundo andaba suelto.
Los hogares de los españoles permanecían abiertos en tiempos del dictador Franco, pero ahora hay que cerrarlos a cal y canto. Los hogares de la "democracia" son hoy como cárceles donde se encierran y se refugian ciudadanos asustados. Las verdaderas cárceles españolas están repletas y el número de reclusos se ha multiplicado por ocho desde la muerte del dictador. Ahora, después de que la Italia de Berlusconi ha decidido cerrar el país a los delincuentes y canallas, nos tememos que la escoria que rechazan Italia y otros países se instale entre nosotros.
Nuestros políticos son insensibles ante el drama de la inseguridad ciudadana, tal vez porque lo desconocen al sentirse a salvo en sus coches con escolta y en sus residencias vigiladas. Miles de policías son sacados de las calles y obligados a cuidar a los políticos y a sus propiedades. Ellos tienen escoltas personales, viajan en coches blindados, con chofer, y sólo conocen la miseria si algún día ven el telediario. Son una lujosa y superflua "casta" de nuevos amos, inútiles e ineptos.
Los dirigentes políticos españoles, a juzgar por los frutos y resultados de su gestión, merecen ser expulsados de sus puestos de trabajo por quienes les pagamos el sueldo. Cada vez que se enfrentan a un problema, son incapaces de resolverlo y, a veces, con su torpeza, hasta obstaculizan la solución, como está ocurriendo con el caso del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes.
Si trabajaran en una empresa privada, ya habrían sido despedidos de manera procedente, sin gratificación, pero en el Estado han conseguido blindar sus privilegios y han logrado que su ineptitud sea recompensada con subidas salariales, pensiones de lujo, exenciones fiscales y otras distinciones tan inmerecidas como injustas..