El PP es el primer partido imputado de España, al haber sido citado a declarar como persona jurídica para declarar en la causa abierta por la destrucción y borrado de los discos duros de los dos portátiles con los que trabajaba su ex tesorero Luis Bárcenas.
Esa imputación de un partido político es el vértice de una pirámide dramática que refleja la podredumbre de la política y el deterioro de los partidos, que los convierte, junto con sus dirigentes y cuadros, en el peor lastre de España y en su mayor obstáculo para el verdadero progreso.
La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal, a instancia del ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón, en la Ley Orgánica 7/2012.
Hasta entonces, la falsa democracia española había permitido la impunidad práctica de los partidos políticos, que ni siquiera eran responsables ante la ley de sus delitos. A partir de entonces, quedó suprimido el privilegio y los partidos políticos y sindicatos y pasaron a ser responsables penales directos, al margen de lo que realicen sus directivos.
La implicación del PP como partido es una novedad y constituye un paso significativo y peligroso en la ruta española hacia la corrupción. Pero esa imputación no significa necesariamente que el PP sea el partido más corrupto de España, aunque sus numerosos y bien aireados escándalos produzcan esa impresión.
Si se atiende a las cantidades robadas y al número de imputados, el PSOE es el campeón del vicio corrupto y también están por delante del PP las cantidades que se le investigan al clan catalán de los Pujol.
La sociedad española, después de permitir con indiferencia suicida y sin tomar medidas, que la corrupción se extendiera sobre la vida política como una plaga, parece que está despertando ahora e incrementando sus exigencias de limpieza y decencia a la clase política, muy dañada y desprestigiada por la corrupción y el abuso de poder.
Los partidos, empujados por los ciudadanos y por una opinión pública indignada, empiezan a pagar en las urnas sus excesos en corrupción y no tienen más remedio que aprobar algunas medidas contra los corruptos, aunque todavía insuficientes porque siguen existiendo corruptos aforados y en sus cargos públicos.
Muchos comentaristas y analistas empiezan a defender la tesis de que algunos partidos, por su comportamiento, parecen asociaciones para delinquir que deberían ser suprimidas por razones de salud y limpieza.
Los enormes descensos en votos experimentados por el PP y el PSOE en las elecciones del 20 de diciembre y el ascenso de las nuevas formaciones de Podemos y Ciudadanos son la consecuencia directa del cansancio y el rechazo de los ciudadanos a la vida corrupta de los partidos, sobre todo del PSOE y del PP.
Francisco Rubiales
Esa imputación de un partido político es el vértice de una pirámide dramática que refleja la podredumbre de la política y el deterioro de los partidos, que los convierte, junto con sus dirigentes y cuadros, en el peor lastre de España y en su mayor obstáculo para el verdadero progreso.
La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal, a instancia del ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón, en la Ley Orgánica 7/2012.
Hasta entonces, la falsa democracia española había permitido la impunidad práctica de los partidos políticos, que ni siquiera eran responsables ante la ley de sus delitos. A partir de entonces, quedó suprimido el privilegio y los partidos políticos y sindicatos y pasaron a ser responsables penales directos, al margen de lo que realicen sus directivos.
La implicación del PP como partido es una novedad y constituye un paso significativo y peligroso en la ruta española hacia la corrupción. Pero esa imputación no significa necesariamente que el PP sea el partido más corrupto de España, aunque sus numerosos y bien aireados escándalos produzcan esa impresión.
Si se atiende a las cantidades robadas y al número de imputados, el PSOE es el campeón del vicio corrupto y también están por delante del PP las cantidades que se le investigan al clan catalán de los Pujol.
La sociedad española, después de permitir con indiferencia suicida y sin tomar medidas, que la corrupción se extendiera sobre la vida política como una plaga, parece que está despertando ahora e incrementando sus exigencias de limpieza y decencia a la clase política, muy dañada y desprestigiada por la corrupción y el abuso de poder.
Los partidos, empujados por los ciudadanos y por una opinión pública indignada, empiezan a pagar en las urnas sus excesos en corrupción y no tienen más remedio que aprobar algunas medidas contra los corruptos, aunque todavía insuficientes porque siguen existiendo corruptos aforados y en sus cargos públicos.
Muchos comentaristas y analistas empiezan a defender la tesis de que algunos partidos, por su comportamiento, parecen asociaciones para delinquir que deberían ser suprimidas por razones de salud y limpieza.
Los enormes descensos en votos experimentados por el PP y el PSOE en las elecciones del 20 de diciembre y el ascenso de las nuevas formaciones de Podemos y Ciudadanos son la consecuencia directa del cansancio y el rechazo de los ciudadanos a la vida corrupta de los partidos, sobre todo del PSOE y del PP.
Francisco Rubiales