El gobierno, el partido socialista y sus socios nacionalistas están sorprendidos ante el inesperado apoyo que está recibiendo el general Mena, tras haber sido arrestado por sus declaraciones en la Pascua Militar, en las que, con motivo del Estatuto de Cataluña, recordaba preceptos constitucionales y advertía de la obligación del ejército a intervenir si la unidad nacional se viera amenazada.
El Partido Popular ha condenado la interferencia en la opinión pública del alto jefe militar, pero ha explicado sus palabras, de alguna manera, al recordar que esas declaraciones responden al malestar de la sociedad española, del que participan los cuarteles, por la actitud del gobierno y su permisividad frente a un Estatuto catalán que amenaza la unidad, la solidaridad, la igualdad de los ciudadanos y otros principios y consensos básicos de España como nación.
En los cuarteles se han detectado corrientes de apoyo al general Mena, a pesar de que el gobierno lo considera un caso aislado. La carta de medio centenar de militares que publicó el diario “La Razón” es una muestra de esos sentimientos. Parte de la sociedad está manifestando su apoyo al general mediante cartas a los directores de periódicos, llamadas a los medios y movimientos de recogidas de firmas, entre otros gestos.
Durante el acto de la Pascua Militar celebrada en Sevilla y hablando del estatuto de Cataluña, el Teniente General José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre recordó que "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía" y recalcó que "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional".
El jefe militar fue arrestado y será, con seguridad, destituido. Sin embargo, conviene recordar el Artículo 177 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que dice textualmente: "Todo militar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la manifestación individual o colectiva, tanto en público como en privado, sin otras limitaciones que las legalmente impuestas por razones de disciplina o seguridad".
El militar, que, indudablemente, ha violado la neutralidad democrática obligada de los jefes militares en asuntos políticos, está recibiendo más apoyo del esperado, lo que refleja un malestar latente en la sociedad española con respecto a los nacionalismos extremos vasco y catalán y, concretamente, con el Estatuto catalán, rechazado por la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo a miles de militantes socialistas indignados.
La situación podría escapársele al gobierno de las manos si las declaraciones del general, como temen algunos miembros del gobierno y de los partidos que lo sostienen, sirve de catalizador y estimula el descontento que existe en España con respecto a la política del gobierno en general y a la relacionada con el nacionalismo catalán, en particular.
Algunos observadores afirman que lo que ocurre no es que los ciudadanos estén apoyando al general Mena sino que más bien están aprovechando el "asunto" del general para expresar su profundo desacuerdo con el gobierno.
Si las protestas y manifestaciones continúan, se pondrá en evidencia que el gobierno actual está tomando decisiones en contra de la mayoría de los ciudadanos, algo que los políticos creen que pueden hacer porque son los “representantes” elegidos” por el pueblo soberano, pero que muchos autores y expertos cuestionan tras afirmar que los ciudadanos no se retiran de la escena cuando votan, sino que permanecen vigilantes en democracia y pueden, en cualquier momento, retirar su confianza a “sus” delegados, que están obligados a ganarse esa confianza cada día con sus actuaciones.
El Partido Popular ha condenado la interferencia en la opinión pública del alto jefe militar, pero ha explicado sus palabras, de alguna manera, al recordar que esas declaraciones responden al malestar de la sociedad española, del que participan los cuarteles, por la actitud del gobierno y su permisividad frente a un Estatuto catalán que amenaza la unidad, la solidaridad, la igualdad de los ciudadanos y otros principios y consensos básicos de España como nación.
En los cuarteles se han detectado corrientes de apoyo al general Mena, a pesar de que el gobierno lo considera un caso aislado. La carta de medio centenar de militares que publicó el diario “La Razón” es una muestra de esos sentimientos. Parte de la sociedad está manifestando su apoyo al general mediante cartas a los directores de periódicos, llamadas a los medios y movimientos de recogidas de firmas, entre otros gestos.
Durante el acto de la Pascua Militar celebrada en Sevilla y hablando del estatuto de Cataluña, el Teniente General José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre recordó que "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía" y recalcó que "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional".
El jefe militar fue arrestado y será, con seguridad, destituido. Sin embargo, conviene recordar el Artículo 177 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que dice textualmente: "Todo militar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la manifestación individual o colectiva, tanto en público como en privado, sin otras limitaciones que las legalmente impuestas por razones de disciplina o seguridad".
El militar, que, indudablemente, ha violado la neutralidad democrática obligada de los jefes militares en asuntos políticos, está recibiendo más apoyo del esperado, lo que refleja un malestar latente en la sociedad española con respecto a los nacionalismos extremos vasco y catalán y, concretamente, con el Estatuto catalán, rechazado por la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo a miles de militantes socialistas indignados.
La situación podría escapársele al gobierno de las manos si las declaraciones del general, como temen algunos miembros del gobierno y de los partidos que lo sostienen, sirve de catalizador y estimula el descontento que existe en España con respecto a la política del gobierno en general y a la relacionada con el nacionalismo catalán, en particular.
Algunos observadores afirman que lo que ocurre no es que los ciudadanos estén apoyando al general Mena sino que más bien están aprovechando el "asunto" del general para expresar su profundo desacuerdo con el gobierno.
Si las protestas y manifestaciones continúan, se pondrá en evidencia que el gobierno actual está tomando decisiones en contra de la mayoría de los ciudadanos, algo que los políticos creen que pueden hacer porque son los “representantes” elegidos” por el pueblo soberano, pero que muchos autores y expertos cuestionan tras afirmar que los ciudadanos no se retiran de la escena cuando votan, sino que permanecen vigilantes en democracia y pueden, en cualquier momento, retirar su confianza a “sus” delegados, que están obligados a ganarse esa confianza cada día con sus actuaciones.