Las encuestas dicen que la Montero es la ministra con peor imagen del Gobierno, por delante de Marlaska, del vapuleado Ábalos y del mismo Pedro Sánchez. Las investigaciones sociológicas reflejan con claridad que mucha gente rechaza lo que interpreta como chulería, altivez y acento andaluz falsificado.
Algunos han opinado que es una mujer que parece disfrutar causando dolor y que parece lucirse con orgullo cuando anuncia castigos arbitrarios como la intervención de la economía andaluza y lo que ella llama "armonización" del Impuesto de Sucesiones, un truco semántico para esconder que lo que pretende realmente es imponer por la fuerza un tributo humillante e injusto del que muchos españoles habían logrado librarse.
Pero el PSOE de Sánchez le ha perdido el miedo y el respeto al pueblo, a la opinión pública y, lo que es peor, a la voluntad popular, un valor clave en democracia, porque impone su voluntad a las mayorías sintiéndose fuerte y seguro, rodeado de policías, de jueces amigos y de medios de comunicación sometidos. Es el único partido político conocido en Europa al que parece no importarle adoptar medidas injustas, torpes e hirientes que producen rechazo popular y una lógica sangría de votos. Es como si estuviera seguro de ganar las elecciones, vote lo que vote el pueblo.
La ministra Montero se le notaba la rabia cuando la derecha ganó las elecciones en Andalucía y expulsó del poder a su partido, un PSOE que siempre creyó que "el cortijo abdauz" era su propiedad. Y se sintió más humillada todavía cuando los nuevos gobernantes eliminaron casi por completo el Impuesto de Sucesiones, ese robo de herencias que ella practicó con sadismo durante su etapa de ministra de Hacienda andaluza.
Todo el mundo sabe que parte de su mala imagen pública se la debe la ministra Montero a su defensa fanática del Impuesto de Sucesiones, que ahora quiere imponer en toda España, a pesar de que ese impuesto es impopular, injusto y está rechazado por la mayoría de la población y por legiones de juristas y expertos, que aconsejan eliminarlo o, al menos, colocarlo en niveles tan altos (por encima de herencias superiores a cinco millones de euros) que no afecte a los trabajadores, autónomos, profesionales libres y clases medias.
Todo el discurso que rodea el cobro del Impuesto de Sucesiones es falso, populista y cruel, que disfraza el robo legal de las herencias de política de distribución de la riqueza y de cobro compensatorio a los más ricos. Ese impuesto permite al gobierno apoderarse por la fuerza del fruto del trabajo de toda una vida y niega a los que van a morir el ancestral derecho a transmitir sus bienes a sus herederos, algo que se hace en el mundo desde el tiempo de los faraones. La verdad es que ese impuesto es mucho mas rastrero y vil de lo que afirman los socialistas y podemitas porque los ricos rara vez lo pagan, golpea en realidad a las clases medias y a los autónomos y en lugar de utilizar su recaudación para mejorar los servicios básicos o pagar pensiones, sirve muchas veces para pagar privilegios a vascos y catalanes, para financiar el poder de los que mandan, para comprar medios de comunicación y voluntades y para enriquecer a corruptos y depredadores con poder.
Ahora, la ministra y las plataformas populares contra ese impuesto injusto y vil se verán las caras de nuevo, después de que FENCIS ha decidido reactivar la lucha e impedir, llenado las calles de protesta, que ese impuesto vuelva a amargar la vida a miles de personas, a cerrar empresas, a eliminar puestos de trabajo y a humillar a tantas víctimas que, además de haber perdido la herencia de sus padres, perdieron también sus bienes privativos, su empresas y la paz, atribulados por las multas, los embargos, los intereses abusivos y las subastas de sus bienes, muchas veces adquiridos, a precio de saldo, por mafias especializadas en aprovechar gangas y oportunidades en los tribunales.
Los activistas anti-expolio de FENCIS están recabando opiniones y abriendo contactos internacionales para aportar a los tribunales españoles y europeos una serie de dictámenes de profunda solvencia profesional y técnica, elaborados por juristas de reconocido prestigio, sobre la injusticia y el abuso de poder que representa el robo legal de las herencias en España y toda la parafernalia de abuso e iniquidad que acompaña a ese tributo, el más impopular y el más rechazado de todos los existentes en España.
(NOTA): Por mi profesión de experto en comunicación, llevo tres décadas eligiendo y formando portavoces en instituciones y empresas y jamás se me habría ocurrido elegir a una persona con el perfil de la ministra Montero para desempeñar esa misión.
Francisco Rubiales
Algunos han opinado que es una mujer que parece disfrutar causando dolor y que parece lucirse con orgullo cuando anuncia castigos arbitrarios como la intervención de la economía andaluza y lo que ella llama "armonización" del Impuesto de Sucesiones, un truco semántico para esconder que lo que pretende realmente es imponer por la fuerza un tributo humillante e injusto del que muchos españoles habían logrado librarse.
Pero el PSOE de Sánchez le ha perdido el miedo y el respeto al pueblo, a la opinión pública y, lo que es peor, a la voluntad popular, un valor clave en democracia, porque impone su voluntad a las mayorías sintiéndose fuerte y seguro, rodeado de policías, de jueces amigos y de medios de comunicación sometidos. Es el único partido político conocido en Europa al que parece no importarle adoptar medidas injustas, torpes e hirientes que producen rechazo popular y una lógica sangría de votos. Es como si estuviera seguro de ganar las elecciones, vote lo que vote el pueblo.
La ministra Montero se le notaba la rabia cuando la derecha ganó las elecciones en Andalucía y expulsó del poder a su partido, un PSOE que siempre creyó que "el cortijo abdauz" era su propiedad. Y se sintió más humillada todavía cuando los nuevos gobernantes eliminaron casi por completo el Impuesto de Sucesiones, ese robo de herencias que ella practicó con sadismo durante su etapa de ministra de Hacienda andaluza.
Todo el mundo sabe que parte de su mala imagen pública se la debe la ministra Montero a su defensa fanática del Impuesto de Sucesiones, que ahora quiere imponer en toda España, a pesar de que ese impuesto es impopular, injusto y está rechazado por la mayoría de la población y por legiones de juristas y expertos, que aconsejan eliminarlo o, al menos, colocarlo en niveles tan altos (por encima de herencias superiores a cinco millones de euros) que no afecte a los trabajadores, autónomos, profesionales libres y clases medias.
Todo el discurso que rodea el cobro del Impuesto de Sucesiones es falso, populista y cruel, que disfraza el robo legal de las herencias de política de distribución de la riqueza y de cobro compensatorio a los más ricos. Ese impuesto permite al gobierno apoderarse por la fuerza del fruto del trabajo de toda una vida y niega a los que van a morir el ancestral derecho a transmitir sus bienes a sus herederos, algo que se hace en el mundo desde el tiempo de los faraones. La verdad es que ese impuesto es mucho mas rastrero y vil de lo que afirman los socialistas y podemitas porque los ricos rara vez lo pagan, golpea en realidad a las clases medias y a los autónomos y en lugar de utilizar su recaudación para mejorar los servicios básicos o pagar pensiones, sirve muchas veces para pagar privilegios a vascos y catalanes, para financiar el poder de los que mandan, para comprar medios de comunicación y voluntades y para enriquecer a corruptos y depredadores con poder.
Ahora, la ministra y las plataformas populares contra ese impuesto injusto y vil se verán las caras de nuevo, después de que FENCIS ha decidido reactivar la lucha e impedir, llenado las calles de protesta, que ese impuesto vuelva a amargar la vida a miles de personas, a cerrar empresas, a eliminar puestos de trabajo y a humillar a tantas víctimas que, además de haber perdido la herencia de sus padres, perdieron también sus bienes privativos, su empresas y la paz, atribulados por las multas, los embargos, los intereses abusivos y las subastas de sus bienes, muchas veces adquiridos, a precio de saldo, por mafias especializadas en aprovechar gangas y oportunidades en los tribunales.
Los activistas anti-expolio de FENCIS están recabando opiniones y abriendo contactos internacionales para aportar a los tribunales españoles y europeos una serie de dictámenes de profunda solvencia profesional y técnica, elaborados por juristas de reconocido prestigio, sobre la injusticia y el abuso de poder que representa el robo legal de las herencias en España y toda la parafernalia de abuso e iniquidad que acompaña a ese tributo, el más impopular y el más rechazado de todos los existentes en España.
(NOTA): Por mi profesión de experto en comunicación, llevo tres décadas eligiendo y formando portavoces en instituciones y empresas y jamás se me habría ocurrido elegir a una persona con el perfil de la ministra Montero para desempeñar esa misión.
Francisco Rubiales