Internet está abriéndose a un tema escabroso y hasta ahora tabú, el de los posibles fraudes electorales en España. Gente que parece solvente y formada sostiene que las actas se manipulan, que el número de abstenciones se falsea constantemente, que el voto por correo es un coladero y que se reparten votos inexistentes entre los grandes partidos. Hasta hay peticiones formales, con miles de firmas, que exigen la presencia de observadores internacionales que velen por la limpieza de los próximos comicios. Algunos se atreven a argumentar que es lógico que España, que es uno de los países del mundo con mas alta corrupción en sus instituciones, sea vigilada por observadores para evitar que se violen los resultados de las próximas elecciones, que serán, probablemente, las mas dramáticas y peligrosas para los grandes partidos que han gobernado España desde la muerte de Franco.
El rechazo de los ciudadanos a partidos como el PSOE, el PP, IU y, aunque en menor medida, también a sus cómplices nacionalistas vascos y catalanes, culpables todos ellos de haber construido, desde el poder estatal, esta España corrupta, plagada de políticos arrogantes y sospechosamente enriquecidos, injusta y llena de nuevos pobres, desempleados, negocios ruinosos y empresas desmanteladas, es creciente y parece indetenible. En las sedes de los grandes partidos empieza a cundir el desánimo porque están comprobando que la derrota es inevitable y que la indignación de los ciudadanos y sus deseos de vengarse en las urnas no son pasajeros sino estables y sólidos.
Ante esa situación, ¿quien va a impedir que los que se han comportado como sinvergüenzas con el urbanismo, los contratos públicos, las comisiones, los EREs, las estafas bancarias y otras corrupciones no se atrevan ahora a manipular los resultados electorales?
Las sospechas han tomado cuerpo después de que la Junta Electoral de Sevilla se negara recientemente a mostrar las actas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo y de las europeas, incumpliendo así la ley electoral. La Junta Electoral de Sevilla está dando por buenos los datos provisionales del escrutinio realizado en las mesas la noche de las elecciones. Estos datos carecen de toda vigilancia y supervisión por parte de la Administración electoral, por lo que según la ley electoral, deben cotejarse con el recuento de todas las actas oficiales.
De hecho, parece que ese cotejo de las actas no se realiza desde hace mas de quince años, lo que resta garantías al proceso de escrutinio y a los resultados proclamados. En un escrito remitido por la Junta Electoral Central, la delegación provincial reconoce que no comprueban las actas de las mesas electorales y no realizan el escrutinio general obligatorio por ley porque nunca "ninguna candidatura ha mostrado oposición".
El incumplimiento sistemático de la ley hizo posible que en las pasadas elecciones a la Junta de Andalucía se registraron en la provincia de Sevilla un total de 116 irregularidades, entre ellas la más sorprendente es que entre el primer y el segundo recuento desaparecieron más de 4.600 votantes y a la formación VOX le restaron en el primer escrutinio un 5% de los votos finales.
¿Accidente? ¿Manipulación? En cualquier caso, combustible para la sospecha, sobre todo en vísperas de unas elecciones que serán cruciales para unos partidos como el PP y el PSOE, que en España poseen un poder descontrolado y sin suficiente vigilancia ciudadana y del mismo sistema. En esas elecciones, los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos podrían arrebatar enormes cuotas de poder al PP y al PSOE, lo que para esos partidos, cuyos seguidores están acostumbrados a repartirse cargos y privilegios, puede resultar una auténtica tragedia.
El asunto es grave porque la sospecha de trampas en los resultados electorales ha llegado nada menos que a la televisión, donde se denuncian irregularidades y sospechas, lo que representa un deterioro notable y profundo de la imagen del sistema y un salto cualitativo en la podredumbre de la política española.
El rechazo de los ciudadanos a partidos como el PSOE, el PP, IU y, aunque en menor medida, también a sus cómplices nacionalistas vascos y catalanes, culpables todos ellos de haber construido, desde el poder estatal, esta España corrupta, plagada de políticos arrogantes y sospechosamente enriquecidos, injusta y llena de nuevos pobres, desempleados, negocios ruinosos y empresas desmanteladas, es creciente y parece indetenible. En las sedes de los grandes partidos empieza a cundir el desánimo porque están comprobando que la derrota es inevitable y que la indignación de los ciudadanos y sus deseos de vengarse en las urnas no son pasajeros sino estables y sólidos.
Ante esa situación, ¿quien va a impedir que los que se han comportado como sinvergüenzas con el urbanismo, los contratos públicos, las comisiones, los EREs, las estafas bancarias y otras corrupciones no se atrevan ahora a manipular los resultados electorales?
Las sospechas han tomado cuerpo después de que la Junta Electoral de Sevilla se negara recientemente a mostrar las actas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo y de las europeas, incumpliendo así la ley electoral. La Junta Electoral de Sevilla está dando por buenos los datos provisionales del escrutinio realizado en las mesas la noche de las elecciones. Estos datos carecen de toda vigilancia y supervisión por parte de la Administración electoral, por lo que según la ley electoral, deben cotejarse con el recuento de todas las actas oficiales.
De hecho, parece que ese cotejo de las actas no se realiza desde hace mas de quince años, lo que resta garantías al proceso de escrutinio y a los resultados proclamados. En un escrito remitido por la Junta Electoral Central, la delegación provincial reconoce que no comprueban las actas de las mesas electorales y no realizan el escrutinio general obligatorio por ley porque nunca "ninguna candidatura ha mostrado oposición".
El incumplimiento sistemático de la ley hizo posible que en las pasadas elecciones a la Junta de Andalucía se registraron en la provincia de Sevilla un total de 116 irregularidades, entre ellas la más sorprendente es que entre el primer y el segundo recuento desaparecieron más de 4.600 votantes y a la formación VOX le restaron en el primer escrutinio un 5% de los votos finales.
¿Accidente? ¿Manipulación? En cualquier caso, combustible para la sospecha, sobre todo en vísperas de unas elecciones que serán cruciales para unos partidos como el PP y el PSOE, que en España poseen un poder descontrolado y sin suficiente vigilancia ciudadana y del mismo sistema. En esas elecciones, los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos podrían arrebatar enormes cuotas de poder al PP y al PSOE, lo que para esos partidos, cuyos seguidores están acostumbrados a repartirse cargos y privilegios, puede resultar una auténtica tragedia.
El asunto es grave porque la sospecha de trampas en los resultados electorales ha llegado nada menos que a la televisión, donde se denuncian irregularidades y sospechas, lo que representa un deterioro notable y profundo de la imagen del sistema y un salto cualitativo en la podredumbre de la política española.