Las cajas de ahorros españolas eran las perlas de la estructura financiera del franquismo. Inspiradas en criterios benéficos y populares, las cajas cumplían un doble papel de gran importancia: acercar la economía moderna a las familias y a las clases populares y, a través de sus obras sociales, estimular la cultura y las actividades benéficas y de justicia social.
Pero, inexplicablemente, la llegada de la mal llamada "Democracia Española", un sistema que más bien fue una dictadura camuflada de partidos políticos, trajo consigo una lamentable sentencia de muerte para esas cajas de ahorro, que fueron ocupadas por los políticos y los sindicatos, que desplazaron a los profesionales de su dirección y que las corrompieron y utilizaron en beneficio propio, condenándolas a muerte.
Hoy, cuando la mayoría de las cajas españolas están ya arruinadas, resulta evidente que los políticos y los sindicalistas son los principales culpables del asesinato de esas estupendas instituciones. Y deberían pagar por ese crimen.
El éxito de las cajas fue impresionante y llegaron a constituir el 50% del mercado financiero español, lo que permitía una estimulante dualidad entre bancos y cajas, que generaba envidia en el mundo, una sana competencia y un mejor servicio a la sociedad.
Pero, tras la muerte de Franco, entraron en la escena las dos plagas mayores de la historia moderna de España, los políticos y los sindicalistas, y las cajas fueron asesinadas. Al invadir y dominar los consejos de administración, los partidos y los sindicatos corrompieron y traicionaron el espíritu fundacional de las cajas y las pusieron no al servicio de las clases populares, sino de sus propios intereses.
El resultado fue una paulatina pero constante eliminación de los profesionales en la dirección y la sustitución de los criterios racionales y técnicos por el amiguismo, el partidismo y la arbitrariedad. Se concedieron créditos a los partidos políticos, muchos de los cuales nunca fueron pagados o fueron vergonzosamente condonados; se dieron créditos masivos a los mismos promotores inmobiliarios que daban comisiones a los partidos y a los ayuntamientos; fueron beneficiados los amigos del poder y se utilizó el dinero de las cajas para comprar voluntades y doblegar a los críticos y disidentes, desmanes que el poder político nunca condenó ni evitó, sino que apoyó vergonzosamente porque favorecía sus miserables intereses.
Es fácilmente demostrable que, en los últimos 25 años, desde instancias gubernamentales y desde el mismo Banco de España, se ha estado trabajando contra las Cajas. Pero lo peor de todo no fue el asesinato de esas hermosas instituciones, sino la forma como las mataron: desvalijando sus fondos, liquidando sus recursos, exprimiéndolas de manera miserable y llevándolas irresponsablemente hasta el precipicio.
Únicamente se han salvado de la masacre las escasas cajas que limitaron o, incluso, impidieron la invasión de los políticos y sindicalistas en sus estructuras de decisión. Todas, incluso las pocas que cerraron el paso a partidos y sindicatos, tuvieron que pagar algún tipo de peaje, financiando desmanes políticos o repartiendo créditos estratégicos y comisiones, pero algunas consiguieron encapsular el cancer político y sindical y lograron sobrevivir hasta hoy sin sufrir daños fatales.
Ahora, después de décadas intentándolo, parece que ha llegado la hora del entierro de la mayoría de las cajas españolas, algunas de las cuales se transformarán en bancos y otras se diluirán en alianzas que nadie sabe cómo y hasta cuando funcionarán. La triste y falsa justificación de la matanza es que la crisis y la difícil coyuntura económica son irresistibles para las cajas, ocultando el dato vital de que si no pueden resistir es porque la miseria política las ha debilitado hasta el extremo.
La actual agonía de las cajas de ahorro es curiosamente paralela al declive de la familia española, auténtica columna vertebral de la sociedad, también acosada y esquilmada por la pésima clase política que está destrozando España desde el poder. También es simultánea al desprestigio de la casta política, española, una de las peor valoradas del mundo por su pueblo.
Es obvio que, además del acoso indecente de los políticos y sindicatos, hay otros factores que han contribuido a la ruina de las cajas, entre ellos su exposición excesiva a los valores inmobiliarios y a la crisis económica, pero casi siempre ha sido la mala gestión de los políticos la que ha expuesto a las cajas, sin prudencia ni cautelas, a todos los riesgos y peligros imaginables.
El resultado es que la mayoría de las cajas están en la ruta del desastre tras haber sufrido daños más intensos y dramáticos que los bancos privados, a pesar de que, teóricamente, al no tener que compensar a sus accionistas, tenían ventajas estructurales para resistir mejor esos dramas que acosan a la economía española.
La crisis inmobiliaria ha provocado unas perdidas de alrededor de 150 mil millones de euros entre promotores y entidades financieras que aún no han emergido, lo que lastra la credibilidad de toda la economía. Es lógico que las Cajas de Ahorros hayan salido perjudicadas, pero no hasta el extremo de su ruina, al que se ha llegado por culpa de la mala gestión de políticos y sindicalistas.
La desaparición de las cajas trae consigo nuevos problemas en el futuro, entre ellos un mayor oligopolio financiero, que causará problemas de exclusión para los sectores más débiles de la población. ¿Quién cumplirá en adelante el papel de banco de las familias y de los más desfavorecidos? ¿Dejará la sociedad de recibir el dividendo social que le entregaban las cajas?
La casta política española, tanto de izquierda como de derecha, tiene en su "debe" otro drama que los ciudadanos deberían hacerle pagar: el de haber esquilmado y liquidado el sistema español de cajas, un auténtico orgullo nacional hasta no hace mucho.
Pero, inexplicablemente, la llegada de la mal llamada "Democracia Española", un sistema que más bien fue una dictadura camuflada de partidos políticos, trajo consigo una lamentable sentencia de muerte para esas cajas de ahorro, que fueron ocupadas por los políticos y los sindicatos, que desplazaron a los profesionales de su dirección y que las corrompieron y utilizaron en beneficio propio, condenándolas a muerte.
Hoy, cuando la mayoría de las cajas españolas están ya arruinadas, resulta evidente que los políticos y los sindicalistas son los principales culpables del asesinato de esas estupendas instituciones. Y deberían pagar por ese crimen.
El éxito de las cajas fue impresionante y llegaron a constituir el 50% del mercado financiero español, lo que permitía una estimulante dualidad entre bancos y cajas, que generaba envidia en el mundo, una sana competencia y un mejor servicio a la sociedad.
Pero, tras la muerte de Franco, entraron en la escena las dos plagas mayores de la historia moderna de España, los políticos y los sindicalistas, y las cajas fueron asesinadas. Al invadir y dominar los consejos de administración, los partidos y los sindicatos corrompieron y traicionaron el espíritu fundacional de las cajas y las pusieron no al servicio de las clases populares, sino de sus propios intereses.
El resultado fue una paulatina pero constante eliminación de los profesionales en la dirección y la sustitución de los criterios racionales y técnicos por el amiguismo, el partidismo y la arbitrariedad. Se concedieron créditos a los partidos políticos, muchos de los cuales nunca fueron pagados o fueron vergonzosamente condonados; se dieron créditos masivos a los mismos promotores inmobiliarios que daban comisiones a los partidos y a los ayuntamientos; fueron beneficiados los amigos del poder y se utilizó el dinero de las cajas para comprar voluntades y doblegar a los críticos y disidentes, desmanes que el poder político nunca condenó ni evitó, sino que apoyó vergonzosamente porque favorecía sus miserables intereses.
Es fácilmente demostrable que, en los últimos 25 años, desde instancias gubernamentales y desde el mismo Banco de España, se ha estado trabajando contra las Cajas. Pero lo peor de todo no fue el asesinato de esas hermosas instituciones, sino la forma como las mataron: desvalijando sus fondos, liquidando sus recursos, exprimiéndolas de manera miserable y llevándolas irresponsablemente hasta el precipicio.
Únicamente se han salvado de la masacre las escasas cajas que limitaron o, incluso, impidieron la invasión de los políticos y sindicalistas en sus estructuras de decisión. Todas, incluso las pocas que cerraron el paso a partidos y sindicatos, tuvieron que pagar algún tipo de peaje, financiando desmanes políticos o repartiendo créditos estratégicos y comisiones, pero algunas consiguieron encapsular el cancer político y sindical y lograron sobrevivir hasta hoy sin sufrir daños fatales.
Ahora, después de décadas intentándolo, parece que ha llegado la hora del entierro de la mayoría de las cajas españolas, algunas de las cuales se transformarán en bancos y otras se diluirán en alianzas que nadie sabe cómo y hasta cuando funcionarán. La triste y falsa justificación de la matanza es que la crisis y la difícil coyuntura económica son irresistibles para las cajas, ocultando el dato vital de que si no pueden resistir es porque la miseria política las ha debilitado hasta el extremo.
La actual agonía de las cajas de ahorro es curiosamente paralela al declive de la familia española, auténtica columna vertebral de la sociedad, también acosada y esquilmada por la pésima clase política que está destrozando España desde el poder. También es simultánea al desprestigio de la casta política, española, una de las peor valoradas del mundo por su pueblo.
Es obvio que, además del acoso indecente de los políticos y sindicatos, hay otros factores que han contribuido a la ruina de las cajas, entre ellos su exposición excesiva a los valores inmobiliarios y a la crisis económica, pero casi siempre ha sido la mala gestión de los políticos la que ha expuesto a las cajas, sin prudencia ni cautelas, a todos los riesgos y peligros imaginables.
El resultado es que la mayoría de las cajas están en la ruta del desastre tras haber sufrido daños más intensos y dramáticos que los bancos privados, a pesar de que, teóricamente, al no tener que compensar a sus accionistas, tenían ventajas estructurales para resistir mejor esos dramas que acosan a la economía española.
La crisis inmobiliaria ha provocado unas perdidas de alrededor de 150 mil millones de euros entre promotores y entidades financieras que aún no han emergido, lo que lastra la credibilidad de toda la economía. Es lógico que las Cajas de Ahorros hayan salido perjudicadas, pero no hasta el extremo de su ruina, al que se ha llegado por culpa de la mala gestión de políticos y sindicalistas.
La desaparición de las cajas trae consigo nuevos problemas en el futuro, entre ellos un mayor oligopolio financiero, que causará problemas de exclusión para los sectores más débiles de la población. ¿Quién cumplirá en adelante el papel de banco de las familias y de los más desfavorecidos? ¿Dejará la sociedad de recibir el dividendo social que le entregaban las cajas?
La casta política española, tanto de izquierda como de derecha, tiene en su "debe" otro drama que los ciudadanos deberían hacerle pagar: el de haber esquilmado y liquidado el sistema español de cajas, un auténtico orgullo nacional hasta no hace mucho.