En 2007 publiqué (Almuzara) "Políticos los nuevos amos", un libro que ya anticipaba el profundo deterioro de la democracia y los privilegios injustos y corruptos de la clase política actual.
Los gobiernos de las últimas décadas han consolidado, en numerosos países democráticos, un sistema en el que la clase política disfruta de condiciones de vida, seguridad jurídica y previsiones de futuro notablemente superiores a las de la mayoría de los ciudadanos.
Salarios elevados, pensiones privilegiadas, inmunidades procesales, dietas, asesores a cargo del presupuesto público y puertas giratorias hacia el sector privado o hacia cargos en organismos internacionales forman un entramado que reduce el riesgo personal de quienes toman las decisiones.
Mientras tanto, amplias capas de la población —jóvenes sin acceso a la vivienda, clases medias asfixiadas por la presión fiscal, pequeños empresarios y trabajadores— enfrentan precariedad, inseguridad, retrasos judiciales y una sensación creciente de que el esfuerzo individual no garantiza la estabilidad.
Esta asimetría, injusta e indecente, no es casual: responde a la profesionalización extrema de la política, a la falta de controles y límites a los poderosos y a la ausencia de mecanismos eficaces que vinculen el destino de los gobernantes al de los gobernados.
Las causas de este desequilibrio son estructurales. La ausencia de límites estrictos a la reelección, la financiación pública de los partidos, el control de nombramientos en órganos reguladores y judiciales, y la capacidad de prorrogar presupuestos durante años sin consecuencias automáticas permiten a los ejecutivos gobernar con escasa rendición de cuentas.
En España, por ejemplo, la injusticia se ha disparado con el sanchismo. La corrupción, la mentira, el odio, la división, los enfrentamientos con la Justicia y el abuso de poder son casi diarios. La prórroga sucesiva de los presupuestos de 2023 durante varios ejercicios ilustra cómo un gobierno puede mantenerse sin someterse anualmente al control parlamentario pleno, que el artículo 134 de la Constitución exige.
A ello se suma el clientelismo: redes de cargos de confianza, subvenciones discrecionales y alianzas con grupos de interés que aseguran apoyo a cambio de favores. El resultado es un círculo de privilegio en el que el coste de las malas decisiones recae sobre el contribuyente, mientras el político rara vez pierde su estatus o su pensión.
Las pruebas del deterioro ciudadano son visibles y medibles. La dificultad de los jóvenes para emanciparse, el aumento de la delincuencia en determinadas ciudades, la saturación de los tribunales, la erosión de la confianza en las instituciones y el estancamiento de la productividad en varios países europeos muestran que las promesas de prosperidad y seguridad no se han cumplido para amplias mayorías.
Los escándalos de corrupción, la impunidad relativa de ciertos casos y la percepción de que las élites políticas se blindan mientras piden sacrificios al resto alimentan el desencanto. No todos los gobernantes actúan de la misma manera, pero la incapacidad o la falta de voluntad de muchos ejecutivos para priorizar el interés general sobre el partidario es un factor determinante.
Denunciar este drama no basta. Hay que exigir reformas que restablezcan la igualdad.
Límites de mandatos, transparencia patrimonial real, eliminación de privilegios especiales, presupuestos anuales con disolución automática si no se aprueban, y responsabilidad personal efectiva por corrupción o negligencia grave son medidas que otros sistemas han ensayado con resultados variables.
Mientras la clase política se proteja a sí misma y el ciudadano soporte el coste, la distancia entre el paraíso de unos y las dificultades de otros seguirá creciendo, y con ella el riesgo de que la desconfianza se convierta en rechazo generalizado a las instituciones democráticas.
La solución pasa por volver a vincular el poder a la rendición de cuentas, no por destruir el marco que aún permite corregir los abusos.
La solución pasa por sacar del coma profundo y de la UCI a la democracia, apuñalada por la clase política, y devolverle el esplendor y la eficacia del pasado, cuando fue diseñada para limitar y controlar el poder de los partidos y los gobiernos, no para criar a millonarios llenos de soberbia, poder, dinero e impunidad.
Francisco Rubiales
Salarios elevados, pensiones privilegiadas, inmunidades procesales, dietas, asesores a cargo del presupuesto público y puertas giratorias hacia el sector privado o hacia cargos en organismos internacionales forman un entramado que reduce el riesgo personal de quienes toman las decisiones.
Mientras tanto, amplias capas de la población —jóvenes sin acceso a la vivienda, clases medias asfixiadas por la presión fiscal, pequeños empresarios y trabajadores— enfrentan precariedad, inseguridad, retrasos judiciales y una sensación creciente de que el esfuerzo individual no garantiza la estabilidad.
Esta asimetría, injusta e indecente, no es casual: responde a la profesionalización extrema de la política, a la falta de controles y límites a los poderosos y a la ausencia de mecanismos eficaces que vinculen el destino de los gobernantes al de los gobernados.
Las causas de este desequilibrio son estructurales. La ausencia de límites estrictos a la reelección, la financiación pública de los partidos, el control de nombramientos en órganos reguladores y judiciales, y la capacidad de prorrogar presupuestos durante años sin consecuencias automáticas permiten a los ejecutivos gobernar con escasa rendición de cuentas.
En España, por ejemplo, la injusticia se ha disparado con el sanchismo. La corrupción, la mentira, el odio, la división, los enfrentamientos con la Justicia y el abuso de poder son casi diarios. La prórroga sucesiva de los presupuestos de 2023 durante varios ejercicios ilustra cómo un gobierno puede mantenerse sin someterse anualmente al control parlamentario pleno, que el artículo 134 de la Constitución exige.
A ello se suma el clientelismo: redes de cargos de confianza, subvenciones discrecionales y alianzas con grupos de interés que aseguran apoyo a cambio de favores. El resultado es un círculo de privilegio en el que el coste de las malas decisiones recae sobre el contribuyente, mientras el político rara vez pierde su estatus o su pensión.
Las pruebas del deterioro ciudadano son visibles y medibles. La dificultad de los jóvenes para emanciparse, el aumento de la delincuencia en determinadas ciudades, la saturación de los tribunales, la erosión de la confianza en las instituciones y el estancamiento de la productividad en varios países europeos muestran que las promesas de prosperidad y seguridad no se han cumplido para amplias mayorías.
Los escándalos de corrupción, la impunidad relativa de ciertos casos y la percepción de que las élites políticas se blindan mientras piden sacrificios al resto alimentan el desencanto. No todos los gobernantes actúan de la misma manera, pero la incapacidad o la falta de voluntad de muchos ejecutivos para priorizar el interés general sobre el partidario es un factor determinante.
Denunciar este drama no basta. Hay que exigir reformas que restablezcan la igualdad.
Límites de mandatos, transparencia patrimonial real, eliminación de privilegios especiales, presupuestos anuales con disolución automática si no se aprueban, y responsabilidad personal efectiva por corrupción o negligencia grave son medidas que otros sistemas han ensayado con resultados variables.
Mientras la clase política se proteja a sí misma y el ciudadano soporte el coste, la distancia entre el paraíso de unos y las dificultades de otros seguirá creciendo, y con ella el riesgo de que la desconfianza se convierta en rechazo generalizado a las instituciones democráticas.
La solución pasa por volver a vincular el poder a la rendición de cuentas, no por destruir el marco que aún permite corregir los abusos.
La solución pasa por sacar del coma profundo y de la UCI a la democracia, apuñalada por la clase política, y devolverle el esplendor y la eficacia del pasado, cuando fue diseñada para limitar y controlar el poder de los partidos y los gobiernos, no para criar a millonarios llenos de soberbia, poder, dinero e impunidad.
Francisco Rubiales