La imagen de los políticos españoles se encuentra en mínimos históricos. La ciudadanía los percibe mayoritariamente como un colectivo corrupto, incompetente y cada vez más inclinado a prácticas que rozan la tiranía y la bajeza moral.
Escándalos, tramas de comisiones ilegales, enchufismo institucional y una gestión pública que prioriza el beneficio partidista sobre el interés general han erosionado cualquier resto de credibilidad. En las encuestas más recientes, los partidos políticos y el propio Gobierno obtienen valoraciones de confianza por los suelos —frecuentemente por debajo de 4 sobre 10—, lo que refleja un rechazo visceral que trasciende ideologías y generaciones.
España ha caído en picado en los rankings internacionales de percepción de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, el país obtiene apenas 55 puntos sobre 100 —su peor nota del siglo— y se sitúa en el puesto 49 de 182 naciones analizadas, por detrás de países como Ruanda, Qatar, Arabia Saudí o Botsuana, y empatado con Chipre y Fiji.
Esta debacle, que acumula ya cinco años consecutivos de retroceso, sitúa a España por debajo de la media europea y la clasifica como una democracia con serios problemas de integridad pública.
Lejos quedan los tiempos en que España se codeaba con las democracias más limpias. Hoy es superada por regímenes autoritarios y países en desarrollo que, en muchos casos, controlan mejor la corrupción que una España que presume de ser avanzada.
Este desprestigio no es solo estadístico: es un drama democrático. Cuando los representantes públicos son vistos como el principal problema del país —por encima incluso del paro o la vivienda en muchas percepciones ciudadanas—, se resquebraja el pacto social básico.
La crispación, el pesimismo y el miedo al futuro que reflejan las encuestas de 2025-2026 tienen su origen directo en esta desconfianza masiva hacia quienes deberían encarnar el bien común.
Sin un cambio radical de rumbo —transparencia real, rendición de cuentas efectiva y un mínimo de decencia ética—, el descrédito seguirá profundizándose y arrastrará consigo la legitimidad de las instituciones mismas.
El hartazgo es ya estructural, y sin autocrítica ni regeneración urgente, el abismo entre ciudadanía y representantes solo puede seguir creciendo.
Francisco Rubiales
Escándalos, tramas de comisiones ilegales, enchufismo institucional y una gestión pública que prioriza el beneficio partidista sobre el interés general han erosionado cualquier resto de credibilidad. En las encuestas más recientes, los partidos políticos y el propio Gobierno obtienen valoraciones de confianza por los suelos —frecuentemente por debajo de 4 sobre 10—, lo que refleja un rechazo visceral que trasciende ideologías y generaciones.
España ha caído en picado en los rankings internacionales de percepción de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, el país obtiene apenas 55 puntos sobre 100 —su peor nota del siglo— y se sitúa en el puesto 49 de 182 naciones analizadas, por detrás de países como Ruanda, Qatar, Arabia Saudí o Botsuana, y empatado con Chipre y Fiji.
Esta debacle, que acumula ya cinco años consecutivos de retroceso, sitúa a España por debajo de la media europea y la clasifica como una democracia con serios problemas de integridad pública.
Lejos quedan los tiempos en que España se codeaba con las democracias más limpias. Hoy es superada por regímenes autoritarios y países en desarrollo que, en muchos casos, controlan mejor la corrupción que una España que presume de ser avanzada.
Este desprestigio no es solo estadístico: es un drama democrático. Cuando los representantes públicos son vistos como el principal problema del país —por encima incluso del paro o la vivienda en muchas percepciones ciudadanas—, se resquebraja el pacto social básico.
La crispación, el pesimismo y el miedo al futuro que reflejan las encuestas de 2025-2026 tienen su origen directo en esta desconfianza masiva hacia quienes deberían encarnar el bien común.
Sin un cambio radical de rumbo —transparencia real, rendición de cuentas efectiva y un mínimo de decencia ética—, el descrédito seguirá profundizándose y arrastrará consigo la legitimidad de las instituciones mismas.
El hartazgo es ya estructural, y sin autocrítica ni regeneración urgente, el abismo entre ciudadanía y representantes solo puede seguir creciendo.
Francisco Rubiales