Política contra la Justicia
Mientras el Consejo General del Poder Judicial no puede renovarse y el Tribunal Constitucional de España permanece bloqueado, ambos casos por culpa de unos partidos políticos que no respetan las reglas de la democracia y no renuncian a manipular la Justicia española, que debe pronunciarse pronto, a través del Constitucional, sobre el espinoso tema de la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, los ciudadanos se preguntan si ese estatuto es constitucional, como afirman los catalanes y el PSOE, o anticonstitucional, como sostiene la oposición, apoyada por buena parte de los profesionales del derecho.
Para la mayoría de los demócratas y de los profesionales del derecho, no hay duda alguna de que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional. El primero que lo reconoció fue el mismo político que lo impulsó, Pascual Maragall, que en abril pasado declaró que fue un error haberlo aprobado sin haber modificado antes la Constitución.
La inconstitucionalidad del Estatuto es tan flagrante que resulta incomprensible que un partido político como el PSOE se empeñe en intervenir en el corazón de la Justicia, violando las más elementales leyes de la democracia, para conseguir que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que declare el impresentable Estatuto como "conforme" a la Constitución.
Los expertos, junto con los demócratas no sometidos a la obediencia de los partidos, saben que el Estatuto no puede ser constitucional porque viola dos principios que son claves para que existan el Estado y la Nación: la igualdad y la solidaridad.
El estatuto concede a Cataluña privilegios y ventajas que no están al alcance de otras comunidades espñolas, lo que establece desigualdades, privilegios, injusticias y un planteamiento que destroza la solidaridad, pieza clave de la convivencia entre iguales que constituye la esencia de la democracia.
Los ciudadanos están escandalizados ante el espectáculo que están ofreciendo los partidos políticos españoles, con las manos y los pies metidos en los grandes tribunales, violando la necesaria independencia y autonomía de la Justicia. Cada partido defiende sus intereses, pero ninguno es capaz de defender los de la nación.
¿Que más necesitan los españoles para asumir que la política está envilecida, que la democracia española está degradada y que nuestros partidos, convertidos en el principal obstáculo para la democracia, necesitan un profundo y reparador baño de ética que erradique la corrupción, el egoismo, los privilegios y todos los vicios y abusos que trae consigo la "partitocracia"?
Para la mayoría de los demócratas y de los profesionales del derecho, no hay duda alguna de que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional. El primero que lo reconoció fue el mismo político que lo impulsó, Pascual Maragall, que en abril pasado declaró que fue un error haberlo aprobado sin haber modificado antes la Constitución.
La inconstitucionalidad del Estatuto es tan flagrante que resulta incomprensible que un partido político como el PSOE se empeñe en intervenir en el corazón de la Justicia, violando las más elementales leyes de la democracia, para conseguir que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que declare el impresentable Estatuto como "conforme" a la Constitución.
Los expertos, junto con los demócratas no sometidos a la obediencia de los partidos, saben que el Estatuto no puede ser constitucional porque viola dos principios que son claves para que existan el Estado y la Nación: la igualdad y la solidaridad.
El estatuto concede a Cataluña privilegios y ventajas que no están al alcance de otras comunidades espñolas, lo que establece desigualdades, privilegios, injusticias y un planteamiento que destroza la solidaridad, pieza clave de la convivencia entre iguales que constituye la esencia de la democracia.
Los ciudadanos están escandalizados ante el espectáculo que están ofreciendo los partidos políticos españoles, con las manos y los pies metidos en los grandes tribunales, violando la necesaria independencia y autonomía de la Justicia. Cada partido defiende sus intereses, pero ninguno es capaz de defender los de la nación.
¿Que más necesitan los españoles para asumir que la política está envilecida, que la democracia española está degradada y que nuestros partidos, convertidos en el principal obstáculo para la democracia, necesitan un profundo y reparador baño de ética que erradique la corrupción, el egoismo, los privilegios y todos los vicios y abusos que trae consigo la "partitocracia"?