Los modernos "ladrones de tumbas" no entran de noche en los cementerios para expoliar panteones y cadáveres. Ahora lo tienen más fácil: les basta imponer un Impuesto de Sucesiones injusto, como el que está vigente en Andalucía, y así roban legalmente no sólo lo que está en los féretros sino también lo que los difuntos se dejan en este mundo.
Robar desde el poder público el patrimonio de los fallecidos, impidiéndoles cumplir con su noble deseo de transmitir a sus hijos y demás seres queridos lo que han conseguido ahorrar después de una vida de trabajo, es una de las mas bajas e innobles actividades que puede realizar un gobierno que se dice democrático.
Ese robo, vía impuestos que representan una doble o triple imposición, porque el impuesto de Sucesiones castiga ahorros que ya han sido mermados en su día con otros impuestos, ha sido declarado injusto por muchos tribunales de justicia en todo el mundo, entre ellos el de Estrasburgo, pero algunos políticos españoles, podridos de corrupción y codicia, incumplen la sentencia y están consiguiendo que miles de familias renuncien a recibir sus herencias porque no pueden pagar lo que el gobierno les exige.
La actividad de los modernos "ladrones de tumbas" es de una vileza extrema. No existe manera alguna ni argumento que justifique ese expolio, salvo la codicia de un poder que podría ahorrar mucho dinero si dejara de despilfarrar y si adelgazara las filas de enchufados y parásitos que viven a costa del Estado. Los políticos españoles han creado un Estado hiperseboso y tan grueso y desproporcionado que es imposible de sostener, salvo que se esquilme al ciudadano con impuestos desproporcionados e injustos.
El problema del expolio se hace mas detestable si se tiene en cuenta que el destino de esos dineros arrebatados al contribuyente está en entredicho y es lícito sospechar que terminen en la corrupción, repartido entre depravados con poder político, como ha quedado demostrado en escándalos como el de los EREs truculentos, los cursos de formación y las subvenciones arbitrarias otorgadas masivamente a ex altos cargos de la Junta y amigos del poder.
El ciudadano, sin garantías de que el dinero que le sustraen los gobernantes tenga un buen fin, tiene derecho a rebelarse contra ese expolio injustificado y antidemocrático.
Como suele ocurrirles siempre a los que abusan del poder, consiguen efectos contrarios a los que pretenden. Los socialistas andaluces están violando la Constitución, que establece que los españoles son iguales ante la ley. Al cobrarles más que en otras comunidades por las herencias, incumplen los mandatos de la Carta Magna y pierden legitimidad. Además, están provocando que miles de familias pudientes realicen donaciones encubiertas en vida a sus hijos y que trasladen su residencia fiscal a Madrid, donde no hay ladrones de tumbas en el gobierno autonómico, para evitar de ese modo el saqueo de sus herencias. Esa fuga de patrimonios a la capital está logrando que el impuesto de sucesiones aplaste sólo a las clases medias y a los trabajadores andaluces, que son los únicos que lo pagan.
Algunos datos para ilustrar la perversa naturaleza del "robo legal" que se está perpetrando:
De enero a septiembre de 2015, hubo 4.993 renuncias a recibir bienes de un familiar fallecido en Andalucía, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Notariado. Se repudiaron 3.507 herencias más que en los nueve primeros meses de 2010, lo que representa un incremento del 236 por ciento, según los actos documentados por los notarios.
En Andalucía está exento de pagar este tributo un hijo, cónyuge o padre cuando el valor de los bienes que recibe, después de aplicar las reducciones (base imponible), no supera los 175.000 euros. Pero si la tasación del inmueble es de sólo un euro más, 175.001 euros, entonces deberá pasar por la caja de la Consejería de Hacienda y abonarle en torno a 21.900 euros.
Las comparaciones, en algunos casos, resultan odiosas. Un hijo soltero mayor de 21 años que hereda de su padre bienes estimados en 800.000 euros, de los cuales 200.000 corresponden al valor de la vivienda de su progenitor, debe pagarle a la Consejería de Hacienda 164.049 euros en Andalucía, cien veces más de lo que abonaría si viviera en Madrid (1.586 euros), que es la comunidad con la tributación más reducida.
Francisco Rubiales
Robar desde el poder público el patrimonio de los fallecidos, impidiéndoles cumplir con su noble deseo de transmitir a sus hijos y demás seres queridos lo que han conseguido ahorrar después de una vida de trabajo, es una de las mas bajas e innobles actividades que puede realizar un gobierno que se dice democrático.
Ese robo, vía impuestos que representan una doble o triple imposición, porque el impuesto de Sucesiones castiga ahorros que ya han sido mermados en su día con otros impuestos, ha sido declarado injusto por muchos tribunales de justicia en todo el mundo, entre ellos el de Estrasburgo, pero algunos políticos españoles, podridos de corrupción y codicia, incumplen la sentencia y están consiguiendo que miles de familias renuncien a recibir sus herencias porque no pueden pagar lo que el gobierno les exige.
La actividad de los modernos "ladrones de tumbas" es de una vileza extrema. No existe manera alguna ni argumento que justifique ese expolio, salvo la codicia de un poder que podría ahorrar mucho dinero si dejara de despilfarrar y si adelgazara las filas de enchufados y parásitos que viven a costa del Estado. Los políticos españoles han creado un Estado hiperseboso y tan grueso y desproporcionado que es imposible de sostener, salvo que se esquilme al ciudadano con impuestos desproporcionados e injustos.
El problema del expolio se hace mas detestable si se tiene en cuenta que el destino de esos dineros arrebatados al contribuyente está en entredicho y es lícito sospechar que terminen en la corrupción, repartido entre depravados con poder político, como ha quedado demostrado en escándalos como el de los EREs truculentos, los cursos de formación y las subvenciones arbitrarias otorgadas masivamente a ex altos cargos de la Junta y amigos del poder.
El ciudadano, sin garantías de que el dinero que le sustraen los gobernantes tenga un buen fin, tiene derecho a rebelarse contra ese expolio injustificado y antidemocrático.
Como suele ocurrirles siempre a los que abusan del poder, consiguen efectos contrarios a los que pretenden. Los socialistas andaluces están violando la Constitución, que establece que los españoles son iguales ante la ley. Al cobrarles más que en otras comunidades por las herencias, incumplen los mandatos de la Carta Magna y pierden legitimidad. Además, están provocando que miles de familias pudientes realicen donaciones encubiertas en vida a sus hijos y que trasladen su residencia fiscal a Madrid, donde no hay ladrones de tumbas en el gobierno autonómico, para evitar de ese modo el saqueo de sus herencias. Esa fuga de patrimonios a la capital está logrando que el impuesto de sucesiones aplaste sólo a las clases medias y a los trabajadores andaluces, que son los únicos que lo pagan.
Algunos datos para ilustrar la perversa naturaleza del "robo legal" que se está perpetrando:
De enero a septiembre de 2015, hubo 4.993 renuncias a recibir bienes de un familiar fallecido en Andalucía, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Notariado. Se repudiaron 3.507 herencias más que en los nueve primeros meses de 2010, lo que representa un incremento del 236 por ciento, según los actos documentados por los notarios.
En Andalucía está exento de pagar este tributo un hijo, cónyuge o padre cuando el valor de los bienes que recibe, después de aplicar las reducciones (base imponible), no supera los 175.000 euros. Pero si la tasación del inmueble es de sólo un euro más, 175.001 euros, entonces deberá pasar por la caja de la Consejería de Hacienda y abonarle en torno a 21.900 euros.
Las comparaciones, en algunos casos, resultan odiosas. Un hijo soltero mayor de 21 años que hereda de su padre bienes estimados en 800.000 euros, de los cuales 200.000 corresponden al valor de la vivienda de su progenitor, debe pagarle a la Consejería de Hacienda 164.049 euros en Andalucía, cien veces más de lo que abonaría si viviera en Madrid (1.586 euros), que es la comunidad con la tributación más reducida.
Francisco Rubiales