El club de los millonarios socialistas. Al menos diez ministros y muchos otros dirigentes y ex altos cargos han acumulado millones tras su paso por la política
La dimisión de Montse Mínguez, portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, tras revelarse que su pareja gestiona un holding inmobiliario con al menos treinta pisos valorados en varios millones de euros, con desahucios por impago y sociedades en Panamá, no es un accidente aislado sino el síntoma más reciente y visible de la gran contradicción del socialismo español, el que se presenta como partido de los pobres y está controlado por millonarios.
Mientras el PSOE convierte la vivienda en arma electoral y denuncia a los “rentistas” y “fondos buitre”, su propia portavoz se ve forzada a dimitir para no dañar la campaña de Sánchez, exactamente cuando el debate público se centra en el acceso a la vivienda.
El episodio expone una verdad cuidadosamente ocultada por el PSOE: buena parte de la dirección socialista vive en un universo patrimonial incompatible con el discurso que predica.
Pedro Sánchez declara dos viviendas y plazas de garaje, con más de doce mil euros anuales en rentas de alquiler; sumado al patrimonio de su esposa, el matrimonio acumula varias propiedades cuyo valor de mercado se sitúa en torno a los tres millones, más herencias inmobiliarias pendientes.
José Luis Rodríguez Zapatero pasó de un solar modesto al abandonar La Moncloa a tener hoy las famosas joyas, valoradas en más de un millón, y un parque inmobiliario cercano a los tres millones (villa en Lanzarote, operaciones en Aravaca y residencias de alto standing).
El ex ministro José Bono controla sociedades con activos que superan los siete millones y facturaciones de consultoría de cientos de miles de euros anuales vinculadas a empresas que obtienen contratos públicos.
Felipe González dispone de finca de decenas de hectáreas en Extremadura, residencias de alto nivel y sociedades de consultoría e inversión.
Miquel Iceta canaliza a través de sociedades familiares un conjunto de 27 inmuebles (viviendas, locales, naves, terrenos) valorados en más de diez millones, cifra muy superior a lo consignado en declaraciones oficiales.
En el Congreso, diputados socialistas como Mercè Perea (13 viviendas), Diego Taibo (9) y otros encabezan los rankings de tenedores y de rentas por alquiler, según sus propias declaraciones de bienes.
El patrón hipócrita es reiterado: líderes y cuadros que defienden la intervención del mercado de alquiler, la penalización del gran tenedor y la narrativa del “derecho a la vivienda” frente al “negocio” acumulan carteras inmobiliarias, ingresos por arrendamiento y sociedades que les ayudan a eludir impuestos.
No se trata de que todos sean millonarios en liquidez inmediata, sino de que el entorno directivo del partido de los pobres opera con niveles de propiedad y renta que la base social que dice representar difícilmente alcanza, y lo hace mientras la retórica oficial señala como problema moral precisamente esa acumulación.
Las herencias, los negocios de parejas y familiares, los asesoramientos post-políticos y las sociedades instrumentales explican buena parte del abultamiento; en varios casos el contraste entre lo declarado y lo registrado o investigado periodísticamente es notable.
El PSOE como institución, por su parte, ha consolidado un patrimonio neto superior a los cien millones, pero el debate relevante es el personal y familiar de quienes lo dirigen.
"Los millonarios del PSOE" son el nuevo escándalo que aplasta al socialismo español y que promete grandes sorpresas en las próximas semanas, cuando los sabuesos investiguen propiedades escondidas.
Cuando los mismos que legislan y atacan el rentismo aparecen como grandes o medianos tenedores, o rodeados de ellos, la credibilidad se resiente de forma irreversible.
Los patrimonios conocidos —y los que aún no han salido del todo a la luz— no “sepultarán” el partido por sí solos, pero sí pueden acelerar el desgaste y hundimiento de un proyecto que se presenta como defensor de los de abajo mientras sus cuadros superiores viven como los de arriba.
La coherencia entre el discurso y el patrimonio personal no es un detalle biográfico: es el núcleo de la legitimidad de un partido que lleva décadas gobernando o aspirando a gobernar en nombre de la igualdad.
Francisco Rubiales
Mientras el PSOE convierte la vivienda en arma electoral y denuncia a los “rentistas” y “fondos buitre”, su propia portavoz se ve forzada a dimitir para no dañar la campaña de Sánchez, exactamente cuando el debate público se centra en el acceso a la vivienda.
El episodio expone una verdad cuidadosamente ocultada por el PSOE: buena parte de la dirección socialista vive en un universo patrimonial incompatible con el discurso que predica.
Pedro Sánchez declara dos viviendas y plazas de garaje, con más de doce mil euros anuales en rentas de alquiler; sumado al patrimonio de su esposa, el matrimonio acumula varias propiedades cuyo valor de mercado se sitúa en torno a los tres millones, más herencias inmobiliarias pendientes.
José Luis Rodríguez Zapatero pasó de un solar modesto al abandonar La Moncloa a tener hoy las famosas joyas, valoradas en más de un millón, y un parque inmobiliario cercano a los tres millones (villa en Lanzarote, operaciones en Aravaca y residencias de alto standing).
El ex ministro José Bono controla sociedades con activos que superan los siete millones y facturaciones de consultoría de cientos de miles de euros anuales vinculadas a empresas que obtienen contratos públicos.
Felipe González dispone de finca de decenas de hectáreas en Extremadura, residencias de alto nivel y sociedades de consultoría e inversión.
Miquel Iceta canaliza a través de sociedades familiares un conjunto de 27 inmuebles (viviendas, locales, naves, terrenos) valorados en más de diez millones, cifra muy superior a lo consignado en declaraciones oficiales.
En el Congreso, diputados socialistas como Mercè Perea (13 viviendas), Diego Taibo (9) y otros encabezan los rankings de tenedores y de rentas por alquiler, según sus propias declaraciones de bienes.
El patrón hipócrita es reiterado: líderes y cuadros que defienden la intervención del mercado de alquiler, la penalización del gran tenedor y la narrativa del “derecho a la vivienda” frente al “negocio” acumulan carteras inmobiliarias, ingresos por arrendamiento y sociedades que les ayudan a eludir impuestos.
No se trata de que todos sean millonarios en liquidez inmediata, sino de que el entorno directivo del partido de los pobres opera con niveles de propiedad y renta que la base social que dice representar difícilmente alcanza, y lo hace mientras la retórica oficial señala como problema moral precisamente esa acumulación.
Las herencias, los negocios de parejas y familiares, los asesoramientos post-políticos y las sociedades instrumentales explican buena parte del abultamiento; en varios casos el contraste entre lo declarado y lo registrado o investigado periodísticamente es notable.
El PSOE como institución, por su parte, ha consolidado un patrimonio neto superior a los cien millones, pero el debate relevante es el personal y familiar de quienes lo dirigen.
"Los millonarios del PSOE" son el nuevo escándalo que aplasta al socialismo español y que promete grandes sorpresas en las próximas semanas, cuando los sabuesos investiguen propiedades escondidas.
Cuando los mismos que legislan y atacan el rentismo aparecen como grandes o medianos tenedores, o rodeados de ellos, la credibilidad se resiente de forma irreversible.
Los patrimonios conocidos —y los que aún no han salido del todo a la luz— no “sepultarán” el partido por sí solos, pero sí pueden acelerar el desgaste y hundimiento de un proyecto que se presenta como defensor de los de abajo mientras sus cuadros superiores viven como los de arriba.
La coherencia entre el discurso y el patrimonio personal no es un detalle biográfico: es el núcleo de la legitimidad de un partido que lleva décadas gobernando o aspirando a gobernar en nombre de la igualdad.
Francisco Rubiales