En Italia ocurría lo mismo que ocurre en España: que los delincuentes, armados hasta los dientes, asesinaban con pasmosa frecuencia y facilidad a los ciudadanos honrados, que estaban desarmados, a los que el Estado no defendía, a pesar de estar obligado a hacerlo.
Pero la diferencia con España es que en Italia el Estado está en manos de la derecha y carece de ese vicio de los falsos "progres" que consiste en negar la realidad hasta el fin de los tiempos. El gobierno de Berlusconi no ha tenido pudor en reconocer que no puede cumplir su deber de defender a la ciudadanía y ha aprobado una ley que permite a los italianos disparar a quien invada su hogar o negocio con intención de agredir o de robar.
La ley de autodefensa doméstica, deseada por la populista Liga Norte, es una de las últimas aprobadas por el Parlamento en la actual legislatura y formará parte de la campaña electoral del centro-derecha. Varios ciudadanos habían sido procesados en los últimos años por herir a ladrones en su propia casa o en un comercio. Tanto la Liga Norte como Forza Italia prometieron que no volvería a suceder.
En España, la falsa "progresía" en el poder parece que prefiere que los ciudadanos sean asesinados antes que permitir la utilización privada de armas, todo un esperpento mental que niega la evidencia de un triángulo trágico cuyos tres vértices son: ladrones y asesinos armados; ciudadanos indefensos y un Estado que no cumple con su deber de defender a la gente honrada, a pesar de que posee el monopolio de la violencia y que cobra impuestos precisamente para gastarlos en seguridad y defensa.
El problema de la falsa progresía en el poder es que, generalmente enriquecida y cargada de privilegios, no sabe como vive el pueblo, de cuya situación y dificultades sólo conserva recuerdos borrosos. Para entender la inseguridad que se adueña de las calles, tendría que bajarse del coche oficial y abandonar su corte de guardaespaldas, secretarias y aduladores, pagados con dinero público.
Los índices de atracos, robos y asaltos se están disparando en España, donde se produce un robo a domicilio cada minuto. Los nuevos ladrones prefieren entrar en los hogares cuando los propietarios están dentro, lo que incrementa la violencia, las vejaciones y la alarma social, hasta el punto de que muchas familias están instalando en sus hogares "habitaciones del pánico", recintos blindados, autónomos y con comunicaciones aseguradas para pedir socorro.
Ningún ciudadano honrado quiere portar armas en España, donde no existe tradición de violencia armada privada, pero, conscientes de que el gobierno es incapaz de defenderles, los ciudadanos, lógicamente, prefieren usarlas antes que morir como imbéciles.
En España, el problema se ha agravado con la llegada de la inmigración masiva, junto a la cual han penetrado bandas bien armadas y entrenadas, generalmente procedentes de países del Este de Europa, sin olvidar la abundante delincuencia marroquí y latinoamericana que funciona, cada día con mayor violencia y organización, en las ciudades.
El gobierno, aunque lo niegue, es impotente para solucionar el problema, ante el que se mantiene insensible y parece preferir que la gente muera indefensa antes que perder el monopolio de la violencia o reconocer que no saben cumplir con esa parte fundamental del contrato social y político que le obliga a defender a los ciudadanos.
Pero la diferencia con España es que en Italia el Estado está en manos de la derecha y carece de ese vicio de los falsos "progres" que consiste en negar la realidad hasta el fin de los tiempos. El gobierno de Berlusconi no ha tenido pudor en reconocer que no puede cumplir su deber de defender a la ciudadanía y ha aprobado una ley que permite a los italianos disparar a quien invada su hogar o negocio con intención de agredir o de robar.
La ley de autodefensa doméstica, deseada por la populista Liga Norte, es una de las últimas aprobadas por el Parlamento en la actual legislatura y formará parte de la campaña electoral del centro-derecha. Varios ciudadanos habían sido procesados en los últimos años por herir a ladrones en su propia casa o en un comercio. Tanto la Liga Norte como Forza Italia prometieron que no volvería a suceder.
En España, la falsa "progresía" en el poder parece que prefiere que los ciudadanos sean asesinados antes que permitir la utilización privada de armas, todo un esperpento mental que niega la evidencia de un triángulo trágico cuyos tres vértices son: ladrones y asesinos armados; ciudadanos indefensos y un Estado que no cumple con su deber de defender a la gente honrada, a pesar de que posee el monopolio de la violencia y que cobra impuestos precisamente para gastarlos en seguridad y defensa.
El problema de la falsa progresía en el poder es que, generalmente enriquecida y cargada de privilegios, no sabe como vive el pueblo, de cuya situación y dificultades sólo conserva recuerdos borrosos. Para entender la inseguridad que se adueña de las calles, tendría que bajarse del coche oficial y abandonar su corte de guardaespaldas, secretarias y aduladores, pagados con dinero público.
Los índices de atracos, robos y asaltos se están disparando en España, donde se produce un robo a domicilio cada minuto. Los nuevos ladrones prefieren entrar en los hogares cuando los propietarios están dentro, lo que incrementa la violencia, las vejaciones y la alarma social, hasta el punto de que muchas familias están instalando en sus hogares "habitaciones del pánico", recintos blindados, autónomos y con comunicaciones aseguradas para pedir socorro.
Ningún ciudadano honrado quiere portar armas en España, donde no existe tradición de violencia armada privada, pero, conscientes de que el gobierno es incapaz de defenderles, los ciudadanos, lógicamente, prefieren usarlas antes que morir como imbéciles.
En España, el problema se ha agravado con la llegada de la inmigración masiva, junto a la cual han penetrado bandas bien armadas y entrenadas, generalmente procedentes de países del Este de Europa, sin olvidar la abundante delincuencia marroquí y latinoamericana que funciona, cada día con mayor violencia y organización, en las ciudades.
El gobierno, aunque lo niegue, es impotente para solucionar el problema, ante el que se mantiene insensible y parece preferir que la gente muera indefensa antes que perder el monopolio de la violencia o reconocer que no saben cumplir con esa parte fundamental del contrato social y político que le obliga a defender a los ciudadanos.