De todos los estragos causados a la nación española por los grandes partidos políticos, el peor de todos, mas incluso que la corrupción generalizada que infecta la vida política, es el mantenimiento, en contra de la voluntad ciudadana, de un diseño de Estado que sólo beneficia a la clase política y que está causando ruina, injusticia, desigualdad y desintegración.
La mayoría de los españoles (poco mas del 60 por ciento de media), según las encuestas, desea la eliminación de las autonomías, pero los políticos, por su propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso para la Nación, pero muy provechoso para ellos y sus allegados.
Del mismo modo, los ciudadanos exigen inútilmente y sin que nadie les haga caso que se adelgace el Estado, que se acaben las subvenciones públicas a los partidos políticos y sindicatos, que se supriman los aforamientos, que la Justicia deje de estar bajo control de los partidos, que se penalice el despilfarro, que se imponga la austeridad en las administraciones públicas, que cese el endeudamiento descontrolado, que se supriman empresas públicas, observatorios y otros muchos chiringuitos del poder, que dejen de contratarse asesores y políticos como si no costara mantenerlos y que se respete de una vez las reglas de la democracia, todas ellas, sin excepción, violadas en este país.
El conflicto y la discrepancia entre gobernantes y gobernados es tolerable en democracia, pero siempre como una excepción porque el sistema exige que gobierno y opinión mayoritaria estén de acuerdo. En algunos países realmente democráticos, como Suiza, las discrepancias entre gobernantes y gobernados se resuelven con un referendum. En España, donde la democracia posee una calidad deplorable y el sistema se parece demasiado a una tiranía de partidos políticos y de políticos profesionales, la discrepancia es continúa y no afecta en modo alguno a los políticos, que están acostumbrados a legislar y a gobernar en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Como consecuencia de la constante vejación, el ciudadano está dejando de rechazar a los políticos y comienza a odiarlos porque ha comprobado que los políticos no solo no le hacen caso sino que desprecian sus deseos y demandas y les consideran adversarios.
La gente es consciente de que las autonomías son el mayor cáncer del país y la principal fuente de las desventuras de España. Mantener 17 gobiernos, con sus consejerías, parlamentos y demás instituciones públicas, no solo es demasiado costoso sino que es también contraproducente porque genera desigualdad, diferencia en los derechos y servicios, desintegración, competencia y otros daños, sin que el ciudadano aprecie beneficio alguno, salvo los que afectan a una clase política que nada en la abundancia, que tiene campo suficiente para exhibir y disfrutar del poder y que puede beneficiar a sus amigos y cómplices con dinero, empleos y otros privilegios, todos ellos ajenos a un pueblo al que el Estado español cada día desprecia mas.
La financiación de las Autonomías ha obligado a subir los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. La enorme estructura político-administrativa de las autonomías ha hecho preciso adelgazar todavía más el ya debilitado Estado del Bienestar. Es un modelo inviable por sus altísimos costes y por sus exigencias financieras, que contrastan con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El Estado de las Autonomías ha resultado un enorme fracaso político, económico y social, rompiendo la unidad, fragmentando el territorio y avivado la secesión y el virus nacionalista. Puede afirmarse sin paliativos que ha supuesto el deterioro de España, destruido los valores, suscitando el egoísmo y la ambición, inundado los despachos de corrupción.
Las autonomías es un fracaso notorio no sólo porque el modelo no ha funcionado y ha causado daños terribles a la nación, sino porque el ciudadano, que lo rechaza y sabe que es una de las causas de la ruina de España, contempla impotente como los políticos lo mantienen contra la voluntad popular y contra la decencia democrática mas elemental.
La mayoría de los españoles (poco mas del 60 por ciento de media), según las encuestas, desea la eliminación de las autonomías, pero los políticos, por su propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso para la Nación, pero muy provechoso para ellos y sus allegados.
Del mismo modo, los ciudadanos exigen inútilmente y sin que nadie les haga caso que se adelgace el Estado, que se acaben las subvenciones públicas a los partidos políticos y sindicatos, que se supriman los aforamientos, que la Justicia deje de estar bajo control de los partidos, que se penalice el despilfarro, que se imponga la austeridad en las administraciones públicas, que cese el endeudamiento descontrolado, que se supriman empresas públicas, observatorios y otros muchos chiringuitos del poder, que dejen de contratarse asesores y políticos como si no costara mantenerlos y que se respete de una vez las reglas de la democracia, todas ellas, sin excepción, violadas en este país.
El conflicto y la discrepancia entre gobernantes y gobernados es tolerable en democracia, pero siempre como una excepción porque el sistema exige que gobierno y opinión mayoritaria estén de acuerdo. En algunos países realmente democráticos, como Suiza, las discrepancias entre gobernantes y gobernados se resuelven con un referendum. En España, donde la democracia posee una calidad deplorable y el sistema se parece demasiado a una tiranía de partidos políticos y de políticos profesionales, la discrepancia es continúa y no afecta en modo alguno a los políticos, que están acostumbrados a legislar y a gobernar en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Como consecuencia de la constante vejación, el ciudadano está dejando de rechazar a los políticos y comienza a odiarlos porque ha comprobado que los políticos no solo no le hacen caso sino que desprecian sus deseos y demandas y les consideran adversarios.
La gente es consciente de que las autonomías son el mayor cáncer del país y la principal fuente de las desventuras de España. Mantener 17 gobiernos, con sus consejerías, parlamentos y demás instituciones públicas, no solo es demasiado costoso sino que es también contraproducente porque genera desigualdad, diferencia en los derechos y servicios, desintegración, competencia y otros daños, sin que el ciudadano aprecie beneficio alguno, salvo los que afectan a una clase política que nada en la abundancia, que tiene campo suficiente para exhibir y disfrutar del poder y que puede beneficiar a sus amigos y cómplices con dinero, empleos y otros privilegios, todos ellos ajenos a un pueblo al que el Estado español cada día desprecia mas.
La financiación de las Autonomías ha obligado a subir los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. La enorme estructura político-administrativa de las autonomías ha hecho preciso adelgazar todavía más el ya debilitado Estado del Bienestar. Es un modelo inviable por sus altísimos costes y por sus exigencias financieras, que contrastan con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El Estado de las Autonomías ha resultado un enorme fracaso político, económico y social, rompiendo la unidad, fragmentando el territorio y avivado la secesión y el virus nacionalista. Puede afirmarse sin paliativos que ha supuesto el deterioro de España, destruido los valores, suscitando el egoísmo y la ambición, inundado los despachos de corrupción.
Las autonomías es un fracaso notorio no sólo porque el modelo no ha funcionado y ha causado daños terribles a la nación, sino porque el ciudadano, que lo rechaza y sabe que es una de las causas de la ruina de España, contempla impotente como los políticos lo mantienen contra la voluntad popular y contra la decencia democrática mas elemental.