El sistema autonómico español, la famosa "España de las Autonomías", no aguanta mucho más. Es un lastre, para la economía, la seguridad y la convivencia, que solo trae corrupción y gastos. El drama catalán y el crecimiento del independentismo en otras regiones terminará por convencer a los españoles de que ese sistema es insoportable y debe ser suprimido.
El balance de las autonomías en las cuatro últimas décadas es nefasto, aunque la soberbia de los políticos y el sometimiento de la mayoría de los medios de comunicación impiden que esa verdad sea difundida. Las autonomías han acabado ya con el mercado único y con la igualdad de los españoles ante la ley, además de romper la unidad fiscal. Entre sus desmanes están la existencia de una Justicia diferente, la proliferación de lealtades contradictorias, diferencias enormes en la calidad de los servicios públicos, privilegios diferentes en cada región y hasta la existencia de una educación y una sanidad que ya no son homogeneas.
Además, las autonomías son una fuente de gastos insoportables, cada una con su propio gobierno, parlamento e instituciones publicas inútiles que, de hecho, copian y duplican a las existentes en el Estado nacional.
Pero lo peor del sistema, derivado de aquel "café para todos" proclamado en tiempos de Adolfo Suárez, es que las autonomías generan fuerzas y corrientes centrífugas que destruyen la unidad nacional, enfrentan a unos ciudadanos con otros y tensionan y deterioran la convivencia y la vida cotidiana.
Es probable que los efectos más nocivos del sistema autonómico se estén produciendo en la educación. Los niños y jóvenes españoles están siendo educados según el capricho de los gobernantes autonómicos, sin armonía, uniformidad, respeto y una línea común. En algunas autonomías, como Cataluña, se está adoctrinando a los niños y jóvenes y tanto en Cataluña como en otras se promueven las diferencias, el nacionalismo y hasta el odio.
La inmensa mayoría de los ciudadanos ni entienden ni admiten las escandalosas diferencias que existen entre unas regiones y otras. Valga como ejemplo lo que ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo muy cuestionado que grava las herencias y que es diferente en cada autonomía. Mientras que en Andalucía, Asturias y otras regiones como Aragón y Extremadura se aplica con dureza, hasta el punto de que miles de familias renuncian a los bienes heredados y otras se arruinan para pagar los tributos que les exigen los políticos, en otras apenas se paga nada. De hecho, heredar en Andalucía significa pagar impuestos cien veces más elevados que en Madrid y mil veces superiores a los que pagan los canarios. Además de injusto, es un tributo claramente anticonstitucional que Rajoy mantiene, a sabiendas de que es vergonzoso e ilegítimo, y que algunos sátrapas autonómicos aplican sin piedad ni justicia.
Pero las diferencias e injusticias generadas por el sistema autonómico abarcan muchos otros ámbitos, como la sanidad, la educación, las subvenciones, la contratación pública, el trato a los funcionarios, la relación con las empresas, el precio de las matrículas universitarias, las carreteras, la Justicia, la regulación de las profesiones, el sector sin ánimo de lucro y otros muchos aspectos.
Algunas administraciones autonómicas, como Madrid, apuestan por corrientes liberales y bajan los impuestos, pero otras, como Andalucía, gobernada por los socialistas desde la muerte de Franco, despliegan políticas intervencionistas que crean densas redes clientelares y de poder muy parecidas a las que existían en la antigua Unión Soviética.
El sistema autonómico es caótico y a quien únicamente beneficia es a la clase política, que gracias a él posee amplios espacios de poder y de privilegios, además de instituciones inútiles donde pueden colocar a sus compañeros de partido, familiares y amigos.
El sistema autonómico propicia la corrupción y es el principal culpable de que España sea el país de Europa que más políticos mantiene a sueldo del Estado, casi medio millón, más de los que tienen Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, todo un escándalo que obliga a los españoles a pagar impuestos elevados y desproporcionados.
Acabar con las autonomías empieza a ser más una urgencia que una opción.
Francisco Rubiales
El balance de las autonomías en las cuatro últimas décadas es nefasto, aunque la soberbia de los políticos y el sometimiento de la mayoría de los medios de comunicación impiden que esa verdad sea difundida. Las autonomías han acabado ya con el mercado único y con la igualdad de los españoles ante la ley, además de romper la unidad fiscal. Entre sus desmanes están la existencia de una Justicia diferente, la proliferación de lealtades contradictorias, diferencias enormes en la calidad de los servicios públicos, privilegios diferentes en cada región y hasta la existencia de una educación y una sanidad que ya no son homogeneas.
Además, las autonomías son una fuente de gastos insoportables, cada una con su propio gobierno, parlamento e instituciones publicas inútiles que, de hecho, copian y duplican a las existentes en el Estado nacional.
Pero lo peor del sistema, derivado de aquel "café para todos" proclamado en tiempos de Adolfo Suárez, es que las autonomías generan fuerzas y corrientes centrífugas que destruyen la unidad nacional, enfrentan a unos ciudadanos con otros y tensionan y deterioran la convivencia y la vida cotidiana.
Es probable que los efectos más nocivos del sistema autonómico se estén produciendo en la educación. Los niños y jóvenes españoles están siendo educados según el capricho de los gobernantes autonómicos, sin armonía, uniformidad, respeto y una línea común. En algunas autonomías, como Cataluña, se está adoctrinando a los niños y jóvenes y tanto en Cataluña como en otras se promueven las diferencias, el nacionalismo y hasta el odio.
La inmensa mayoría de los ciudadanos ni entienden ni admiten las escandalosas diferencias que existen entre unas regiones y otras. Valga como ejemplo lo que ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo muy cuestionado que grava las herencias y que es diferente en cada autonomía. Mientras que en Andalucía, Asturias y otras regiones como Aragón y Extremadura se aplica con dureza, hasta el punto de que miles de familias renuncian a los bienes heredados y otras se arruinan para pagar los tributos que les exigen los políticos, en otras apenas se paga nada. De hecho, heredar en Andalucía significa pagar impuestos cien veces más elevados que en Madrid y mil veces superiores a los que pagan los canarios. Además de injusto, es un tributo claramente anticonstitucional que Rajoy mantiene, a sabiendas de que es vergonzoso e ilegítimo, y que algunos sátrapas autonómicos aplican sin piedad ni justicia.
Pero las diferencias e injusticias generadas por el sistema autonómico abarcan muchos otros ámbitos, como la sanidad, la educación, las subvenciones, la contratación pública, el trato a los funcionarios, la relación con las empresas, el precio de las matrículas universitarias, las carreteras, la Justicia, la regulación de las profesiones, el sector sin ánimo de lucro y otros muchos aspectos.
Algunas administraciones autonómicas, como Madrid, apuestan por corrientes liberales y bajan los impuestos, pero otras, como Andalucía, gobernada por los socialistas desde la muerte de Franco, despliegan políticas intervencionistas que crean densas redes clientelares y de poder muy parecidas a las que existían en la antigua Unión Soviética.
El sistema autonómico es caótico y a quien únicamente beneficia es a la clase política, que gracias a él posee amplios espacios de poder y de privilegios, además de instituciones inútiles donde pueden colocar a sus compañeros de partido, familiares y amigos.
El sistema autonómico propicia la corrupción y es el principal culpable de que España sea el país de Europa que más políticos mantiene a sueldo del Estado, casi medio millón, más de los que tienen Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, todo un escándalo que obliga a los españoles a pagar impuestos elevados y desproporcionados.
Acabar con las autonomías empieza a ser más una urgencia que una opción.
Francisco Rubiales