Al comentar las críticas contra su partido, al que se le acusa de haber recibido favores financieros de La Caixa, el responsable de finanzas del Partido Socialista de Cataluña, Jose Zaragoza, dice a la cadena SER en la mañana del 17 de noviembre: "Con esas acusaciones, se está presionando al gobierno para que no tome decisiones independientes".
Al señor Zaragoza habría que explicarle, quizás en la Universidad, que un gobierno demócrata de debe tomar, como él dice, "decisiones independientes", sino dependientes de la voluntad popular, de lo que deseen y ordenen los ciudadanos, que son los que tienen la soberanía y el poder real en este sistema.
Es un caso más de confusión democrática entre los miles que pueden detectarse casi diariamente en la vida política española, donde los aprendices a demócratas tergiversan los principios,alteran la escala de valores y entienden mal el manual.
Zaragoza alcanza un siniestro nivel de confusión democrática al acusar a ENDESA de hacer donaciones anónimas al PP y a la fundación FAES, presidida por José María Aznar. Reconoce que no tiene pruebas, pero reta al PP a que demuestre su inocencia, olvidando que es en el estercolero soviético donde la gente acusada tiene que demostrar que es inocente, mientras que en la democracia es, precisamente, al reves, que es el acusador quien tiene que demostrarlo porque existe la presunción de inocencia.
Son muchos los que son víctimas de confusiones parecidas a las del señor Zaragoza, desde el presidente del gobierno a los ministros, sin olvidar a la oposición y a los miles de cuadros que asumen responsabilidades en los partidos políticos y en la densa red pública española. Algunos anteponen el Estado al ciudadano y resaltan siempre de la "dignidad del Estado" o de la necesidad de "respeto al Estado", sin entender que el Estado es subsidiario al ciudadano y que su única misión legítima es cumplir la voluntad del pueblo. Otros hablan del dinero público como si fuera una dádiva del poder y son miles los que olvidan que es el ciudadano el que paga sus salarios y que el ciudadano es su verdadero empleador, no el partido o el amiguete que los ha colocado. Son decenas de miles los políticos que creen erróneamente que una vez cerradas las urnas, el ciudadano debe retirarse a su casa y dejar que los representantes electos tomen las decisiones. Lamentablemente, todavía son más numerosos los que creen que la democracia consiste sólo en un conjunto de leyes y en una cita con las urnas cada tres o cuatro años, olvidando que es una cultura de convivencia en paz y libertad que emana de la toma del poder por parte del pueblo soberano.
La confusión de los pseudo-demócratas españoles es tan escándalosa que permite concebir la mentira desde el poder como "revolucionaria" o creer en patrañas tan inmorales y nefastas como eso de que "en política vale todo", "el fin justifica los medios" o "al enemigo ni agua". Esa confusión es la que permite que un gobierno se niegue a escuchar las demandas de dos millones de ciudadanos que se manifiestan en la calle o que otro gobierno implique al país en una guerra como la de Irak, en contra de la opinión mayoritaria del país. Detrás de esa confusión ideológica está también la famosa resistencia de los políticos españoles a dimitir, la ocupación por parte de los partidos de la sociedad civil, el control político de los poderes básicos del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) o la tendencia a judicializar la política y a politizar la justicia.
El problema de la confusión y de esa tergiversación de los principios que degrada la democracia, un problema que afecta a todos los partidos políticos españoles, de derecha, de izquierda y del nacionalismo, se debe a la conjunción de dos factores: el primero es que España nunca luchó por la democracia, ni tuvo que construirla en la Transición porque fue producto de un pacto entre políticos que, simplemente, sustituyeron al Franquismo en el poder; y el segundo es que las herencias del totalitarismo, sobre todo del leninista, anidan en la cultura interna de los partidos políticos españoles e influye poderosamente en la concepción del Estado. Lenin, como todos sabemos, creía que desde la cúspide del poder puede transformarse la sociedad, dejando al ciudadano al margen, para lo cual había que crear un partido fuerte e invencible y suprimer estorbos como las libertades, la sociedad civil y otros muchos. El problema de esa doctrina es que todos sabemos lo que produjo: esclavitud, descontento y un reguero interminable de ciudadanos asesinados por el Estado.
Penetro usted un poco en en el interior de nuestra política y pronto podrá descubrir resquicios de Lenin, así como valores y principios que causarían rubor e indignación en cualquier democracia avanzada del planeta.
La construcción de una verdadera democracia es el último y principal capitulo, todavía pendiente, de la Transición española.
FR
Al señor Zaragoza habría que explicarle, quizás en la Universidad, que un gobierno demócrata de debe tomar, como él dice, "decisiones independientes", sino dependientes de la voluntad popular, de lo que deseen y ordenen los ciudadanos, que son los que tienen la soberanía y el poder real en este sistema.
Es un caso más de confusión democrática entre los miles que pueden detectarse casi diariamente en la vida política española, donde los aprendices a demócratas tergiversan los principios,alteran la escala de valores y entienden mal el manual.
Zaragoza alcanza un siniestro nivel de confusión democrática al acusar a ENDESA de hacer donaciones anónimas al PP y a la fundación FAES, presidida por José María Aznar. Reconoce que no tiene pruebas, pero reta al PP a que demuestre su inocencia, olvidando que es en el estercolero soviético donde la gente acusada tiene que demostrar que es inocente, mientras que en la democracia es, precisamente, al reves, que es el acusador quien tiene que demostrarlo porque existe la presunción de inocencia.
Son muchos los que son víctimas de confusiones parecidas a las del señor Zaragoza, desde el presidente del gobierno a los ministros, sin olvidar a la oposición y a los miles de cuadros que asumen responsabilidades en los partidos políticos y en la densa red pública española. Algunos anteponen el Estado al ciudadano y resaltan siempre de la "dignidad del Estado" o de la necesidad de "respeto al Estado", sin entender que el Estado es subsidiario al ciudadano y que su única misión legítima es cumplir la voluntad del pueblo. Otros hablan del dinero público como si fuera una dádiva del poder y son miles los que olvidan que es el ciudadano el que paga sus salarios y que el ciudadano es su verdadero empleador, no el partido o el amiguete que los ha colocado. Son decenas de miles los políticos que creen erróneamente que una vez cerradas las urnas, el ciudadano debe retirarse a su casa y dejar que los representantes electos tomen las decisiones. Lamentablemente, todavía son más numerosos los que creen que la democracia consiste sólo en un conjunto de leyes y en una cita con las urnas cada tres o cuatro años, olvidando que es una cultura de convivencia en paz y libertad que emana de la toma del poder por parte del pueblo soberano.
La confusión de los pseudo-demócratas españoles es tan escándalosa que permite concebir la mentira desde el poder como "revolucionaria" o creer en patrañas tan inmorales y nefastas como eso de que "en política vale todo", "el fin justifica los medios" o "al enemigo ni agua". Esa confusión es la que permite que un gobierno se niegue a escuchar las demandas de dos millones de ciudadanos que se manifiestan en la calle o que otro gobierno implique al país en una guerra como la de Irak, en contra de la opinión mayoritaria del país. Detrás de esa confusión ideológica está también la famosa resistencia de los políticos españoles a dimitir, la ocupación por parte de los partidos de la sociedad civil, el control político de los poderes básicos del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) o la tendencia a judicializar la política y a politizar la justicia.
El problema de la confusión y de esa tergiversación de los principios que degrada la democracia, un problema que afecta a todos los partidos políticos españoles, de derecha, de izquierda y del nacionalismo, se debe a la conjunción de dos factores: el primero es que España nunca luchó por la democracia, ni tuvo que construirla en la Transición porque fue producto de un pacto entre políticos que, simplemente, sustituyeron al Franquismo en el poder; y el segundo es que las herencias del totalitarismo, sobre todo del leninista, anidan en la cultura interna de los partidos políticos españoles e influye poderosamente en la concepción del Estado. Lenin, como todos sabemos, creía que desde la cúspide del poder puede transformarse la sociedad, dejando al ciudadano al margen, para lo cual había que crear un partido fuerte e invencible y suprimer estorbos como las libertades, la sociedad civil y otros muchos. El problema de esa doctrina es que todos sabemos lo que produjo: esclavitud, descontento y un reguero interminable de ciudadanos asesinados por el Estado.
Penetro usted un poco en en el interior de nuestra política y pronto podrá descubrir resquicios de Lenin, así como valores y principios que causarían rubor e indignación en cualquier democracia avanzada del planeta.
La construcción de una verdadera democracia es el último y principal capitulo, todavía pendiente, de la Transición española.
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