La Constitución Española tiene carencias, pero los cambios que proyectan los partidos la van a empeorar, con seguridad.
Si se preguntara a la ciudadanía española en que sentido debería reformarse la Constitución y las leyes, los resultados serían los siguientes:
- Supresión de las actuales autonomías y retorno al Estado de competencias vitales como la sanidad, la educación y el control de la policía.
- Reforma de la Ley Electoral para que cada voto valga lo mismo, lo que equivale a quitar ventajas a los nacionalismos.
- Limitación de los mandatos de los cargos públicos, incluida la presidencia del gobierno, a dos legislaturas.
- Verdadera separación de los poderes del Estado, sobre todo con una Justicia no politizada e independiente.
- Mas controles democráticos y menos poder para los partidos pol´tiicos.
-Limitación por ley del nivel de endeudamiento público.
- Adelgazamiento del Estado hipertrofiado actual, limitando el excesivo número de políticos a sueldo, enchufados por los partidos, al menos a la mitad.
- Reforma del Código Penal para que los ladrones corruptos no salgan de prisión hasta que no devuelvan el botín.
- Creación de un distrito único para los procesos electorales nacionales, que elimine privilegios y ventajas.
- Garantía, por ley, de la igualdad entre todos los españoles y desaparición de las diferencias actuales, que privilegian a unas regiones sobre otras en servicios y derechos tan básicos como la salud, la educación, la fiscalidad, los transportes, la industrialización y otros muchos.
- Que los partidos políticos y sindicatos no se financien con el dinero procedente de los impuestos, sino con las cuotas y donaciones de sus miembros.
Hay más demandas que el pueblo comparte, como el endurecimiento de los castigos para los corruptos y reformas que obliguen a los partidos a ser democráticos, pero las citadas son las más intensas y compartidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Lo curioso y lo escandaloso es que ninguna de esas demandas masivas ciudadanas figuran entre las reformas que los partidos quieren introducir en el texto constitucional, lo que refleja la alienación peligrosa de la clase política, alejada de la ciudadanía y del interés general, y el inmenso divorcio que separa en España a políticos y ciudadanos.
Con esa nula sintonía existente, la reforma que se proyecta más que una amenaza es un atentado contra la voluntad popular y un estafa contra el pueblo que, aunque los políticos lo ignoren, es el soberano en democracia.
Pedro Sánchez, principal promotor de la reforma constitucional, está obsesionado con una España federal, algo que a los ciudadanos no les importa un pimiento, mientras que el grueso de la ciudadanía teme que, con la reforma, los políticos caminen en el sentido contrario a sus deseos: reforzando el poder de los partidos, fortaleciendo la autonomía de las comunidades autónomas, sobre todo a las que ya cuentan con privilegios, como el País Vasco, Navarra y Cataluña, y otorgando más poderes al Estado, que ya es uno de los más poderosos y densos de Occidente y uno de los que tiene a su ciudadanía más sometida y maniatada.
La conclusión es dura, pero cierta e imbatible: los partidos políticos españoles han demostrado que no son de fiar y no ofrecen garantías para pilotar un proceso constituyente democrático y justo.
Francisco Rubiales
- Supresión de las actuales autonomías y retorno al Estado de competencias vitales como la sanidad, la educación y el control de la policía.
- Reforma de la Ley Electoral para que cada voto valga lo mismo, lo que equivale a quitar ventajas a los nacionalismos.
- Limitación de los mandatos de los cargos públicos, incluida la presidencia del gobierno, a dos legislaturas.
- Verdadera separación de los poderes del Estado, sobre todo con una Justicia no politizada e independiente.
- Mas controles democráticos y menos poder para los partidos pol´tiicos.
-Limitación por ley del nivel de endeudamiento público.
- Adelgazamiento del Estado hipertrofiado actual, limitando el excesivo número de políticos a sueldo, enchufados por los partidos, al menos a la mitad.
- Reforma del Código Penal para que los ladrones corruptos no salgan de prisión hasta que no devuelvan el botín.
- Creación de un distrito único para los procesos electorales nacionales, que elimine privilegios y ventajas.
- Garantía, por ley, de la igualdad entre todos los españoles y desaparición de las diferencias actuales, que privilegian a unas regiones sobre otras en servicios y derechos tan básicos como la salud, la educación, la fiscalidad, los transportes, la industrialización y otros muchos.
- Que los partidos políticos y sindicatos no se financien con el dinero procedente de los impuestos, sino con las cuotas y donaciones de sus miembros.
Hay más demandas que el pueblo comparte, como el endurecimiento de los castigos para los corruptos y reformas que obliguen a los partidos a ser democráticos, pero las citadas son las más intensas y compartidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Lo curioso y lo escandaloso es que ninguna de esas demandas masivas ciudadanas figuran entre las reformas que los partidos quieren introducir en el texto constitucional, lo que refleja la alienación peligrosa de la clase política, alejada de la ciudadanía y del interés general, y el inmenso divorcio que separa en España a políticos y ciudadanos.
Con esa nula sintonía existente, la reforma que se proyecta más que una amenaza es un atentado contra la voluntad popular y un estafa contra el pueblo que, aunque los políticos lo ignoren, es el soberano en democracia.
Pedro Sánchez, principal promotor de la reforma constitucional, está obsesionado con una España federal, algo que a los ciudadanos no les importa un pimiento, mientras que el grueso de la ciudadanía teme que, con la reforma, los políticos caminen en el sentido contrario a sus deseos: reforzando el poder de los partidos, fortaleciendo la autonomía de las comunidades autónomas, sobre todo a las que ya cuentan con privilegios, como el País Vasco, Navarra y Cataluña, y otorgando más poderes al Estado, que ya es uno de los más poderosos y densos de Occidente y uno de los que tiene a su ciudadanía más sometida y maniatada.
La conclusión es dura, pero cierta e imbatible: los partidos políticos españoles han demostrado que no son de fiar y no ofrecen garantías para pilotar un proceso constituyente democrático y justo.
Francisco Rubiales