La reciente propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos, vergponzosamente rechazada por el PSOE, marca el camino de lo que España debe hacer para salir de la crisis, regenerar la democracia y recuperar la decencia perdida. Del mismo modo, la propuesta, también de Cospedal, de que los diputados sin dedicación exclusiva y con actividades privadas dejen de cobrar el sueldo público, avanza netamente por la senda correcta y constituye el mayor avance hacia la regeneración política aprobado en España, en los últimos diez años.
El rechazo del PSOE a esas medidas regeneracionistas y democráticas revela el auténtico rostro de ese partido político y su gran responsabilidad en la deriva antidemocrática y corrupta de la política española, tras la muerte de Franco.
No existen argumentos sólidos para oponerse a lo que signifique reducir el tamaño del monstruoso Estado que los políticos han construido en España, en contra de la voluntad popular, todo un atentado contra la democracia y la decencia que ha servido como primer paso y base para la explosión de la corrupción y el divorcio entre la política y la ciudadanía. Únicamente el egoísmo y, una vez más, la costumbre de anteponer los intereses del partido al bien común explican el rechazo de los socialistas a la reforma propuesta por Cospedal, que se orienta claramente hacia lo que los ciudadanos quieren y demandan: adelgazamiento del Estado y menos privilegios de la clase política española.
Dicen los socialistas que esas medidas propuestas en Castilla la Mancha van contra la democracia y contra la voluntad de los ciudadanos, que eligieron a esos cargos políticos que ahora van a ser suprimidos, además de que los ahorros derivados de esas medidas son ridículos, argumentos todos ellos inconsistentes y propios de los que confunden la voluntad popular con sus propios intereses y están habituados a ordeñar al Estado en beneficio propio.
La orientación política del PSOE en esta crisis, cuyo núcleo es más ético que económico, es lamentable. Su responsbilidad en el hundimiento de la economía, en tiempos de Zapatero, y de la caída de los valores humanos y de los principios democráticos es enorme, pero ni se han arrepentido por construir un Estado minado por la corrupción, ni han pedido perdón a los ciudadanos por los abusos y arbitrariedades perpetrados por los gobiernos socialistas en el poder, entre los que destacan el apoyo al nacionalismo, corrupciones masivas como los EREs en Andalucía y una inmensa batería de irregularidades y corrupciones del poder que van desde la contratación masiva de familiares y amigos en puestos públicos, el cobro de comisiones ilegales, la falsificación de concursos públicos y oposiciones, la concesión arbitraria de subvenciones, la permisividad con las instituciones financieras abusivas y otras muchas.
Es cierto que el PP compite con los socialistas en los mismos ámbitos de indignidad e indecencia y es, también, culpable del desastre económico y moral del país, ya que sus gobiernos no han sido diferentes de los socialistas, ni ética ni democráticamente, pero hay que reconocer, en honor a la verdad y a la razón, que las dos recientes propuestas de Cospedal cambian el rumbo y abren un resquicio a la esperanza de que España de ahora pasos hacia la decencia y la dignidad que los políticos le han arrebatado.
El rechazo del PSOE a esas medidas regeneracionistas y democráticas revela el auténtico rostro de ese partido político y su gran responsabilidad en la deriva antidemocrática y corrupta de la política española, tras la muerte de Franco.
No existen argumentos sólidos para oponerse a lo que signifique reducir el tamaño del monstruoso Estado que los políticos han construido en España, en contra de la voluntad popular, todo un atentado contra la democracia y la decencia que ha servido como primer paso y base para la explosión de la corrupción y el divorcio entre la política y la ciudadanía. Únicamente el egoísmo y, una vez más, la costumbre de anteponer los intereses del partido al bien común explican el rechazo de los socialistas a la reforma propuesta por Cospedal, que se orienta claramente hacia lo que los ciudadanos quieren y demandan: adelgazamiento del Estado y menos privilegios de la clase política española.
Dicen los socialistas que esas medidas propuestas en Castilla la Mancha van contra la democracia y contra la voluntad de los ciudadanos, que eligieron a esos cargos políticos que ahora van a ser suprimidos, además de que los ahorros derivados de esas medidas son ridículos, argumentos todos ellos inconsistentes y propios de los que confunden la voluntad popular con sus propios intereses y están habituados a ordeñar al Estado en beneficio propio.
La orientación política del PSOE en esta crisis, cuyo núcleo es más ético que económico, es lamentable. Su responsbilidad en el hundimiento de la economía, en tiempos de Zapatero, y de la caída de los valores humanos y de los principios democráticos es enorme, pero ni se han arrepentido por construir un Estado minado por la corrupción, ni han pedido perdón a los ciudadanos por los abusos y arbitrariedades perpetrados por los gobiernos socialistas en el poder, entre los que destacan el apoyo al nacionalismo, corrupciones masivas como los EREs en Andalucía y una inmensa batería de irregularidades y corrupciones del poder que van desde la contratación masiva de familiares y amigos en puestos públicos, el cobro de comisiones ilegales, la falsificación de concursos públicos y oposiciones, la concesión arbitraria de subvenciones, la permisividad con las instituciones financieras abusivas y otras muchas.
Es cierto que el PP compite con los socialistas en los mismos ámbitos de indignidad e indecencia y es, también, culpable del desastre económico y moral del país, ya que sus gobiernos no han sido diferentes de los socialistas, ni ética ni democráticamente, pero hay que reconocer, en honor a la verdad y a la razón, que las dos recientes propuestas de Cospedal cambian el rumbo y abren un resquicio a la esperanza de que España de ahora pasos hacia la decencia y la dignidad que los políticos le han arrebatado.