Sánchez es un ejemplo mundial de estafa a los ciudadanos y fracaso. Predica el progreso, pero crea injusticia, abuso, corrupción, odio y carencias profundas, de empleo, vivienda, seguridad, justicia y servicios que funcionen.
Los jóvenes se rebelan en distintos países de Europa y del mundo porque perciben, con fundamento, que el orden político y económico construido en las últimas décadas no les ofrece expectativas reales de vivienda, empleo estable, seguridad ni progreso.
El fracaso de buena parte de los gobiernos es evidente: no logran satisfacer las demandas básicas de los jóvenes, de las clases medias, de los pequeños propietarios, de los empresarios ni de los trabajadores.
Han consolidado esferas de privilegio, gasto público descontrolado y clientelismo para una clase política profesionalizada, mientras la inseguridad, la lentitud judicial, la presión fiscal y la erosión de valores maltratan al resto de la sociedad.
Ese injusto y asqueroso desajuste explica el desencanto generalizado. Esa es la razón por la que los jóvenes destrozan las calles y sienten deseos irrefrenables de votar a partidos extremistas y antisistema.
El drama de nuestro tiempo tiene como principal responsable a la clase política, que, en demasiados países, ha convertido el Estado en un instrumento de poder, enriquecimiento y blindaje personal.
Los partidos políticos son los amos del mundo y los dirigentes de esos partidos son los nuevos emperadores de poder absoluto. El ciudadano ha sido expulsado del poder y la democracia ha sido asesinada.
Tras erosionar mecanismos de control, independencia judicial y alternancia real, muchos dirigentes se comportan como sátrapas modernos: se perpetúan mediante coaliciones frágiles, prórrogas presupuestarias, alianzas con fuerzas que rechazan el marco constitucional o simples mayorías relativas.
El segundo responsable del drama de nuestro tiempo son los pueblos que, por inercia, miedo o conformismo, han tolerado durante años esa captura de las instituciones sin exigir cuentas con contundencia. Cuando la democracia se reduce a ritual electoral y el poder se blinda, la frustración se acumula.
Esa furia se manifiesta ya en las calles de varias ciudades europeas y es probable que pronto se extienda por todo el mundo. Las protestas juveniles, a menudo violentas y desesperadas, incluyen incendios de mobiliario urbano, saqueos de comercios y enfrentamientos con la policía, a la que algunos manifestantes califican de “esclava de los políticos”.
La violencia es condenable y contraproducente: destruye bienes ajenos, debilita el Estado de Derecho y permite a los gobernantes presentarse como defensores del orden. Sin embargo, no puede ignorarse que brota de una percepción extendida de que las vías institucionales están bloqueadas y de que el sistema no ofrece salidas pacíficas ni justas. Despreciar esa raíz solo agrava el problema.
¿Qué hacer con este mundo? Lo primero es sustituir a la actual clase política degradada por servidores públicos seleccionados por mérito, integridad y competencia, no por fidelidad partidaria.
Eso exige reformas institucionales reales: límites a la reelección, transparencia patrimonial estricta, incompatibilidades severas, presupuestos anuales obligatorios con consecuencias automáticas y mecanismos que impidan la captura del poder. Pero, sobre todo, exige recuperar los valores que han sido masacrados y erradicar los actuales partidos políticos, convertidos en escuelas de corrupción, egoísmo y latrocinio.
Ya es hora de que quienes han saqueado las instituciones, corrompido la justicia o despreciado sistemáticamente las reglas respondan ante tribunales independientes.
Hasta que los indignados no vean las cárceles llenas de políticos corruptos y depredadores, falsos mensajeros del progreso, el mundo no empezará a mejorar.
Solo un Estado de Derecho reforzado puede devolver seguridad, equidad y decencia a las sociedades. La violencia callejera no es solución; la rendición de cuentas sí.
Francisco Rubiales
El fracaso de buena parte de los gobiernos es evidente: no logran satisfacer las demandas básicas de los jóvenes, de las clases medias, de los pequeños propietarios, de los empresarios ni de los trabajadores.
Han consolidado esferas de privilegio, gasto público descontrolado y clientelismo para una clase política profesionalizada, mientras la inseguridad, la lentitud judicial, la presión fiscal y la erosión de valores maltratan al resto de la sociedad.
Ese injusto y asqueroso desajuste explica el desencanto generalizado. Esa es la razón por la que los jóvenes destrozan las calles y sienten deseos irrefrenables de votar a partidos extremistas y antisistema.
El drama de nuestro tiempo tiene como principal responsable a la clase política, que, en demasiados países, ha convertido el Estado en un instrumento de poder, enriquecimiento y blindaje personal.
Los partidos políticos son los amos del mundo y los dirigentes de esos partidos son los nuevos emperadores de poder absoluto. El ciudadano ha sido expulsado del poder y la democracia ha sido asesinada.
Tras erosionar mecanismos de control, independencia judicial y alternancia real, muchos dirigentes se comportan como sátrapas modernos: se perpetúan mediante coaliciones frágiles, prórrogas presupuestarias, alianzas con fuerzas que rechazan el marco constitucional o simples mayorías relativas.
El segundo responsable del drama de nuestro tiempo son los pueblos que, por inercia, miedo o conformismo, han tolerado durante años esa captura de las instituciones sin exigir cuentas con contundencia. Cuando la democracia se reduce a ritual electoral y el poder se blinda, la frustración se acumula.
Esa furia se manifiesta ya en las calles de varias ciudades europeas y es probable que pronto se extienda por todo el mundo. Las protestas juveniles, a menudo violentas y desesperadas, incluyen incendios de mobiliario urbano, saqueos de comercios y enfrentamientos con la policía, a la que algunos manifestantes califican de “esclava de los políticos”.
La violencia es condenable y contraproducente: destruye bienes ajenos, debilita el Estado de Derecho y permite a los gobernantes presentarse como defensores del orden. Sin embargo, no puede ignorarse que brota de una percepción extendida de que las vías institucionales están bloqueadas y de que el sistema no ofrece salidas pacíficas ni justas. Despreciar esa raíz solo agrava el problema.
¿Qué hacer con este mundo? Lo primero es sustituir a la actual clase política degradada por servidores públicos seleccionados por mérito, integridad y competencia, no por fidelidad partidaria.
Eso exige reformas institucionales reales: límites a la reelección, transparencia patrimonial estricta, incompatibilidades severas, presupuestos anuales obligatorios con consecuencias automáticas y mecanismos que impidan la captura del poder. Pero, sobre todo, exige recuperar los valores que han sido masacrados y erradicar los actuales partidos políticos, convertidos en escuelas de corrupción, egoísmo y latrocinio.
Ya es hora de que quienes han saqueado las instituciones, corrompido la justicia o despreciado sistemáticamente las reglas respondan ante tribunales independientes.
Hasta que los indignados no vean las cárceles llenas de políticos corruptos y depredadores, falsos mensajeros del progreso, el mundo no empezará a mejorar.
Solo un Estado de Derecho reforzado puede devolver seguridad, equidad y decencia a las sociedades. La violencia callejera no es solución; la rendición de cuentas sí.
Francisco Rubiales