En la mayoría de los países democráticos del mundo, Pedro Sánchez habría tenido que dimitir o estaría procesado tan sólo por lo que significa de injusticia y brutalidad el robo de viviendas, consentido y tolerado por un gobierno injusto y corrupto.
El problema de la ocupación se ha desmadrado totalmente. Los líderes de izquierdas viven en barrios de lujo, frecuentemente custodiados por policías, donde no tienen que soportar el problema de los okupas, que cada día se extiende más y martiriza más a los españoles. Por eso son insensibles ante una de las mayores injusticias que sufre la población española.
La ocupación de viviendas implica la entrada y uso no autorizado de una propiedad que pertenece a otra persona o entidad. Esto infringe el derecho fundamental a la propiedad, reconocido en la Constitución Española (artículo 33), lo que genera inseguridad jurídica para los propietarios.
Esa inseguridad de los propietarios es la principal causa de la escasez de viviendas para alquilar. Muchos propietarios no se atreven a alquilar sus viviendas porque el gobierno socialista protege más al inquilino que al dueño y eso crea inseguridad jurídica y miedo.
Los propietarios, ya sean particulares, empresas o bancos, sufren pérdidas económicas significativas. Estas incluyen la imposibilidad de disponer de su propiedad, los costes de procesos judiciales para recuperar la vivienda, los daños que puedan ocasionarse en la propiedad y la pérdida de ingresos por alquiler o venta.
La ocupación desincentiva la inversión en viviendas, tanto por parte de particulares como de empresas y reduce la oferta de alquileres, lo que a su vez podría incrementar los precios y agravar el problema de acceso a la vivienda.
La okupación erosiona la confianza ciudadana en el Estado de derecho y en las instituciones, al percibirse que no se protege adecuadamente a los propietarios, ni se ofrecen soluciones efectivas para quienes carecen de vivienda.
Las ocupaciones también generan conflictos en comunidades de vecinos, aumentando la sensación de inseguridad.
En algunos casos, se asocian con actividades ilícitas, como el narcotráfico o la delincuencia, lo que afecta la convivencia en los barrios.
Genera también cargas para el sistema judicial porque los procesos de desalojo suelen ser largos y costosos, saturando los juzgados. Esto crea una percepción de ineficacia en la justicia, ya que los propietarios pueden tardar meses o años en recuperar sus viviendas.
España, que durante el Franquismo fue un país de propietarios, mundialmente admirado, y que después, en los primeros años de la falsa democracia, animó a los ciudadanos a comprar viviendas, permite hoy, de manera escandalosa y vergonzosa, que los dueños de viviendas sean impunemente robados y que la Justicia proteja a los ladrones, obligando a los dueños despojados a pagar las facturas de la luz, el agua y otros gastos de la vivienda robada.
Lo siguiente está copiado de las redes: “Una anciana logra entrar en su vivienda okupada. El okupa la denuncia a la Policía. Los agentes actúan esta vez con rapidez, acuden a la vivienda y exigen junto al okupa que la anciana se vaya. El okupa sigue gratis y con gastos pagados en el piso. Esto solo ocurre en España.”
He estado varias veces en el extranjero en los últimos años y cuando les cuentas a tus colegas periodistas lo de la "okupación" se estremecen y se niegan a creer tamaña injusticia, sin comprender por qué los españoles permiten que sus políticos patrocinen esa canallada sin echarlos a patadas.
Somos el único país de Europa donde no se respeta la propiedad privada. Sánchez, que es, probablemente, uno de los gobernantes mas sinvergüenzas y corruptos del planeta, cierra los ojos y carga en problema de la vivienda en espaldas ajenas.
Muchos observadores creen que la increíble tolerancia con los okupas es la peor lacra del gobierno de Sánchez y un reflejo claro de su bajeza moral y su desprecio al derecho, la justicia y el bien común.
Francisco Rubiales
El problema de la ocupación se ha desmadrado totalmente. Los líderes de izquierdas viven en barrios de lujo, frecuentemente custodiados por policías, donde no tienen que soportar el problema de los okupas, que cada día se extiende más y martiriza más a los españoles. Por eso son insensibles ante una de las mayores injusticias que sufre la población española.
La ocupación de viviendas implica la entrada y uso no autorizado de una propiedad que pertenece a otra persona o entidad. Esto infringe el derecho fundamental a la propiedad, reconocido en la Constitución Española (artículo 33), lo que genera inseguridad jurídica para los propietarios.
Esa inseguridad de los propietarios es la principal causa de la escasez de viviendas para alquilar. Muchos propietarios no se atreven a alquilar sus viviendas porque el gobierno socialista protege más al inquilino que al dueño y eso crea inseguridad jurídica y miedo.
Los propietarios, ya sean particulares, empresas o bancos, sufren pérdidas económicas significativas. Estas incluyen la imposibilidad de disponer de su propiedad, los costes de procesos judiciales para recuperar la vivienda, los daños que puedan ocasionarse en la propiedad y la pérdida de ingresos por alquiler o venta.
La ocupación desincentiva la inversión en viviendas, tanto por parte de particulares como de empresas y reduce la oferta de alquileres, lo que a su vez podría incrementar los precios y agravar el problema de acceso a la vivienda.
La okupación erosiona la confianza ciudadana en el Estado de derecho y en las instituciones, al percibirse que no se protege adecuadamente a los propietarios, ni se ofrecen soluciones efectivas para quienes carecen de vivienda.
Las ocupaciones también generan conflictos en comunidades de vecinos, aumentando la sensación de inseguridad.
En algunos casos, se asocian con actividades ilícitas, como el narcotráfico o la delincuencia, lo que afecta la convivencia en los barrios.
Genera también cargas para el sistema judicial porque los procesos de desalojo suelen ser largos y costosos, saturando los juzgados. Esto crea una percepción de ineficacia en la justicia, ya que los propietarios pueden tardar meses o años en recuperar sus viviendas.
España, que durante el Franquismo fue un país de propietarios, mundialmente admirado, y que después, en los primeros años de la falsa democracia, animó a los ciudadanos a comprar viviendas, permite hoy, de manera escandalosa y vergonzosa, que los dueños de viviendas sean impunemente robados y que la Justicia proteja a los ladrones, obligando a los dueños despojados a pagar las facturas de la luz, el agua y otros gastos de la vivienda robada.
Lo siguiente está copiado de las redes: “Una anciana logra entrar en su vivienda okupada. El okupa la denuncia a la Policía. Los agentes actúan esta vez con rapidez, acuden a la vivienda y exigen junto al okupa que la anciana se vaya. El okupa sigue gratis y con gastos pagados en el piso. Esto solo ocurre en España.”
He estado varias veces en el extranjero en los últimos años y cuando les cuentas a tus colegas periodistas lo de la "okupación" se estremecen y se niegan a creer tamaña injusticia, sin comprender por qué los españoles permiten que sus políticos patrocinen esa canallada sin echarlos a patadas.
Somos el único país de Europa donde no se respeta la propiedad privada. Sánchez, que es, probablemente, uno de los gobernantes mas sinvergüenzas y corruptos del planeta, cierra los ojos y carga en problema de la vivienda en espaldas ajenas.
Muchos observadores creen que la increíble tolerancia con los okupas es la peor lacra del gobierno de Sánchez y un reflejo claro de su bajeza moral y su desprecio al derecho, la justicia y el bien común.
Francisco Rubiales