Todos afirman que la recién nacida infanta Leonor ha llegado al mundo con las reformas bajo el brazo. Seguramente, su nacimiento precipitará la necesaria reforma de la Constitución, que permita que una mujer disfrute los mismos derechos que un hombre y pueda ser reina.
Sin embargo, no es esa la única reforma que la democracia española necesita, ni siquiera la más urgente.
Mucho más urgente que esa es, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que permita a los españoles ejercer el derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes políticos, un derecho fundamental en democracia que los españoles hoy no pueden ejercer.
La existencia de listas electorales cerradas y bloqueadas impide a los españoles elegir libremente a sus representantes, como garantiza la Constitución. Con ese sistema, quienes eligen son los partidos políticos, que son los que hacen las listas. Los ciudadanos sólo pueden elegir una de esas listas cerradas, sin tocarlas, sin premiar a los mejores, sin rechazar a los peores, sin poder hacer caso a su intelecto o a su conciencia.
La vigencia de esas listas cerradas y bloqueadas, llamadas despectivamente "autobuses" por cientos de polítologos críticos, indignados ante esa flagrante violación de la Constitución, que arrebata al ciudadano su mayor derecho en democracia, constituye una lacra que degrada la democracia española y que la coloca en la tercera división de las democracias mundiales.
Son los partidos políticos los que se sienten más a gusto con los "autobuses", porque les permiten incrementar su poder y establecer una dictadura interna en los partidos, unida a estructuras clientelares muy rentables, cerrando los ojos ante el hecho de que ese sistema electoral viola claramente la regla de oro de toda democracia, según la cual son los ciudadanos soberanos los que eligen a sus representantes políticos.
Los "autobuses", además, tienen efectos secundarios muy nocivos sobre la democracia y las libertades: los diputados y senadores son más leales y obedientes a sus partidos, que son los que hacen las listas, que a los ciudadanos que representan; la vida interna de los partidos se torna autoritaria y vertical; los ciudadanos rara vez conocen a sus representantes, ni tienen trato con ellos, etc., secuelas que, claramente, desvirtúan y degradan la democracia.
Somo muchos los que creemos que cambiar la Constitución para que la niña Leonor sea reina debe hacerse, pero puede esperar. Lo que no puede esperar es la regeneración de una democracia degradada que impide al ciudadano elegir libremente a sus representantes.
Sin embargo, no es esa la única reforma que la democracia española necesita, ni siquiera la más urgente.
Mucho más urgente que esa es, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que permita a los españoles ejercer el derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes políticos, un derecho fundamental en democracia que los españoles hoy no pueden ejercer.
La existencia de listas electorales cerradas y bloqueadas impide a los españoles elegir libremente a sus representantes, como garantiza la Constitución. Con ese sistema, quienes eligen son los partidos políticos, que son los que hacen las listas. Los ciudadanos sólo pueden elegir una de esas listas cerradas, sin tocarlas, sin premiar a los mejores, sin rechazar a los peores, sin poder hacer caso a su intelecto o a su conciencia.
La vigencia de esas listas cerradas y bloqueadas, llamadas despectivamente "autobuses" por cientos de polítologos críticos, indignados ante esa flagrante violación de la Constitución, que arrebata al ciudadano su mayor derecho en democracia, constituye una lacra que degrada la democracia española y que la coloca en la tercera división de las democracias mundiales.
Son los partidos políticos los que se sienten más a gusto con los "autobuses", porque les permiten incrementar su poder y establecer una dictadura interna en los partidos, unida a estructuras clientelares muy rentables, cerrando los ojos ante el hecho de que ese sistema electoral viola claramente la regla de oro de toda democracia, según la cual son los ciudadanos soberanos los que eligen a sus representantes políticos.
Los "autobuses", además, tienen efectos secundarios muy nocivos sobre la democracia y las libertades: los diputados y senadores son más leales y obedientes a sus partidos, que son los que hacen las listas, que a los ciudadanos que representan; la vida interna de los partidos se torna autoritaria y vertical; los ciudadanos rara vez conocen a sus representantes, ni tienen trato con ellos, etc., secuelas que, claramente, desvirtúan y degradan la democracia.
Somo muchos los que creemos que cambiar la Constitución para que la niña Leonor sea reina debe hacerse, pero puede esperar. Lo que no puede esperar es la regeneración de una democracia degradada que impide al ciudadano elegir libremente a sus representantes.