Apenas una decena de acuerdos han alcanzado PP, PSOE e IU para la implantación de medidas de transparencia en el Parlamento andaluz, tras año y medio de reuniones. El resultado es decepcionante y demuestra la impotencia y la hipocresía de partidos víctimas del agotamiento, la corrupción interna y la degeneración democrática. Entre los acuerdos ni figura el de hacer posibles unas comisiones de investigación libres y sin trucos, capaces de buscar la verdad y aportar luz sobre los numerosos escándalos que indignan a la ciudadanía y ensucian la vida pública.
Cuando los ciudadanos esperan grandes medidas y que la presidenta Susana cumpla con su promesa de ser implacable con los corruptos, sólo se aprueban medidas de tercer rango, llenas de teatro y de apariencia, sin apenas contenido destacable y sin tocar las grandes aberraciones del "régimen" andaluz, donde el dinero público se maneja como si fuera propiedad de los políticos, en el que los que mandan están atiborrados de privilegios que, a juzgar por lo que logran y por la pobreza y el atraso reinantes, no se merecen, se conceden subvenciones a los amigos, se bloquean las que les corresponden a los adversarios políticos o indiferentes, se cobran comisiones ilegales, se mueven expedientes a cambio de dinero, se manipulan los concursos públicos y se les otorgan ayudas, becas, subvenciones y otros privilegios a todos los que han estado en el gobierno y conocen secretos inconfesables.
Los cambios acordados son simples gestos para la galería porque el poder político andaluz sigue apostando por la lejanía de la democracia y de la limpieza, dando la espalda a los grandes valores. Si quisieran limpieza y democracia abandonarían y dejarían funcionar en libertad a una sociedad civil que tienen ocupada casi militarmente; renunciarían a repartir dinero público a espuertas entre partidos políticos y sindicatos, vigilarían que el dinero de las subvenciones se ponga al servicio del interés general y no sea utilizado para enriquecer a sinvergüenzas; reforzarían los juzgados con personal y recursos para que puedan combatir la corrupción, dejarían de proteger a sus chorizos, ocultando información, colocándolos en las listas electorales, aforándolos y pagándoles los abogados, bajarían esos impuestos confiscatorios que saquean a los ciudadanos y, sobre todo, a los herederos en Andalucía, muchos de los cuales renuncian a sus herencias porque la Junta les acribilla con impuestos, y un largo etcétera que demuestra que la corrupción andaluza no es un fenómeno ajeno al poder sino un vició incrustado en el alma de la casta y parte del mismo sistema.
La única reforma digna de mención ha sido la obligación de que los diputados hagan pública su declaración de IRPF, que hasta ahora guardaban bajo llave los letrados de la Cámara.
La presentación de las novedades fue ridícula porque se hizo con boato, en el salón de protocolo de la sede de la Cámara andaluza, en un acto sólo para políticos, sin alcance popular alguno.
La corrupción en Andalucía es parte del sistema y la solución a ese drama nunca puede venir de los políticos, que son los responsables de que esa corrupción brutal haya infectado la política y la sociedad.
Cuando los ciudadanos esperan grandes medidas y que la presidenta Susana cumpla con su promesa de ser implacable con los corruptos, sólo se aprueban medidas de tercer rango, llenas de teatro y de apariencia, sin apenas contenido destacable y sin tocar las grandes aberraciones del "régimen" andaluz, donde el dinero público se maneja como si fuera propiedad de los políticos, en el que los que mandan están atiborrados de privilegios que, a juzgar por lo que logran y por la pobreza y el atraso reinantes, no se merecen, se conceden subvenciones a los amigos, se bloquean las que les corresponden a los adversarios políticos o indiferentes, se cobran comisiones ilegales, se mueven expedientes a cambio de dinero, se manipulan los concursos públicos y se les otorgan ayudas, becas, subvenciones y otros privilegios a todos los que han estado en el gobierno y conocen secretos inconfesables.
Los cambios acordados son simples gestos para la galería porque el poder político andaluz sigue apostando por la lejanía de la democracia y de la limpieza, dando la espalda a los grandes valores. Si quisieran limpieza y democracia abandonarían y dejarían funcionar en libertad a una sociedad civil que tienen ocupada casi militarmente; renunciarían a repartir dinero público a espuertas entre partidos políticos y sindicatos, vigilarían que el dinero de las subvenciones se ponga al servicio del interés general y no sea utilizado para enriquecer a sinvergüenzas; reforzarían los juzgados con personal y recursos para que puedan combatir la corrupción, dejarían de proteger a sus chorizos, ocultando información, colocándolos en las listas electorales, aforándolos y pagándoles los abogados, bajarían esos impuestos confiscatorios que saquean a los ciudadanos y, sobre todo, a los herederos en Andalucía, muchos de los cuales renuncian a sus herencias porque la Junta les acribilla con impuestos, y un largo etcétera que demuestra que la corrupción andaluza no es un fenómeno ajeno al poder sino un vició incrustado en el alma de la casta y parte del mismo sistema.
La única reforma digna de mención ha sido la obligación de que los diputados hagan pública su declaración de IRPF, que hasta ahora guardaban bajo llave los letrados de la Cámara.
La presentación de las novedades fue ridícula porque se hizo con boato, en el salón de protocolo de la sede de la Cámara andaluza, en un acto sólo para políticos, sin alcance popular alguno.
La corrupción en Andalucía es parte del sistema y la solución a ese drama nunca puede venir de los políticos, que son los responsables de que esa corrupción brutal haya infectado la política y la sociedad.