El escándalo de Bankia, una entidad financiera que reclama nada menos que 24.000 millones de euros de los fondos públicos para salir a flote, ha indignado a grandes sectores de la población española y ha puesto al descubierto los abusos y carencias de una clase política española que no está a la altura, que ha perdido con toda justicia el respeto de los ciudadanos y que no merece gestionar una nación como España. Castigar o no castigar a los ladrones que han desvalijado las cajas de ahorro española; esa es la cuestión y la gran prueba para Mariano Rajoy como gobernante, de la que surgirá como un verdadero líder decente y democrático o como otro dirigente fracasado, inmoral y cómplice del latrocinio y del saqueo perpetrado por la clase política en España.
Rajoy ha ordenado al Fiscal General del Estado que investigue lo ocurrido en las cajas de ahorro españolas, pero nadie se cree que esa investigación vaya en serio, entre otras razones porque la responsabilidad del oscuro y sucio saqueo de las cajas alcanza de lleno a los principales partidos políticos españoles.
Pero el ciudadano, abrumado por los impuestos y angustiado por los recortes, exige justicia y no soporta que los jefes de las Cajas quebradas se hayan llevado 93,2 millones, ni que muchos partidos políticos hayan recibido préstamos, después condonados, de las cajas arruinadas, que las indemnizaciones y jubilaciones de los diretivos fracasados se cuenten en millones de euros y quiere conocer qué ha ocurrido en esas entidades para que hayan desaparecido tantas decenas de miles de millones de euros, cantidades astronómicas que, de no haber sido saqueadas, nos habrían salvado del desastre actual.
La reciente dimisión de MAFO, máximo responsable del Banco de España, no calma la ola de indignación de unos ciudadanos que exigen que las responsabilidades del Banco de España, organismo encargado de la vigilancia y control de las entidades financieras, deben ser investigadas y castigadas con especial rigor y ejemplaridad.
El castigo de los ladrones y saqueadores del sistema financiero español es, en estos momentos, la asignatura pendiente más importante para Rajoy y su gobierno y la prueba que el mundo espera y observa para discernir si España tiene futuro como economía y democracia modernas o si es mejor dejarla caer para que se pudra en sus propios excrementos y sirva de ejemplo en el despreciable planeta de los delincuentes políticos.
Si Rajoy no es drástico y severo en la lucha contra los saqueadores y no depura todas las responsabilidades penales, el pueblo no le va a perdonar y su partido será arrasado en las próximas elecciones, quedando todavía más degradado y desprestigiado que el PSOE de Zapatero, principal causante de la ruina y del desprestigio internacional de España.
Los ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que poner tanto dinero, cuando muchos directivos han salido de las Cajas de ahorro con grandes indemnizaciones tras una gestión que más que dudosa debe calificarse de calamitosa.
La gente quiere ver sangre y está cansada de que los poderosos tengan bula en España para robar y abusar del poder.
Rajoy ha ordenado al Fiscal General del Estado que investigue lo ocurrido en las cajas de ahorro españolas, pero nadie se cree que esa investigación vaya en serio, entre otras razones porque la responsabilidad del oscuro y sucio saqueo de las cajas alcanza de lleno a los principales partidos políticos españoles.
Pero el ciudadano, abrumado por los impuestos y angustiado por los recortes, exige justicia y no soporta que los jefes de las Cajas quebradas se hayan llevado 93,2 millones, ni que muchos partidos políticos hayan recibido préstamos, después condonados, de las cajas arruinadas, que las indemnizaciones y jubilaciones de los diretivos fracasados se cuenten en millones de euros y quiere conocer qué ha ocurrido en esas entidades para que hayan desaparecido tantas decenas de miles de millones de euros, cantidades astronómicas que, de no haber sido saqueadas, nos habrían salvado del desastre actual.
La reciente dimisión de MAFO, máximo responsable del Banco de España, no calma la ola de indignación de unos ciudadanos que exigen que las responsabilidades del Banco de España, organismo encargado de la vigilancia y control de las entidades financieras, deben ser investigadas y castigadas con especial rigor y ejemplaridad.
El castigo de los ladrones y saqueadores del sistema financiero español es, en estos momentos, la asignatura pendiente más importante para Rajoy y su gobierno y la prueba que el mundo espera y observa para discernir si España tiene futuro como economía y democracia modernas o si es mejor dejarla caer para que se pudra en sus propios excrementos y sirva de ejemplo en el despreciable planeta de los delincuentes políticos.
Si Rajoy no es drástico y severo en la lucha contra los saqueadores y no depura todas las responsabilidades penales, el pueblo no le va a perdonar y su partido será arrasado en las próximas elecciones, quedando todavía más degradado y desprestigiado que el PSOE de Zapatero, principal causante de la ruina y del desprestigio internacional de España.
Los ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que poner tanto dinero, cuando muchos directivos han salido de las Cajas de ahorro con grandes indemnizaciones tras una gestión que más que dudosa debe calificarse de calamitosa.
La gente quiere ver sangre y está cansada de que los poderosos tengan bula en España para robar y abusar del poder.