Ante el embate de la Iglesia Católica y de cientos de miles de sus fieles y seguidores, que piden la retirada de la LOE para que sea sustituida por otra ley de educación que garantice la libertad, la disciplina, el esfuerzo y, en definitiva, una educación competitiva, el gobierno ha respondido con el clásico método de la zanahoria y el palo, ofreciendo diálogo, asegurando que la ley no será retirada y amenazando con reducir la financiación pública de la Iglesia Católica.
La Iglesia ha respondido recurriendo al manual de la democracia y recordando al gobierno Zapatero que el Estado es siempre subsidiario del ciudadano y que no es el poder quien otorga dinero a la Iglesia, sino los ciudadanos, que, libremente, ordenan destinar parte de sus impuestos para financiar las labores de la Iglesia. El Estado sólo cumple, como debe, la órden de los que realmente son soberanos y deben mandar en democracia: los ciudadanos.
El verdadero problema es la concepción del poder y del Estado que subsiste en la democracia española, quizás heredado del anterior régimen, un poder arrogante que comparten por igual las derechas y las izquierdas y que se cree con el derecho a distribuir a la población en las escuelas que quiera, a impartir el tipo de educación que guste al poder, a ignorar la opinión de millones de personas o a implicar al país en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria de los españoles.
Muchos de nuestros dirigentes demócratas no se creen ese principio básico de la democracia según el cual el Estado es subsidiario y está al servicio del ciudadano. Hablan constantemente de "respeto al Estado" o de la "dignidad del Estado", elevando el servicio al Estado hasta el máximo rango, cuando, en una autentica democracia, el verdadero valor es el servicio al ciudadano, que es el soberano y el que otorga o quita legitimidad al sistema.
La Iglesia ha propuesto una solución consecuente y democrática al problema: terminar con la actual situación transitoria y elevar el porcentaje de los impuestos que los ciudadanos pueden destinar a financiar a la Iglesia o a otras actividades sociales, fijado unilateralmente por el gobierno. De ese modo, la Iglesia podría subsistir perfectamente con esas aportaciones directas de sus seguidores y simpatizantes.
Pero les apuesto un euro a que el gobierno no acepta el envite, entre otras razones porque está acostumbrado a controlar a la sociedad civil y a sus grandes instituciones (universidades, patronal, sindicatos, medios de comunicación, ONGs, etc.), a través del dinero, que otorga o retira a placer para elevar a los amigos y aplastar a los adversarios.
La mejor manera de solucionar el asunto de la Iglesia es dejarla al margen del Estado, que es donde debe estar en una democracia moderna, viviendo de sus propios recursos, sin aportarle financiaciones suplementarias. Esa solución sería baena para todos. Pero sospecho que este gobierno y cualquier otro, incluído uno de la derecha, diría siempre que "no" a esa solución porque perdería poder y control.
Para completar el análisis, conviene recordar que la financiación de la Iglesia es un asunto complejo que debe analizarse teniendo en cuenta que también la Iglesia financia, a través de los valiosos servicios que presta, al Estado y a la sociedad. Entre esos servicios, que si nos los prestara la Iglesia debería prestarlos el Estado, habría que mencionar los siguientes:
--- La acción social de CARITAS, tan sólo en el año 2004, gastó 57 millones de euros en asistencias a desfavorecidos.
--- La Iglesia, a través de sus centros educativos, atiende a 990.774 alumnos de primaria y ESO, con un coste de 2.961 millones de euros. De ese coste el estado solo financia 1.783 millones, a través de la vía de la subvención para los centros concertados.
--- Algo parecido sucede con la asistencia sanitaria que presta en España la Iglesia católica. Existen 101 centros hospitalarios con un total de 51.312 camas gestionadas exclusivamente por la Federación Española de Religiosos Sanitarios. A los que hay que añadir 596 residencias para ancianos, que desempeñan un papel fundamental para el cuidado de nuestros mayores desamparados y cuya desaparición supondría un autentico desastre humanitario, 876 casas de acogida, 937 orfanatos, 312 guarderías y 365 centros de educación especial. El coste anual de mantener esta asistencia social asciende a 5.056 millones de euros. Los sueldos de los religiosos que se encargan de atender a esta ingente cantidad de personas oscilan entre los 607 euros y los 1.091. Los funcionarios públicos que se encargan de las mismas labores cobran sueldos de entre 1.202 euros y 1.650. Desde luego a los españoles nos sale más barato que la Iglesia se encargue de prestar estos servicios sociales que abarcan desde ancianos, inmigrantes, enfermos de sida, minusválidos, discapacitados psíquicos, enfermos mentales, drogodependientes a marginales sin techo.
--- Otro de los datos que no se suelen tener en cuenta es la labor de conservación del patrimonio histórico artístico que desempeña la Iglesia.
FR
La Iglesia ha respondido recurriendo al manual de la democracia y recordando al gobierno Zapatero que el Estado es siempre subsidiario del ciudadano y que no es el poder quien otorga dinero a la Iglesia, sino los ciudadanos, que, libremente, ordenan destinar parte de sus impuestos para financiar las labores de la Iglesia. El Estado sólo cumple, como debe, la órden de los que realmente son soberanos y deben mandar en democracia: los ciudadanos.
El verdadero problema es la concepción del poder y del Estado que subsiste en la democracia española, quizás heredado del anterior régimen, un poder arrogante que comparten por igual las derechas y las izquierdas y que se cree con el derecho a distribuir a la población en las escuelas que quiera, a impartir el tipo de educación que guste al poder, a ignorar la opinión de millones de personas o a implicar al país en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria de los españoles.
Muchos de nuestros dirigentes demócratas no se creen ese principio básico de la democracia según el cual el Estado es subsidiario y está al servicio del ciudadano. Hablan constantemente de "respeto al Estado" o de la "dignidad del Estado", elevando el servicio al Estado hasta el máximo rango, cuando, en una autentica democracia, el verdadero valor es el servicio al ciudadano, que es el soberano y el que otorga o quita legitimidad al sistema.
La Iglesia ha propuesto una solución consecuente y democrática al problema: terminar con la actual situación transitoria y elevar el porcentaje de los impuestos que los ciudadanos pueden destinar a financiar a la Iglesia o a otras actividades sociales, fijado unilateralmente por el gobierno. De ese modo, la Iglesia podría subsistir perfectamente con esas aportaciones directas de sus seguidores y simpatizantes.
Pero les apuesto un euro a que el gobierno no acepta el envite, entre otras razones porque está acostumbrado a controlar a la sociedad civil y a sus grandes instituciones (universidades, patronal, sindicatos, medios de comunicación, ONGs, etc.), a través del dinero, que otorga o retira a placer para elevar a los amigos y aplastar a los adversarios.
La mejor manera de solucionar el asunto de la Iglesia es dejarla al margen del Estado, que es donde debe estar en una democracia moderna, viviendo de sus propios recursos, sin aportarle financiaciones suplementarias. Esa solución sería baena para todos. Pero sospecho que este gobierno y cualquier otro, incluído uno de la derecha, diría siempre que "no" a esa solución porque perdería poder y control.
Para completar el análisis, conviene recordar que la financiación de la Iglesia es un asunto complejo que debe analizarse teniendo en cuenta que también la Iglesia financia, a través de los valiosos servicios que presta, al Estado y a la sociedad. Entre esos servicios, que si nos los prestara la Iglesia debería prestarlos el Estado, habría que mencionar los siguientes:
--- La acción social de CARITAS, tan sólo en el año 2004, gastó 57 millones de euros en asistencias a desfavorecidos.
--- La Iglesia, a través de sus centros educativos, atiende a 990.774 alumnos de primaria y ESO, con un coste de 2.961 millones de euros. De ese coste el estado solo financia 1.783 millones, a través de la vía de la subvención para los centros concertados.
--- Algo parecido sucede con la asistencia sanitaria que presta en España la Iglesia católica. Existen 101 centros hospitalarios con un total de 51.312 camas gestionadas exclusivamente por la Federación Española de Religiosos Sanitarios. A los que hay que añadir 596 residencias para ancianos, que desempeñan un papel fundamental para el cuidado de nuestros mayores desamparados y cuya desaparición supondría un autentico desastre humanitario, 876 casas de acogida, 937 orfanatos, 312 guarderías y 365 centros de educación especial. El coste anual de mantener esta asistencia social asciende a 5.056 millones de euros. Los sueldos de los religiosos que se encargan de atender a esta ingente cantidad de personas oscilan entre los 607 euros y los 1.091. Los funcionarios públicos que se encargan de las mismas labores cobran sueldos de entre 1.202 euros y 1.650. Desde luego a los españoles nos sale más barato que la Iglesia se encargue de prestar estos servicios sociales que abarcan desde ancianos, inmigrantes, enfermos de sida, minusválidos, discapacitados psíquicos, enfermos mentales, drogodependientes a marginales sin techo.
--- Otro de los datos que no se suelen tener en cuenta es la labor de conservación del patrimonio histórico artístico que desempeña la Iglesia.
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