La democracia trucada por Pedro Sánchez es una burla
La democracia es justo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez: el respeto absoluto a las normas y reglas del juego político, claramente marcadas para que el poder esté siempre bajo control y no se convierta en tiranía. Por eso existen cautelas, normas, leyes, frenos y contrapesos en el sistema, todos destinados a evitar que un loco que haya alcanzado el poder pueda destrozar a su país.
Es cierto que la utilización del decreto-ley como una forma prácticamente ordinaria de legislar ha sido una constante en nuestra democracia constitucional, pero nunca antes esa práctica alcanzó el actual nivel de intensidad, descaro y abuso, sobre todo porque la está practicando sin freno un gobierno en funciones al que la Constitución limita claramente los poderes.
Pero el "sanchismo" se parece cada día más al "chavismo", que es una ruta comunista para hacerse con el control absoluto del poder, tuneando primero y alterando después la democracia, hasta desmantelarla y colocarla como una simple cobertura para mandar sin límites.
El gobierno en funciones ha bautizado sus decretazos de los viernes como "los viernes sociales", exhibiendo así, con descaro, esa práctica propia de las tiranías, que justifica sus acciones bajo la sentencia de que "el fin justifica los medios".
Salvando las distancias, es el mismo principio que inspiraba y justificaba los asesinatos masivos y exterminios étnicos de Stalin, Mao, Hitler y otros monstruos, que esgrimían ante el pueblo que lo importante no son las normas y las reglas sino el objetivo que se pretende alcanzar.
Sánchez dice lo mismo para justificar que un gobierno en funciones, que siempre se ha limitado en España a estar de guardia y solucionar asuntos urgentes, se dedique ahora, burlando el Parlamento y suprimiendo el debate, a aprobar medidas sociales que tal vez nunca sean convalidadas pero que pretenden agradar al pueblo y obtener votos. La "urgencia social" esgrimida para justificar esos decretos urgentes son pura mentira.
Se mire por donde se mire, desde la óptica de la democracia y la decencia, lo que hace Sánchez y su gobierno es un claro abuso de poder, que, para los demócratas ortodoxos, es también repugnante y tiránico.
Algunos de los decretos y medidas aprobadas en la última sesión del gobierno en funciones son las siguientes:
Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica.
Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales.
Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento.
Y lo peor no es que esos decretos se hayan convertido en una truculenta y electoralista forma de gobernar, ajena por completo al espíritu de la democracia, sino que el gobierno, con un descaro infinito y un desprecio pleno a las normas y tradiciones, se dispone a repetir la fechoría viernes tras viernes, hasta que lleguen las elecciones.
Sanchez está ignorando no sólo la esencia de la democracia, sino también los criterios del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció en el pasado interpretando de forma muy restrictiva los argumentos que esgrimen los gobiernos para aplicar el decreto ley y considerando que si los argumentos del ejecutivo son escasos y los decretos-ley no justifican con la suficiente precisión los requisitos de urgencia y necesidad y el carácter extraordinario que requieren este tipo de normas, son contrarios a la Constitución.
Francisco Rubiales
Es cierto que la utilización del decreto-ley como una forma prácticamente ordinaria de legislar ha sido una constante en nuestra democracia constitucional, pero nunca antes esa práctica alcanzó el actual nivel de intensidad, descaro y abuso, sobre todo porque la está practicando sin freno un gobierno en funciones al que la Constitución limita claramente los poderes.
Pero el "sanchismo" se parece cada día más al "chavismo", que es una ruta comunista para hacerse con el control absoluto del poder, tuneando primero y alterando después la democracia, hasta desmantelarla y colocarla como una simple cobertura para mandar sin límites.
El gobierno en funciones ha bautizado sus decretazos de los viernes como "los viernes sociales", exhibiendo así, con descaro, esa práctica propia de las tiranías, que justifica sus acciones bajo la sentencia de que "el fin justifica los medios".
Salvando las distancias, es el mismo principio que inspiraba y justificaba los asesinatos masivos y exterminios étnicos de Stalin, Mao, Hitler y otros monstruos, que esgrimían ante el pueblo que lo importante no son las normas y las reglas sino el objetivo que se pretende alcanzar.
Sánchez dice lo mismo para justificar que un gobierno en funciones, que siempre se ha limitado en España a estar de guardia y solucionar asuntos urgentes, se dedique ahora, burlando el Parlamento y suprimiendo el debate, a aprobar medidas sociales que tal vez nunca sean convalidadas pero que pretenden agradar al pueblo y obtener votos. La "urgencia social" esgrimida para justificar esos decretos urgentes son pura mentira.
Se mire por donde se mire, desde la óptica de la democracia y la decencia, lo que hace Sánchez y su gobierno es un claro abuso de poder, que, para los demócratas ortodoxos, es también repugnante y tiránico.
Algunos de los decretos y medidas aprobadas en la última sesión del gobierno en funciones son las siguientes:
Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica.
Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales.
Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento.
Y lo peor no es que esos decretos se hayan convertido en una truculenta y electoralista forma de gobernar, ajena por completo al espíritu de la democracia, sino que el gobierno, con un descaro infinito y un desprecio pleno a las normas y tradiciones, se dispone a repetir la fechoría viernes tras viernes, hasta que lleguen las elecciones.
Sanchez está ignorando no sólo la esencia de la democracia, sino también los criterios del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció en el pasado interpretando de forma muy restrictiva los argumentos que esgrimen los gobiernos para aplicar el decreto ley y considerando que si los argumentos del ejecutivo son escasos y los decretos-ley no justifican con la suficiente precisión los requisitos de urgencia y necesidad y el carácter extraordinario que requieren este tipo de normas, son contrarios a la Constitución.
Francisco Rubiales