Los políticos han dirigido los Estados y los Imperios a lo largo de la Historia. En la antigua Roma eran los Senadores, pero el Senado no era un órgano de poder, sino de consejo de los cónsules o del Emperador, que eran, en última instancia, los que tenían el poder. Los estados deben estar dirigidos por un jefe supremo, que en las monarquías era el rey y en las repúblicas el presidente. Los políticos y politicuchos eran siempre simples peones del gran jefe.
En España, los políticos ya no son peones sino reyezuelos, caciques en los ayuntamientos, autonomías y el gobierno central. No existe nadie por encima de ellos, ni siquiera la Constitución, que es constantemente burlada, parcial o totalmente.
Tenemos un sistema donde los políticos y sus partidos son los dueños absolutos del Estado, del que los ciudadanos han sido expulsados. Aunque los políticos españoles repitan que son los representantes del pueblo, en realidad son representantes de sus propios intereses y los de sus partidos. De hecho, los políticos pueden gobernar contra la ciudadanía sin que les ocurra nada porque lo dominan todo y han eliminado los controles, frenos y contrapesos que tiene la democracia para evitar el imperio de los tiranos.
En la práctica, el único riesgo que corren es que los ciudadanos no les voten, pero también han neutralizado ese riesgo a través de campañas electorales trucadas, medios de comunicación comprados, censura y promesas que después no se cumplen, hechas a un pueblo que ya previamente ha sido convertido en un rebaño manso que no es capaz de pensar ni discernir.
El gran drama de España es que es la más sofisticada y perfecta tiranía colectiva de políticos que existe en el mundo, sin frenos ni controles, con el poder judicial bajo control, con los legisladores sometidos a la férrea disciplina de los partidos y con el pueblo anulado, desinformado y castrado.
En esas circunstancias pueden realizar todo tipo de abusos y fechorías, desde subir los impuestos para disponer de dinero abundante, a costa de saquear a los ciudadanos, hasta repartirse el dinero público, beneficiar a los amigos a capricho, castigar a los adversarios, arruinar la vida de los disidentes, disfrutar de ventajas y privilegios desmesurados y enriquecerse con el ejercicio del poder. Han podido, por ejemplo, emplear el dinero público en comprar el voto de los nacionalistas o para financiar el clientelismo de los partidos o llenar el Estado con empleados a sueldo, más de la mitad de los cuales sobran.
Hay decenas de fechorías y abusos que mencionar como pruebas fehacientes de que la democracia está suprimida y asesinada en España, pero las mencionadas son más que suficientes porque estamos leyendo un artículo, no una tesis doctoral.
La defensas propias de las democracias han sido dinamitadas: no existe una ley igual para todos porque en España la ley es blanda para los amigos y los poderosos y dura para los enemigos y los débiles. No existe una información veraz y libre porque el poder político controla y domina a la mayoría de los grandes medios, a través de la publicidad, el chantaje y una lluvia de ventajas y beneficios, casi todos desconocidos. Tampoco permiten que exista una sociedad civil organizada y poderosa, que sirva de contrapeso al poder porque el mundo civil está bajo control político, desde las universidades a las instituciones, asociaciones, colegios profesionales fundaciones y el mismo sistema financiero, al que someten con dinero fácil, como lo demostró en su día el rescate de los bancos con dinero que no se devolvió y que no se devolverá. Los poderes básicos del Estado, que en democracia deben funcionar con independencia, están sometidos al poder de los partidos y del gobierno. Los impuestos españoles son abusivos y el pueblo los rechaza masivamente. La voluntad popular es despreciada y burlada por la tiranía de los partidos, que no se atreven a preguntar a los ciudadanos cosas tan elementales como si quieren que los partidos se financien o no con dinero público, o que se incrementen o no los castigos para los corruptos, o que los corruptos sean inhabilitados hasta que no devuelvan el botín, o que las promesas electorales sean o no sagradas y tengan que cumplirse o que los corruptos dimitan al instante.
Es fácil demostrar que España es una tiranía de políticos, pero el país vive cada día envuelto en un gran engaño colectivo llamado "democracia", que no existe en modo alguno, aunque a los políticos y a sus medios de comunicación sometidos se les llene la boca pronunciando esa gran palabra prostituida.
Francisco Rubiales
En España, los políticos ya no son peones sino reyezuelos, caciques en los ayuntamientos, autonomías y el gobierno central. No existe nadie por encima de ellos, ni siquiera la Constitución, que es constantemente burlada, parcial o totalmente.
Tenemos un sistema donde los políticos y sus partidos son los dueños absolutos del Estado, del que los ciudadanos han sido expulsados. Aunque los políticos españoles repitan que son los representantes del pueblo, en realidad son representantes de sus propios intereses y los de sus partidos. De hecho, los políticos pueden gobernar contra la ciudadanía sin que les ocurra nada porque lo dominan todo y han eliminado los controles, frenos y contrapesos que tiene la democracia para evitar el imperio de los tiranos.
En la práctica, el único riesgo que corren es que los ciudadanos no les voten, pero también han neutralizado ese riesgo a través de campañas electorales trucadas, medios de comunicación comprados, censura y promesas que después no se cumplen, hechas a un pueblo que ya previamente ha sido convertido en un rebaño manso que no es capaz de pensar ni discernir.
El gran drama de España es que es la más sofisticada y perfecta tiranía colectiva de políticos que existe en el mundo, sin frenos ni controles, con el poder judicial bajo control, con los legisladores sometidos a la férrea disciplina de los partidos y con el pueblo anulado, desinformado y castrado.
En esas circunstancias pueden realizar todo tipo de abusos y fechorías, desde subir los impuestos para disponer de dinero abundante, a costa de saquear a los ciudadanos, hasta repartirse el dinero público, beneficiar a los amigos a capricho, castigar a los adversarios, arruinar la vida de los disidentes, disfrutar de ventajas y privilegios desmesurados y enriquecerse con el ejercicio del poder. Han podido, por ejemplo, emplear el dinero público en comprar el voto de los nacionalistas o para financiar el clientelismo de los partidos o llenar el Estado con empleados a sueldo, más de la mitad de los cuales sobran.
Hay decenas de fechorías y abusos que mencionar como pruebas fehacientes de que la democracia está suprimida y asesinada en España, pero las mencionadas son más que suficientes porque estamos leyendo un artículo, no una tesis doctoral.
La defensas propias de las democracias han sido dinamitadas: no existe una ley igual para todos porque en España la ley es blanda para los amigos y los poderosos y dura para los enemigos y los débiles. No existe una información veraz y libre porque el poder político controla y domina a la mayoría de los grandes medios, a través de la publicidad, el chantaje y una lluvia de ventajas y beneficios, casi todos desconocidos. Tampoco permiten que exista una sociedad civil organizada y poderosa, que sirva de contrapeso al poder porque el mundo civil está bajo control político, desde las universidades a las instituciones, asociaciones, colegios profesionales fundaciones y el mismo sistema financiero, al que someten con dinero fácil, como lo demostró en su día el rescate de los bancos con dinero que no se devolvió y que no se devolverá. Los poderes básicos del Estado, que en democracia deben funcionar con independencia, están sometidos al poder de los partidos y del gobierno. Los impuestos españoles son abusivos y el pueblo los rechaza masivamente. La voluntad popular es despreciada y burlada por la tiranía de los partidos, que no se atreven a preguntar a los ciudadanos cosas tan elementales como si quieren que los partidos se financien o no con dinero público, o que se incrementen o no los castigos para los corruptos, o que los corruptos sean inhabilitados hasta que no devuelvan el botín, o que las promesas electorales sean o no sagradas y tengan que cumplirse o que los corruptos dimitan al instante.
Es fácil demostrar que España es una tiranía de políticos, pero el país vive cada día envuelto en un gran engaño colectivo llamado "democracia", que no existe en modo alguno, aunque a los políticos y a sus medios de comunicación sometidos se les llene la boca pronunciando esa gran palabra prostituida.
Francisco Rubiales