viñeta de www.lakodorniz.com
Sentado en la gran cumbre internacional de Washington, tras realizar ingentes esfuerzos diplomáticos y contraer graves deudas con el francés Sarkozy, el presidente del gobierno español, José Luis Rocríguez Zapatero, ocultará cuidadosamente ante la comunidad internacional un dato que restaría todo el prestigio y la solvencia a su discurso: que España destruye más empleo que Estados Unidos y Gran Bretaña juntos.
El ritmo de destrucción de empleo fue en septiembre de 2008 de casi 200.000 por mes, más de 6.000 parados producidos cada día, todo un desastre para la sociedad española y un drama humano de proporciones inquietantes.
Los expertos no comprenden por qué España está dustruyendo empleo y fabricando parados a un ritmo estremecedor, el mayor en el mundo desarrollado, donde las estadísticas son fiables.
Sin embargo, la respuesta es sencilla, aunque trágica y desesperante: el gobierno, con sus medidas insensatas y erróneas, compite con la misma crisis en la destrucción de empleo, lo que dispara las cifras y coloca a España en la ruta del desastre y de la pérdida de la riqueza acumulada durante años.
En Washington, Zapatero ha dicho que el dinero que los estados emplean como socorro de la maltrecha economía mundial debe llegar a las familias y a las empresas pequeñas y medianas, pero esa política no la aplica en España, donde el esfuerzo del gobierno se ha concentrado en favorecer a la gran banca, olvidándose de los empresarios y de la maltrecha economía de las familias.
El dinero liberado por el Estado español, equivalente al 15 por ciento del PIB, no llega a las familias, ni a las pequeñas empresas, los dos sectores de la economía más angustiados y desatendidos en la actual crisis. Más de 300 empresas están carrado cada día por falta de rescursos fianncieros, lo que destruye empleo y empobrece a la sociedad a ritmo de vértigo.
Zapatero se cuidará muy bien de ocultar en Washington que su gobierno, de manera irresponsable e insensata, parece haber puesto en marcha todos sus recursos para destruir el empleo y lo está consiguiendo con medidas como las siguientes:
Inspecciones de Hacienda y de la Seguridad Social que, sedientas de dinero y obsesionadas por recaudar, acosan a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las que proporcionan empleo a más del 80 por ciento de los españoles.
Elevación de la presión fiscal al no deflactar la inflación en el IRPF, como se hacía en años anteriores.
Subida generalizada de tasas, una forma encubierta de elevar la presión fiscal.
Negativa a adoptar medidas que favorezcan a las empresas, como podría ser una reducción del impuesto de sociedados o la apertura de líneas de créditos blandos para las empresas afectadas por la crisis.
Conocemos a decenas de empresas sanas y viables que están cerrando por falta de financiación o porque han sido multadas por inspectores de Hacienda y de la Seguridad Social que nunca antes se habían presentado en sus instalaciones.
La última historia que hemos conocido es reciente, de esta misma semana, y afecta a un pequeño empresario sevillano que tenía cinco empleados. Visitado y multado por un inspector que le exigia aplicar a sus empleados el sueldo de un convenio que nada tiene que ver con la actividad que realiza su empresa, según el cual tres de sus empleados, que cobraban 900 euros al mes, debía cobrar 1.200, se vió obligado a prescindir de dos de ellos para poder pagar los atrasos y la multa impuestos por la inspección. Al despedirlos, les dijo: "Es el Estado el que os quita el trabajo porque yo no puedo pagaros más".
El ritmo de destrucción de empleo fue en septiembre de 2008 de casi 200.000 por mes, más de 6.000 parados producidos cada día, todo un desastre para la sociedad española y un drama humano de proporciones inquietantes.
Los expertos no comprenden por qué España está dustruyendo empleo y fabricando parados a un ritmo estremecedor, el mayor en el mundo desarrollado, donde las estadísticas son fiables.
Sin embargo, la respuesta es sencilla, aunque trágica y desesperante: el gobierno, con sus medidas insensatas y erróneas, compite con la misma crisis en la destrucción de empleo, lo que dispara las cifras y coloca a España en la ruta del desastre y de la pérdida de la riqueza acumulada durante años.
En Washington, Zapatero ha dicho que el dinero que los estados emplean como socorro de la maltrecha economía mundial debe llegar a las familias y a las empresas pequeñas y medianas, pero esa política no la aplica en España, donde el esfuerzo del gobierno se ha concentrado en favorecer a la gran banca, olvidándose de los empresarios y de la maltrecha economía de las familias.
El dinero liberado por el Estado español, equivalente al 15 por ciento del PIB, no llega a las familias, ni a las pequeñas empresas, los dos sectores de la economía más angustiados y desatendidos en la actual crisis. Más de 300 empresas están carrado cada día por falta de rescursos fianncieros, lo que destruye empleo y empobrece a la sociedad a ritmo de vértigo.
Zapatero se cuidará muy bien de ocultar en Washington que su gobierno, de manera irresponsable e insensata, parece haber puesto en marcha todos sus recursos para destruir el empleo y lo está consiguiendo con medidas como las siguientes:
Inspecciones de Hacienda y de la Seguridad Social que, sedientas de dinero y obsesionadas por recaudar, acosan a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las que proporcionan empleo a más del 80 por ciento de los españoles.
Elevación de la presión fiscal al no deflactar la inflación en el IRPF, como se hacía en años anteriores.
Subida generalizada de tasas, una forma encubierta de elevar la presión fiscal.
Negativa a adoptar medidas que favorezcan a las empresas, como podría ser una reducción del impuesto de sociedados o la apertura de líneas de créditos blandos para las empresas afectadas por la crisis.
Conocemos a decenas de empresas sanas y viables que están cerrando por falta de financiación o porque han sido multadas por inspectores de Hacienda y de la Seguridad Social que nunca antes se habían presentado en sus instalaciones.
La última historia que hemos conocido es reciente, de esta misma semana, y afecta a un pequeño empresario sevillano que tenía cinco empleados. Visitado y multado por un inspector que le exigia aplicar a sus empleados el sueldo de un convenio que nada tiene que ver con la actividad que realiza su empresa, según el cual tres de sus empleados, que cobraban 900 euros al mes, debía cobrar 1.200, se vió obligado a prescindir de dos de ellos para poder pagar los atrasos y la multa impuestos por la inspección. Al despedirlos, les dijo: "Es el Estado el que os quita el trabajo porque yo no puedo pagaros más".