Indignación deberían sentir los ciudadanos y verguenza los políticos españoles tras conocerse el criterio del Tribunal Europeo de Justicia, según el cual la legislación española sobre hipotecas y desahucios no ampara al ciudadano y es contraria a los derechos fundamentales. ¿Cuantas otras leyes españolas son también antidemocráticas, abusivas y contrarias a los derechos humanos? Seguramente muchas, sobre todo aquellas que posibilitan la impunidad práctica de los políticos, la aplicación desigual de las leyes y la falta de castigo para corruptos y canallas con poder político o económico ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos si quieren que una parte de sus impuestos financie a los partidos políticos? Esa financiación forzada es otro insoportable abuso de poder en España de los muchos que la Justicia Europea rechazaría.
Buena parte de la legislación vigente en España, desde el cobro de impuestos abusivos hasta el nombramiento de jueces y magistrados por los partidos políticos, sería rechazada por tribunales realmente democráticos y justos, como también serían rechazados los abusivos privilegios de los políticos y la profunda marginación del ciudadano, que no influye, ni participa en la toma de decisiones y al que ni siquiera se le permite elegir a sus representantes con libertad, ya que las listas cerradas y bloqueadas son elaboradas por los partidos, que son los que realmente eligen a diputados y senadores. El mismo perfil del Estado español, diseñado por falsos demócratas tras la muerte del caudillo, es antidemocrático e injusto por naturaleza.
El Tribunal de Justicia de la UE dio este jueves un doble varapalo a la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios. La sentencia de Luxemburgo establece, por una parte, que algunos aspectos de la ley española por la que decenas de miles de personas han sido desalojadas de sus casas durante los últimos años no son compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó hace ya 20 años, en 1993. A partir de ahora, los jueces que estén examinando si ha habido cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podrán suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución e impedir un desalojo. Por otro lado, el tribunal fija una serie de principios sobre cómo deben interpretar los jueces nacionales que una cláusula es abusiva. Estos criterios implican que muchos bancos tendrán que cambiar buena parte de las condiciones que incorporan ahora a sus contratos de préstamo hipotecario.
El dictamen del Tribunal Europeo ha sido, sobre todo, un directo y vergonzante varapalo para la casta política española, ya desprestigiada ante el mundo y señalada como antidemocrática tras comprobarse que el pueblo español está abandonando a sus políticos, de los que desconfía y a los que empieza a odiar por sus abusos de poder, apego a la corrupción, impunidad práctica y por la práctica de un corporativismo rastrero y sucio que impide que los ladrones y sinvergüenzas incrustados en los partidos políticos y el gobierno sean castigados por sus abusos, corrupciones y hasta delitos.
Todos los políticos dicen ahora que sabían que la ley era desequilibrada, pero ninguno hizo nada por remediar ese terrible abuso de poder que otorgaba todo el poder y la protección del Estado a los bancos y convertía al ciudadano, que en teoría es el "soberano" en democracia, en una pobre piltrafa sin posible defensa de sus derechos. El PP por lo menos ha puesto en marcha un par de reformas tímidas para evitar los desahucios más dramáticos, pero el PSOE, que ahora acusa hipocritamente al PP y exige cambios, no hizo absolutamente nada para evitar esos abusos durante todo el largo mandato de Zapatero y Rubalcaba.
El tribunal respondía con este demoledor fallo hacia la ley española y los bancos a dos cuestiones prejudiciales presentadas por un juez mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo. Este preguntó, en primer lugar, si las normas que permitieron a CatalunyaCaixa expulsar de la casa a Mohamed Aziz,, a pesar de que él había alegado en otro procedimiento que una de las cláusulas del préstamo era abusiva, resultaban conformes a la legislación de la UE.
Nadie sabe con exactitud cuántas familias han perdido su hogar en los últimos años, ya que los datos del Poder Judicial no distinguen entre desahucios de primera vivienda, residencias de verano o garajes. Pero sobre la evolución no hay ninguna duda: las más de 250.000 ejecuciones resueltas entre 2008 y 2012 suponen un incremento superior al 200% respecto a la cifra del lustro anterior.
La sentencia del tribunal europeo, que denuncia la violación de derechos y amparos fundamentales para el ciudadano, parece indicar que todos los desahucios practicados pueden ser ilegales y que los derechos violados deben ser restituidos, lo que obligaría a dar marcha atrás e invalidar los procedimientos abusivos realizados en los últimos años.
Es evidente que la banca española ha dejado al descubierto su rostro depredador y avariento, pero todavía es mas cierto que los políticos, cuyo deber en democracia es proteger al ciudadano, sobre todo al débil, han demostrado una vez más que carecen de decencia y que no merecen representar a ciudadanos libres ni gobernar un país como España. Por lo menos Gallardón, ministro de Justicia, debería dimitir, pero en esta España plagada de políticos sin honor ni decencia, una vez mas no dimitirá nadie.
Buena parte de la legislación vigente en España, desde el cobro de impuestos abusivos hasta el nombramiento de jueces y magistrados por los partidos políticos, sería rechazada por tribunales realmente democráticos y justos, como también serían rechazados los abusivos privilegios de los políticos y la profunda marginación del ciudadano, que no influye, ni participa en la toma de decisiones y al que ni siquiera se le permite elegir a sus representantes con libertad, ya que las listas cerradas y bloqueadas son elaboradas por los partidos, que son los que realmente eligen a diputados y senadores. El mismo perfil del Estado español, diseñado por falsos demócratas tras la muerte del caudillo, es antidemocrático e injusto por naturaleza.
El Tribunal de Justicia de la UE dio este jueves un doble varapalo a la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios. La sentencia de Luxemburgo establece, por una parte, que algunos aspectos de la ley española por la que decenas de miles de personas han sido desalojadas de sus casas durante los últimos años no son compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó hace ya 20 años, en 1993. A partir de ahora, los jueces que estén examinando si ha habido cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podrán suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución e impedir un desalojo. Por otro lado, el tribunal fija una serie de principios sobre cómo deben interpretar los jueces nacionales que una cláusula es abusiva. Estos criterios implican que muchos bancos tendrán que cambiar buena parte de las condiciones que incorporan ahora a sus contratos de préstamo hipotecario.
El dictamen del Tribunal Europeo ha sido, sobre todo, un directo y vergonzante varapalo para la casta política española, ya desprestigiada ante el mundo y señalada como antidemocrática tras comprobarse que el pueblo español está abandonando a sus políticos, de los que desconfía y a los que empieza a odiar por sus abusos de poder, apego a la corrupción, impunidad práctica y por la práctica de un corporativismo rastrero y sucio que impide que los ladrones y sinvergüenzas incrustados en los partidos políticos y el gobierno sean castigados por sus abusos, corrupciones y hasta delitos.
Todos los políticos dicen ahora que sabían que la ley era desequilibrada, pero ninguno hizo nada por remediar ese terrible abuso de poder que otorgaba todo el poder y la protección del Estado a los bancos y convertía al ciudadano, que en teoría es el "soberano" en democracia, en una pobre piltrafa sin posible defensa de sus derechos. El PP por lo menos ha puesto en marcha un par de reformas tímidas para evitar los desahucios más dramáticos, pero el PSOE, que ahora acusa hipocritamente al PP y exige cambios, no hizo absolutamente nada para evitar esos abusos durante todo el largo mandato de Zapatero y Rubalcaba.
El tribunal respondía con este demoledor fallo hacia la ley española y los bancos a dos cuestiones prejudiciales presentadas por un juez mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo. Este preguntó, en primer lugar, si las normas que permitieron a CatalunyaCaixa expulsar de la casa a Mohamed Aziz,, a pesar de que él había alegado en otro procedimiento que una de las cláusulas del préstamo era abusiva, resultaban conformes a la legislación de la UE.
Nadie sabe con exactitud cuántas familias han perdido su hogar en los últimos años, ya que los datos del Poder Judicial no distinguen entre desahucios de primera vivienda, residencias de verano o garajes. Pero sobre la evolución no hay ninguna duda: las más de 250.000 ejecuciones resueltas entre 2008 y 2012 suponen un incremento superior al 200% respecto a la cifra del lustro anterior.
La sentencia del tribunal europeo, que denuncia la violación de derechos y amparos fundamentales para el ciudadano, parece indicar que todos los desahucios practicados pueden ser ilegales y que los derechos violados deben ser restituidos, lo que obligaría a dar marcha atrás e invalidar los procedimientos abusivos realizados en los últimos años.
Es evidente que la banca española ha dejado al descubierto su rostro depredador y avariento, pero todavía es mas cierto que los políticos, cuyo deber en democracia es proteger al ciudadano, sobre todo al débil, han demostrado una vez más que carecen de decencia y que no merecen representar a ciudadanos libres ni gobernar un país como España. Por lo menos Gallardón, ministro de Justicia, debería dimitir, pero en esta España plagada de políticos sin honor ni decencia, una vez mas no dimitirá nadie.