En los últimos meses, Pedro Sánchez ha sumado enemigos poderosos que representan no solo la resistencia cultural y económica a sus rasgos autocráticos, sino también la defensa de la libertad frente a un gobierno que cada vez más se percibe como autoritario.
Julio Iglesias, el icónico cantante español de 82 años, se ha convertido en un blanco inesperado: acusado de agresión sexual por dos exempleadas en sus propiedades en el Caribe. El caso ha sido asumido por la justicia española a pesar de que los hechos ocurrieron fuera del territorio nacional y de que han aparecido indicios que apuntan a unas acusaciones estimuladas con dinero.
Su abogado ha pedido el archivo argumentando falta de jurisdicción, pero el asunto parece alimentado por un contexto político, donde el gobierno de Sánchez quiere aprovechar el escándalo para que el pueblo español olvide los repugnantes casos socialistas de corrupción y abuso de poder.
Iglesias, con una fortuna estimada en cientos de millones de euros y una carrera que ha vendido más de 300 millones de discos, representa el viejo establishment español que choca con el progresismo radical de Sánchez, quien ha sido criticado por usar instituciones para perseguir disidentes.
A esta lista se suman Elon Musk y Pavel Durov, dueños de X y Telegram respectivamente, que han declarado abiertamente la guerra al presidente español por sus intentos de controlar los contenidos de las redes.
Musk, probablemente el hombre más rico del planeta, con una fortuna de más de 200.000 millones de dólares, tildó a Sánchez de "tirano" y "traidor al pueblo español" tras el anuncio de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y responsabilizar penalmente a los ejecutivos de esas redes por contenidos ilegales, como discursos de odio o desinformación.
Sánchez y sus portavoces quieren hacer creer que las críticas de los dueños de las redes sociales se deben al intento de prohibir el acceso de los menores, pero eso no es cierto porque lo que ha indignado a los magnates es el intento de controlar los contenidos culpando a los dueños y directivos de esas plataformas de los bulos y mensajes de odio que se publiquen.
Durov, por su parte, envió un mensaje masivo a todos los usuarios españoles de Telegram, plataforma con más de mil millones de usuarios globales, acusando al gobierno de Sánchez de convertirse en un censor de las redes forzando la vigilancia masiva y castigando a las plataformas de difusión.
Estas regulaciones, que Sánchez justifica como protección infantil, en realidad buscan controlar el flujo de información y frenar los aluviones de críticas contra él en las redes sociales, entre ellas las emitidas recientemente, tras el intento de legalizar a más de medio millón de inmigrantes, una medida que Elon Musk ha calificado de "ingeniería electoral".
La criminalización de algoritmos es un asunto delicado porque es difícil distinguir los contenidos punibles de los que sólo son libertad de expresión y siempre queda la duda de quien será quien juzgue que es y que no es dañino.
Estos enfrentamientos revelan el verdadero rostro de Sánchez, un líder que, bajo el pretexto de la "democracia digital", erosiona libertades fundamentales, mientras su gobierno enfrenta acusaciones de corrupción y manipulación institucional.
Millones de demócratas esperan que Julio Iglesias, con su legado cultural y recursos ilimitados, o los dueños de Telegram y X, con plataformas que empoderan a millones de ciudadanos, empleen su poder y dinero en luchar contra Pedro Sánchez y en salvar a España del abuso y la corrupción.
No se trata solo de defender intereses personales, sino de combatir un régimen que amenaza con convertir España en un estado de vigilancia, donde la disidencia se silencia y la libertad se negocia por "seguridad".
Sánchez respondió a Musk y Durov con una adaptación falsa del Quijote: "Deja que los tecnooligarcas ladren, es señal de que cabalgamos", pero la realidad es que su "cabalgada" pisotea derechos básicos, y que estos "enemigos" podrían ser los salvadores que España necesita para librarse del sanchismo maligno.
Francisco Rubiales
Julio Iglesias, el icónico cantante español de 82 años, se ha convertido en un blanco inesperado: acusado de agresión sexual por dos exempleadas en sus propiedades en el Caribe. El caso ha sido asumido por la justicia española a pesar de que los hechos ocurrieron fuera del territorio nacional y de que han aparecido indicios que apuntan a unas acusaciones estimuladas con dinero.
Su abogado ha pedido el archivo argumentando falta de jurisdicción, pero el asunto parece alimentado por un contexto político, donde el gobierno de Sánchez quiere aprovechar el escándalo para que el pueblo español olvide los repugnantes casos socialistas de corrupción y abuso de poder.
Iglesias, con una fortuna estimada en cientos de millones de euros y una carrera que ha vendido más de 300 millones de discos, representa el viejo establishment español que choca con el progresismo radical de Sánchez, quien ha sido criticado por usar instituciones para perseguir disidentes.
A esta lista se suman Elon Musk y Pavel Durov, dueños de X y Telegram respectivamente, que han declarado abiertamente la guerra al presidente español por sus intentos de controlar los contenidos de las redes.
Musk, probablemente el hombre más rico del planeta, con una fortuna de más de 200.000 millones de dólares, tildó a Sánchez de "tirano" y "traidor al pueblo español" tras el anuncio de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y responsabilizar penalmente a los ejecutivos de esas redes por contenidos ilegales, como discursos de odio o desinformación.
Sánchez y sus portavoces quieren hacer creer que las críticas de los dueños de las redes sociales se deben al intento de prohibir el acceso de los menores, pero eso no es cierto porque lo que ha indignado a los magnates es el intento de controlar los contenidos culpando a los dueños y directivos de esas plataformas de los bulos y mensajes de odio que se publiquen.
Durov, por su parte, envió un mensaje masivo a todos los usuarios españoles de Telegram, plataforma con más de mil millones de usuarios globales, acusando al gobierno de Sánchez de convertirse en un censor de las redes forzando la vigilancia masiva y castigando a las plataformas de difusión.
Estas regulaciones, que Sánchez justifica como protección infantil, en realidad buscan controlar el flujo de información y frenar los aluviones de críticas contra él en las redes sociales, entre ellas las emitidas recientemente, tras el intento de legalizar a más de medio millón de inmigrantes, una medida que Elon Musk ha calificado de "ingeniería electoral".
La criminalización de algoritmos es un asunto delicado porque es difícil distinguir los contenidos punibles de los que sólo son libertad de expresión y siempre queda la duda de quien será quien juzgue que es y que no es dañino.
Estos enfrentamientos revelan el verdadero rostro de Sánchez, un líder que, bajo el pretexto de la "democracia digital", erosiona libertades fundamentales, mientras su gobierno enfrenta acusaciones de corrupción y manipulación institucional.
Millones de demócratas esperan que Julio Iglesias, con su legado cultural y recursos ilimitados, o los dueños de Telegram y X, con plataformas que empoderan a millones de ciudadanos, empleen su poder y dinero en luchar contra Pedro Sánchez y en salvar a España del abuso y la corrupción.
No se trata solo de defender intereses personales, sino de combatir un régimen que amenaza con convertir España en un estado de vigilancia, donde la disidencia se silencia y la libertad se negocia por "seguridad".
Sánchez respondió a Musk y Durov con una adaptación falsa del Quijote: "Deja que los tecnooligarcas ladren, es señal de que cabalgamos", pero la realidad es que su "cabalgada" pisotea derechos básicos, y que estos "enemigos" podrían ser los salvadores que España necesita para librarse del sanchismo maligno.
Francisco Rubiales