En la ciudad de Jaen, donde hay más de 15.000 parados y donde la crisis está causando verdaderos estragos en el tejido productivo, la alcaldesa, Carmen Peñalver (PSOE), y el primer teniente de alcalde y responsable del área de Sostenibilidad, José Luis Cano (IU), han encargado con prioridad un estudio-proyecto sobre el hábitat de los caracoles, que costará 25.236 euros.
Lo ocurrido en Jaén, todo un símbolo de lo que está ocurriendo en multitud de ciudades y pueblos de España, es tan sucio e indecente que los ciudadanos tendríamos que echarnos a la calle para exigir a la Justicia que la nutrida fauna de despilfarradores y chorizos políticos que puebla España ingrese en prisión por la vía de urgencia.
Lo ocurrido en Jaén debería, igualmente, provocar un cambio urgente en la legislación para que los políticos que despilfarren no queden cubiertos por la imponidad y paguen sus abusos de poder y errores con la prisión.
Encargar estudios y análisis innecesarios a los amigos del poder, para financiarlos con dinero público, es una vieja y sucia costumbre de la clase política española, que sigue practicándose, incluso, en los actuales tiempos de crisis, cuando cientos de miles de españoles pasan necesidad y engrosan las filas de la pobreza.
Lo sucedido en Jaén no es un caso aislado, sino sólo un ejemplo de la corrupción desatada que mina el alma de España, destruye la decencia y convierte la política en un estercolero. En Sevilla, la Junta ha tenido que intervenir las cuentas del arruinado Ayuntamiento, pero su primer tteniente de alcalde, el comunista Rodrígo Torrijos, le paga estancias de lujo a invitados cubanos y reparte dinero entre muchos partidos y organizaciones comunistas de América Latina.
Es la corrupción impune, en estado puro, merecedora, a los ojos del indignado ciudadano, de inhabilitación y cárcel.
Lo ocurrido en Jaén, todo un símbolo de lo que está ocurriendo en multitud de ciudades y pueblos de España, es tan sucio e indecente que los ciudadanos tendríamos que echarnos a la calle para exigir a la Justicia que la nutrida fauna de despilfarradores y chorizos políticos que puebla España ingrese en prisión por la vía de urgencia.
Lo ocurrido en Jaén debería, igualmente, provocar un cambio urgente en la legislación para que los políticos que despilfarren no queden cubiertos por la imponidad y paguen sus abusos de poder y errores con la prisión.
Encargar estudios y análisis innecesarios a los amigos del poder, para financiarlos con dinero público, es una vieja y sucia costumbre de la clase política española, que sigue practicándose, incluso, en los actuales tiempos de crisis, cuando cientos de miles de españoles pasan necesidad y engrosan las filas de la pobreza.
Lo sucedido en Jaén no es un caso aislado, sino sólo un ejemplo de la corrupción desatada que mina el alma de España, destruye la decencia y convierte la política en un estercolero. En Sevilla, la Junta ha tenido que intervenir las cuentas del arruinado Ayuntamiento, pero su primer tteniente de alcalde, el comunista Rodrígo Torrijos, le paga estancias de lujo a invitados cubanos y reparte dinero entre muchos partidos y organizaciones comunistas de América Latina.
Es la corrupción impune, en estado puro, merecedora, a los ojos del indignado ciudadano, de inhabilitación y cárcel.