Las encuestas revelan que dos de cada tres españoles se oponen a que el gobierno de Zapatero cierre la central nuclear de Garoña. Sin embargo, a pesar de que la inmensa mayoría de los ciudadanos está en contra, el gobierno de Zapatero parece dispuesto a cerrarla. Si el gobierno decreta finalmente el cierre, no sólo demostrará que no es demócrata, sino que también habrá perdido la legitimidad.
No es cierto, como afirman los políticos, que los ciudadanos, al elegirlos en las urnas, lo hacen para que tomen las decisiones que quieran, incluso en contra de la opinión mayoritaria. La del "cheque en blanco" entregado por los ciudadanos a los políticos es una interpretación interesada y bastarda de la representatividad democrática, que refleja un fraude a los electores y que esconde una dictadura real.
Aunque los políticos lo nieguen, los que salen elegidos en las urnas no reciben un cheque en blanco para decidir. El poder, en una verdadera democracia, siempre es fiduciario y sólo otorga a los políticos elegidos un "crédito" que debe renovarse constantemente. Cuando los políticos pierden la confianza o el apoyo de la mayoría, entonces deben convocarse nuevas elecciones.
Los políticos han pervertido y degradado la democracia a placer, interpretándola en su propio beneficio y expulsado alevosamente al ciudadano del proceso de toma de decisiones. Defienden la tesis de que, una vez elegidos, reciben el mandato popular de gobernar, lo que les autoriza a adoptar las decisiones que consideren oportunas, incluso en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos.
Sin embargo, no es eso lo que piensa la mayoría de los los filósofos y pensadores al interpretar la democracia. Sos muchos los que creemos que los gobiernos, cuando toman decisiones en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, están traicionando el mandato que reciben. Su obligación, en esos casos, es explicar las razones y argumentos que sostienen su decisión en un debate libre colectivo y someter después el asunto a referendum. Si lo ganan, ya pueden actuar con legitimidad, y si pierden, deben demitir de manera fulminante porque han perdido la confianza del electorado.
Cualquier cosa sería más digna y lícita en democracia que decidir y gobernar en contra de la opinión de los ciudadanos, como han hecho de manera reiterada los gobernantes de la degradada y prostituida "democracia española. Felipe González perdió la legitimidad al practicar con los GAL el terrorismo de Estado; Aznar la perdió al implicar a España en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria de los españoles; Zaptero la ha perdido varias veces, cuando ha mentido descaradamente a los ciudadanos, cuando impulsó y aprobó, , contra la inmensa mayoría, el estatuto anticonstitucional e insolidarios de Cataluña; cuando negoció con ETA, ocultándolo y en contra de los deseos de la inmensa mayoría de los españoles.
Pocos gobiernos occidentales pasarían la prueba democrática del algodón porque la mayoría abusa de la representatividad, marginan al ciudadano, eluden los obligatorios controles democráticos al poder y, en la práctica, actúan como auténticas dictaduras legalizados en las urnas.
Pero no es el abuso de la representatividad la única "mancha" que deslegitima a muchos de los gobiernos que actualmente se autoproclaman democráticos, entre ellos el de Zapatero, que es uno de los más arrogantes y osados de Occidente en su interpretación de la "representatividad". También han dejado de ser democráticos y legítimos por no respetar la independencia de los poderes del Estado, por nombrar magistrados y jueces, por haber ocupado la sociedad civil, asfixiandola e impidiéndole que actúe como contrapeso del poder del Estado, por manipular y mentir, impidiendo así el ejercicio de la libertad de información y de crítica, por aplicar la ley con parcialidad, violando el sustancial principio de la igualdad, y, sobre todo, por profanar también la más sagrada de las ceremonias en democracia, la del sufragio universal y libre, impidiendo que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes y gobernantes.
La mayoría de las democracias, entre ellas la española, violan con fuerza despiadada el sufragio universal y libre al imponer listas cerradas y bloqueadas que el ciudadano no puede alterar sino únicamente aceptar o rechazar en bloque. Ese sistema, profundamente antidemocrático, sustrae al ciudadano su derecho a elegir y se lo otorga a los partidos políticos, que son los que confeccionan las listas. En la práctica, no eligen los ciudadanos, sino las élites de los partidos, culminando así una de las violaciones más flagrantes del sistema y estableciendo la bastarda, sucia y antidemocráticas práctica de que los que mandan elijan a los que van a mandar, lo que genera castas y sagas de poder ajenas a los procesos de libre elección.
Nuestras democracia necesitan reformas profundas y los políticos, si quieren recuperar el respeto y el apoyo de los ciudadanos, tienen que admitir que han prostituido la democracia y la han sustituido por una sucia oligocracia de partidos que exilia y humilla al ciudadano, el cual sigue siendo, al menos en teoría, el dueño y soberano del sistema.
Con su diseño actual y sus perversiones intrínsecas mantenidas sucia y tercamente por las castas del poder, muchas de las actuales democracias son realmente dictaduras legalizadas, tiranías camufladas, regimenes ilegítimos que no merecen el respeto ciudadano y frente a los cuales caben la resistencia, el boicot y la rebeldía cívica.
No es cierto, como afirman los políticos, que los ciudadanos, al elegirlos en las urnas, lo hacen para que tomen las decisiones que quieran, incluso en contra de la opinión mayoritaria. La del "cheque en blanco" entregado por los ciudadanos a los políticos es una interpretación interesada y bastarda de la representatividad democrática, que refleja un fraude a los electores y que esconde una dictadura real.
Aunque los políticos lo nieguen, los que salen elegidos en las urnas no reciben un cheque en blanco para decidir. El poder, en una verdadera democracia, siempre es fiduciario y sólo otorga a los políticos elegidos un "crédito" que debe renovarse constantemente. Cuando los políticos pierden la confianza o el apoyo de la mayoría, entonces deben convocarse nuevas elecciones.
Los políticos han pervertido y degradado la democracia a placer, interpretándola en su propio beneficio y expulsado alevosamente al ciudadano del proceso de toma de decisiones. Defienden la tesis de que, una vez elegidos, reciben el mandato popular de gobernar, lo que les autoriza a adoptar las decisiones que consideren oportunas, incluso en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos.
Sin embargo, no es eso lo que piensa la mayoría de los los filósofos y pensadores al interpretar la democracia. Sos muchos los que creemos que los gobiernos, cuando toman decisiones en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, están traicionando el mandato que reciben. Su obligación, en esos casos, es explicar las razones y argumentos que sostienen su decisión en un debate libre colectivo y someter después el asunto a referendum. Si lo ganan, ya pueden actuar con legitimidad, y si pierden, deben demitir de manera fulminante porque han perdido la confianza del electorado.
Cualquier cosa sería más digna y lícita en democracia que decidir y gobernar en contra de la opinión de los ciudadanos, como han hecho de manera reiterada los gobernantes de la degradada y prostituida "democracia española. Felipe González perdió la legitimidad al practicar con los GAL el terrorismo de Estado; Aznar la perdió al implicar a España en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria de los españoles; Zaptero la ha perdido varias veces, cuando ha mentido descaradamente a los ciudadanos, cuando impulsó y aprobó, , contra la inmensa mayoría, el estatuto anticonstitucional e insolidarios de Cataluña; cuando negoció con ETA, ocultándolo y en contra de los deseos de la inmensa mayoría de los españoles.
Pocos gobiernos occidentales pasarían la prueba democrática del algodón porque la mayoría abusa de la representatividad, marginan al ciudadano, eluden los obligatorios controles democráticos al poder y, en la práctica, actúan como auténticas dictaduras legalizados en las urnas.
Pero no es el abuso de la representatividad la única "mancha" que deslegitima a muchos de los gobiernos que actualmente se autoproclaman democráticos, entre ellos el de Zapatero, que es uno de los más arrogantes y osados de Occidente en su interpretación de la "representatividad". También han dejado de ser democráticos y legítimos por no respetar la independencia de los poderes del Estado, por nombrar magistrados y jueces, por haber ocupado la sociedad civil, asfixiandola e impidiéndole que actúe como contrapeso del poder del Estado, por manipular y mentir, impidiendo así el ejercicio de la libertad de información y de crítica, por aplicar la ley con parcialidad, violando el sustancial principio de la igualdad, y, sobre todo, por profanar también la más sagrada de las ceremonias en democracia, la del sufragio universal y libre, impidiendo que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes y gobernantes.
La mayoría de las democracias, entre ellas la española, violan con fuerza despiadada el sufragio universal y libre al imponer listas cerradas y bloqueadas que el ciudadano no puede alterar sino únicamente aceptar o rechazar en bloque. Ese sistema, profundamente antidemocrático, sustrae al ciudadano su derecho a elegir y se lo otorga a los partidos políticos, que son los que confeccionan las listas. En la práctica, no eligen los ciudadanos, sino las élites de los partidos, culminando así una de las violaciones más flagrantes del sistema y estableciendo la bastarda, sucia y antidemocráticas práctica de que los que mandan elijan a los que van a mandar, lo que genera castas y sagas de poder ajenas a los procesos de libre elección.
Nuestras democracia necesitan reformas profundas y los políticos, si quieren recuperar el respeto y el apoyo de los ciudadanos, tienen que admitir que han prostituido la democracia y la han sustituido por una sucia oligocracia de partidos que exilia y humilla al ciudadano, el cual sigue siendo, al menos en teoría, el dueño y soberano del sistema.
Con su diseño actual y sus perversiones intrínsecas mantenidas sucia y tercamente por las castas del poder, muchas de las actuales democracias son realmente dictaduras legalizadas, tiranías camufladas, regimenes ilegítimos que no merecen el respeto ciudadano y frente a los cuales caben la resistencia, el boicot y la rebeldía cívica.