Parlamentos autonómicos españoles (ridiculización alegórica)
El Estado de las Autonomías es una locura insoportable que no debería durar ni un día más. Esa concepción del poder es la principal culpable de la corrupción, de las dificultades económicas, del fracaso de la democracia y del preocupante y creciente divorcio entre políticos y ciudadanos. Ningún país puede mantener un sector público con cerca de medio millón de políticos cobrando del Estado, más que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, en su mayor parte innecesarios e incrustados en el Estado solo porque los partidos políticos necesitan premiar a sus miembros.
Las autonomías, con sus suntuosos palacios, gobiernos, parlamentos y cientos de instituciones públicas duplicadas e innecesarias, son una locura indecente que si no son eliminadas pronto nos precipitarán en la ruina y el fracaso.
Pero su peor daño ha sido la división entre los españoles, que han visto como los políticos autonómicos acentuaban las diferencias, rompían los conceptos de nación única y mercado único y generaban odios, divisiones y rupturas, hasta el punto de que el pago de impuestos, la sanidad, la educación, la protección de los débiles y otros muchos servicios básicos, que deberían ser iguales para todos, dependen del lugar donde el ciudadano resida. Una locura y una violación flagrante de la Constitución que, como casi todo lo que hacen los políticos españoles, queda impune.
Entre los muchos estragos causados a España por el sistema autonómico destacan la aprobación de leyes innecesarias y a veces dañinas, la ruptura del mercado único, la violación del principio de la igualdad entre los españoles, exigido por la Constitución, un tamaño desproporcionado del Estado, un gasto público insoportable, un déficit gigantesco, la perversa tendencia a endeudarse, el divorcio entre políticos y ciudadanos, el abuso de poder, la corrupción y efectos tan letales como la disgregación y las corrientes de ruptura que provoca. Nunca antes existieron tantos descontentos y tantas regiones con deseo de abandonar la patria común, ni nunca antes hubo tanta horfandad de ideales y objetivos comunes en una nación.
El Estado de las Autonomías es un fracaso absoluto, pero los políticos no quieren liquidarlo porque sólo a ellos les beneficia, ya que cuentan con cientos de miles de puestos bien remunerados y con brillo para premiar a los militantes de sus partidos y practicar el nefasto clientelismo.
La España autonómica es, además, incompatible con la democracia porque impide que los políticos y el Estado sean controlados por la ciudadanía y la ley, genera desigualdad, impide la transparencia y provoca corrientes de ruptura y de incoherencia que son incompatibles con la transparencia y el respeto a las leyes que impone la democracia.
Si en España se consultara a los ciudadanos sobre la permanencia o supresión del Estado de las autonomías, la victoria sería para los que quieren suprimirlo, por una relación de 65 a 35, según revelan las encuestas que el gobierno oculta. Esa consulta no se realiza porque los políticos, que se han convertido en adversarios del pueblo y de la democracia, la impiden.
El Estado de las Autonomías no fue un criterio racional que surgiera del debate de los constituyentes en 1978, sino una concesión al ansia de poder de los políticos y a la debilidad frente a los nacionalistas, que exigieron territorios propios que les han servido para practicar la corrupción, enriquecerse y generar corrientes perversas de división entre ciudadanos, odio, independentismo, marginación y profundas diferencias anticonstitucionales. Las concesiones a vascos y catalanes al final se extendieron a todas las regiones porque, lógicamente, ninguna quería ser menos.
El resultado final es una organización del Estado y del poder que conduce a la ruina y a la ruptura y que no se desmonta y regenera porque los políticos se han convertido en el mayor obstáculo para la regeneración, el progreso y la democracia en España.
Francisco Rubiales
Las autonomías, con sus suntuosos palacios, gobiernos, parlamentos y cientos de instituciones públicas duplicadas e innecesarias, son una locura indecente que si no son eliminadas pronto nos precipitarán en la ruina y el fracaso.
Pero su peor daño ha sido la división entre los españoles, que han visto como los políticos autonómicos acentuaban las diferencias, rompían los conceptos de nación única y mercado único y generaban odios, divisiones y rupturas, hasta el punto de que el pago de impuestos, la sanidad, la educación, la protección de los débiles y otros muchos servicios básicos, que deberían ser iguales para todos, dependen del lugar donde el ciudadano resida. Una locura y una violación flagrante de la Constitución que, como casi todo lo que hacen los políticos españoles, queda impune.
Entre los muchos estragos causados a España por el sistema autonómico destacan la aprobación de leyes innecesarias y a veces dañinas, la ruptura del mercado único, la violación del principio de la igualdad entre los españoles, exigido por la Constitución, un tamaño desproporcionado del Estado, un gasto público insoportable, un déficit gigantesco, la perversa tendencia a endeudarse, el divorcio entre políticos y ciudadanos, el abuso de poder, la corrupción y efectos tan letales como la disgregación y las corrientes de ruptura que provoca. Nunca antes existieron tantos descontentos y tantas regiones con deseo de abandonar la patria común, ni nunca antes hubo tanta horfandad de ideales y objetivos comunes en una nación.
El Estado de las Autonomías es un fracaso absoluto, pero los políticos no quieren liquidarlo porque sólo a ellos les beneficia, ya que cuentan con cientos de miles de puestos bien remunerados y con brillo para premiar a los militantes de sus partidos y practicar el nefasto clientelismo.
La España autonómica es, además, incompatible con la democracia porque impide que los políticos y el Estado sean controlados por la ciudadanía y la ley, genera desigualdad, impide la transparencia y provoca corrientes de ruptura y de incoherencia que son incompatibles con la transparencia y el respeto a las leyes que impone la democracia.
Si en España se consultara a los ciudadanos sobre la permanencia o supresión del Estado de las autonomías, la victoria sería para los que quieren suprimirlo, por una relación de 65 a 35, según revelan las encuestas que el gobierno oculta. Esa consulta no se realiza porque los políticos, que se han convertido en adversarios del pueblo y de la democracia, la impiden.
El Estado de las Autonomías no fue un criterio racional que surgiera del debate de los constituyentes en 1978, sino una concesión al ansia de poder de los políticos y a la debilidad frente a los nacionalistas, que exigieron territorios propios que les han servido para practicar la corrupción, enriquecerse y generar corrientes perversas de división entre ciudadanos, odio, independentismo, marginación y profundas diferencias anticonstitucionales. Las concesiones a vascos y catalanes al final se extendieron a todas las regiones porque, lógicamente, ninguna quería ser menos.
El resultado final es una organización del Estado y del poder que conduce a la ruina y a la ruptura y que no se desmonta y regenera porque los políticos se han convertido en el mayor obstáculo para la regeneración, el progreso y la democracia en España.
Francisco Rubiales