El PSOE de Andalucía está asustado ante lo que podría ocurrir el próximo 18 de febrero, cuando los andaluces voten en referendum si aceptan o no el nuevo Estatuto.
Las encuestas manejadas por los socialistas arrojan resultados alarmantes: más de la mitad de los andaluces no sólo no conocen el texto sobre el que deben pronunciarse sino que ni siquiera saben que habrá un referendum.
El Andalucismo y Ciudadanos propugnan el "NO", pero el PP, que ha optado por el "SI" sorprendiendo a sus propios militantes, pondrá escaso entusiasmo en la consulta y se espera que una parte de su electorado se abstenga o vote en blanco.
Por el "SI" están el PSOE e Izquierda Unida, pero en ninguno de los dos partidos se observa entusiasmo alguno, quizás porque se han dado cuenta que el nuevo estatuto es algo ajeno al ciudadano, impuesto desde las filas del poder político.
El rumor de que a los políticos del PSOE "no les llega la camisa al cuello", ante el riesgo creciente de que la abstención sea masiva y deje en ridículo al poder instituido, toma cuerpo cada día y se transmite insistentemente en múltiples fuentes: políticas, empresariales, sindicales, culturales y mediáticas.
El PSOE parece que, para no tener que asumir un fracaso más que posible, va a colocar el listón muy bajo, conformándose con que la participación alcance el 50 por ciento y con que el número de "sies" supere al de "noes".
También está accionando las sirenas de alarma y pidiendo ayuda a organizaciones próximas o aliadas, como los sindicatos, las organizaciones vecinales y otras, a las que les encarga que actuan rápido y fuerte para movilizar a las masas y para conseguir que la gente acuda a las urnas.
Pero hasta esos objetivos tan democráticamente exiguos, son difíciles de conseguir, dado el escaso tiempo disponible para convencer al electorado y cuando se ha convocado a los andaluces a votar por un texto inexplicable, inexplicado, incomprensible, farragoso, lleno de ambigüedades y, aunque haya evitado los errores de insolidaridad, privilegio y anti-nación que incorpora el Estatut catalán, es sospechoso de ser intervencionista, reglamentista e inconstitucional, ya que 34 de sus postulados son casi idénticos a los de un Estatuto catalan sobre el que pesan siete recursos de inconstitucionalidad.
Las encuestas manejadas por los socialistas arrojan resultados alarmantes: más de la mitad de los andaluces no sólo no conocen el texto sobre el que deben pronunciarse sino que ni siquiera saben que habrá un referendum.
El Andalucismo y Ciudadanos propugnan el "NO", pero el PP, que ha optado por el "SI" sorprendiendo a sus propios militantes, pondrá escaso entusiasmo en la consulta y se espera que una parte de su electorado se abstenga o vote en blanco.
Por el "SI" están el PSOE e Izquierda Unida, pero en ninguno de los dos partidos se observa entusiasmo alguno, quizás porque se han dado cuenta que el nuevo estatuto es algo ajeno al ciudadano, impuesto desde las filas del poder político.
El rumor de que a los políticos del PSOE "no les llega la camisa al cuello", ante el riesgo creciente de que la abstención sea masiva y deje en ridículo al poder instituido, toma cuerpo cada día y se transmite insistentemente en múltiples fuentes: políticas, empresariales, sindicales, culturales y mediáticas.
El PSOE parece que, para no tener que asumir un fracaso más que posible, va a colocar el listón muy bajo, conformándose con que la participación alcance el 50 por ciento y con que el número de "sies" supere al de "noes".
También está accionando las sirenas de alarma y pidiendo ayuda a organizaciones próximas o aliadas, como los sindicatos, las organizaciones vecinales y otras, a las que les encarga que actuan rápido y fuerte para movilizar a las masas y para conseguir que la gente acuda a las urnas.
Pero hasta esos objetivos tan democráticamente exiguos, son difíciles de conseguir, dado el escaso tiempo disponible para convencer al electorado y cuando se ha convocado a los andaluces a votar por un texto inexplicable, inexplicado, incomprensible, farragoso, lleno de ambigüedades y, aunque haya evitado los errores de insolidaridad, privilegio y anti-nación que incorpora el Estatut catalán, es sospechoso de ser intervencionista, reglamentista e inconstitucional, ya que 34 de sus postulados son casi idénticos a los de un Estatuto catalan sobre el que pesan siete recursos de inconstitucionalidad.