Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, una lacra que contamina nuestro mundo y que hace que la vida de millones de seres sea más desgraciada, más injusta, más desigual, menos digna y menos libre. Las encuestas e informes de Naciones Unidas reflejan que, a pesar de las condenas internacionales y campañas, la corrupción no sólo no retrocede sino que, en muchos casos, está avanzando.
Es el caso de España, un país que se está ganando una fama internacional como nido de corruptos por una acumulación de factores negativos como son la especulación urbanística, la lluvia de alcaldes y concejales encarcelados, la penetración de la corrupción dentro de la política y las fuerzas de seguridad, la invación de mafias extranjeras y la existencia de una justicia, quizás demasiado permisiva, que ha convertido a España en un paraiso para delincuentes.
Los datos emanados del Barómetro Global de la Corrupción 2006, publicado por Transparency Internacional, son demoledores: en España, sólo el 23 por ciento de los encuestados aprecia que el Gobierno es eficaz en la lucha contra la corrupción. Un 36% cree que es ineficaz, un 13% que es muy ineficaz y un 10% cree que incluso la fomenta. Los españoles opinan que el sector más corrupto es el de los partidos políticos, seguido por las empresas privadas y por los medios de comunicación.
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Cómo pueden ser los gestores de la democracia unos partidos políticos a los que el ciudadano considera como las instituciones más corruptas del planeta?
La verdadera causa de que España esté avanzando por esa nefasta ruta de la corrupción es que la democracia, que es el mejor antídoto existente contra el delito y el abuso de poder, está se está degradando y no funciona.
La democracia sólo funciona como antídoto frente a la corrupción y el delito cuando los ciudadanos creen en ella, cuando sus poderes y fuerzas están equilibrados, cuando existe una prensa libre con capacidad crítica, cuando la sociedad civil opera como contrapeso del gobierno y cuando los poderes básicos del Estado funcionan con independencia y se vigilan unos a otros.
Pero en España esos equilibrios no existen porque el ciudadano ya no confia en el gobierno, porque los partidos políticos han acaparado un poder desmesurado y han invadido, sin escrúpulos ni prudencia, la sociedad civil, los poderes básicos y la prensa libre, ocupando también instituciones y espacios de la sociedad civil que les están vedados, como sindicatos, universidades, religiones, fundaciones, medios de comunicación y hasta empresas, al mismo tiempo que relegaba al ciudadano, que es el soberano indiscutible en democracia, a un vergonzoso segundo plano.
Luchar contra la corrupción en España significa regenerar la democracia. Es el único camino.
Es el caso de España, un país que se está ganando una fama internacional como nido de corruptos por una acumulación de factores negativos como son la especulación urbanística, la lluvia de alcaldes y concejales encarcelados, la penetración de la corrupción dentro de la política y las fuerzas de seguridad, la invación de mafias extranjeras y la existencia de una justicia, quizás demasiado permisiva, que ha convertido a España en un paraiso para delincuentes.
Los datos emanados del Barómetro Global de la Corrupción 2006, publicado por Transparency Internacional, son demoledores: en España, sólo el 23 por ciento de los encuestados aprecia que el Gobierno es eficaz en la lucha contra la corrupción. Un 36% cree que es ineficaz, un 13% que es muy ineficaz y un 10% cree que incluso la fomenta. Los españoles opinan que el sector más corrupto es el de los partidos políticos, seguido por las empresas privadas y por los medios de comunicación.
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Cómo pueden ser los gestores de la democracia unos partidos políticos a los que el ciudadano considera como las instituciones más corruptas del planeta?
La verdadera causa de que España esté avanzando por esa nefasta ruta de la corrupción es que la democracia, que es el mejor antídoto existente contra el delito y el abuso de poder, está se está degradando y no funciona.
La democracia sólo funciona como antídoto frente a la corrupción y el delito cuando los ciudadanos creen en ella, cuando sus poderes y fuerzas están equilibrados, cuando existe una prensa libre con capacidad crítica, cuando la sociedad civil opera como contrapeso del gobierno y cuando los poderes básicos del Estado funcionan con independencia y se vigilan unos a otros.
Pero en España esos equilibrios no existen porque el ciudadano ya no confia en el gobierno, porque los partidos políticos han acaparado un poder desmesurado y han invadido, sin escrúpulos ni prudencia, la sociedad civil, los poderes básicos y la prensa libre, ocupando también instituciones y espacios de la sociedad civil que les están vedados, como sindicatos, universidades, religiones, fundaciones, medios de comunicación y hasta empresas, al mismo tiempo que relegaba al ciudadano, que es el soberano indiscutible en democracia, a un vergonzoso segundo plano.
Luchar contra la corrupción en España significa regenerar la democracia. Es el único camino.